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La próxima semana será clave para la discusión del proyecto de Ley Marco de Empleo Público (expediente N° 21.336). Los diputados sesionarán del 22 al 25 de marzo en doble turno para tratar de corregir el texto, e incluir de nuevo a las universidades y a las municipalidades en la escala de salario global sin tener roces constitucionales.
Durante cuatro días los congresistas sesionarán de nueve de la mañana a seis de la tarde para reiterar cientos de mociones, vía artículo 138 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Esta se consideró como la alternativa más expedita para ajustar el texto, pues el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) propuso devolverlo a la Comisión de Gobierno y Administración.
No obstante, devolverlo a ese grupo podía enterrar el crédito de Servicio Ampliado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al dilatar la discusión del expediente 21.336, manifestó Enrique Sánchez, jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC).
El expediente 21.336 es uno de los siete expedientes que se incorporaron en el programa de ajuste fiscal negociado con el FMI para revertir el déficit primario en un superávit de 1% del Producto Interno Bruto (PIB) al 2023 y bajar la deuda pública al 50% de la producción nacional en 2035.
El 16 de marzo la agencia Fitch Ratings anunció que mantiene la calificación B con perspectiva negativa y aseguró que la falta de acuerdos en el Congreso sobre el plan con el FMI ponen en riesgo la capacidad de afrontar los altos niveles de endeudamiento del país.
Los diputados consultados por este medio aseguran que hay voluntad por parte del Legislativo para dejar una ruta clara para el próximo gobierno, que contribuya con el saneamiento de las finanzas públicas y con el crecimiento económico.
Salario global y respeto de la autonomía
El espíritu de la mayoría de bancadas es incluir nuevamente a las municipalidades y a las universidades en la escala de salario global, respetando la autonomía de las instituciones para no tener roces constitucionales que se puedan traer abajo el proyecto.
“Para que la ley no tenga vicios de inconstitucionalidad, que se respeten las autonomías constitucionales, que se respeten aspectos esenciales de su autonomía que tienen que ver con la libertad de cátedra, la evaluación docente, procedimientos de elección de las autoridades”, manifestó Sánchez.
El compromiso es que toda la institucionalidad pública esté incluida en la columna de salario global, una escala que tiene como objetivo eliminar las distorsiones salariales dentro del sector público.
“El objetivo de la bancada verdiblanca es lograr que esta reforma cubra a todas las instituciones del sector bajo el 191 constitucional. Vemos con buenos ojos aquellas mociones que aclaren que las universidades y las municipalidades forman parte del proyecto de empleo público, en la integración de las mismas en columna global (salario global) y las convenciones colectivas”, manifestó Luis Fernando Chacón, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional.
El proyecto no afecta las autonomías grado 2 y grado 3 que hacen referencia a la gobernanza propia, según Chacón, quien también afirmó que todas las instituciones deben estar bajo la sombrilla del proyecto para darle la sostenibilidad a las finanzas del país.
Los legisladores discutirán 352 mociones en el plenario mediante el mecanismo de reiteración de las propuestas, lo que significa que discutirán nuevamente enmiendas que se vieron en la Comisión de Gobierno y Administración.
Luego de las sesiones que se realizarán del 22 al 25 de marzo, el texto será enviará a consulta a las instituciones correspondientes, y cuando los congresistas cuenten con la retroalimentación de las entidades estará listo para darle el primer debate.
Antes de darle segundo debate el texto deberá ir hasta la Sala Constitucional para asegurar que el proyecto no posee roces constitucionales.
Clima de retos
El 16 de marzo la agencia Fitch Ratings aseguró que la falta de acuerdos en el Congreso con respecto al plan con FMI ponen en riesgo la capacidad de afrontar los altos niveles de endeudamiento del país.
El proyecto estrella de la administración es el expediente 21.336 con el que se establecería el salario global 24 meses después de que se publique la ley, y con el que se aspira a un rendimiento anual del 0,7% del Producto Interno Bruto (PIB), unos ¢243.000 millones, según estimaciones de Hacienda.
No obstante, el proyecto se discute en un clima adverso por las presiones que conlleva el crédito con el FMI, las negociaciones legislativas de cara a la elección del Directorio el próximo 1.° de mayo y los vientos preelectorales.
“Las fracciones legislativas este año tenemos que comprometernos a posponer el inicio de los procesos electorales que afecten la conclusión de estos acuerdos. Los partidos políticos que tenemos vocación de gobierno tenemos que dejar claro que esta es una oportunidad histórica de dejar al país en una ruta estable y de recuperación de las finanzas públicas”, aseguró el jefe de la bancada oficialista.
Aunque el crédito de Servicio Ampliado con el FMI no soluciona la crisis fiscal, acceder a los recursos que da el programa de apoyo por tres años, sí ayuda a construir una ruta de confianza que le permitirá al país tener un superávit del 1% al 2023, según el jefe de fracción verdiblanco.
