Cuatro proyectos de ley que se encuentran en las comisiones de Asuntos Sociales y de Hacendarios buscan reformar el noveno capítulo de la Ley Orgánica del Poder Judicial para garantizar la sostenibilidad del régimen de pensiones y lograr una mayor equidad.
La mayoría de ellos propone tres cambios esenciales: un tope a las pensiones, una contribución adicional de los pensionados y un cambio en la cantidad de salarios que se usan de referencia para calcular el monto de la jubilación.
El problema es tan evidente que incluso el Poder Judicial presentó un proyecto de ley para garantizar su sostenibilidad en el largo plazo.
También el Frente de Organizaciones Gremiales del PJ, que incluye a 21 organizaciones internas de la institución, presentó un texto, preocupado porque el de la Corte no tuviera la agresividad necesaria para sostener el régimen. También la diputada Sandra Piszk y la fracción de la Unidad Social Cristiana (PUSC) presentaron sus propios proyectos.
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¿Por qué es importante transformar el régimen? Para el superintendente de Pensiones, Álvaro Ramos, el "problema" es que los regímenes de pensiones antiguos (como el del PJ, que fue creado en 1939) estaban pensados para un país en el que la expectativa de vida era mucho menor a la actual. "Llega un momento en que los números no cierran bien y eso es lo que hace muy insostenibles algunos regímenes", comentó el jerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supén).
La razón por la cual esta transformación debería importarle a todos los trabajadores del país es porque, cuando un sistema colapsa, una fuerte posibilidad es que el Estado se encargue de la deuda, explicó Ramos, y esa carga recaería sobre los hombros de todos los costarricenses mediante el pago de impuestos.
A continuación un resumen de los principales cambios:
1.Tope a las pensiones.
Una de las mayores críticas a las que se enfrenta este régimen de pensiones es que la Ley actual le permite dar pensiones muy por encima de los estándares nacionales, aunque la ley fija actualmente el límite en el salario de un diputado.
El proyecto de ley del PJ (Exp. 19.193) le pone un límite del 75% del salario más alto. Sin embargo, es un cálculo con el que los empleados agremiados de la institución no están de acuerdo. "A la postre lo equipara con el promedio de los últimos 120 salarios que será la base proporcional para la asignación del monto jubilatorio, anulando la posibilidad de establecer un tope real", explican en su propio texto de ley (Exp. 19.651).
Estos últimos proponen que el techo de las pensiones equivalga a 12 salarios base (los más bajos de la institución al momento de pensionarse el funcionario).
2. Contribución especial
El problema en este momento para la mayoría de los regímenes de pensiones (en Costa Rica existen cinco) es precisamente cómo lidiar con las altas pensiones que ya se están pagando. Es la razón por la cual los proyectos de Sandra Piszk, el PUSC y los gremios del Poder Judicial establecen una contribución especial solidaria adicional a la que ya dan los pensionados de manera ordinaria.
Los porcentajes varían, pero todos establecen una escala salarial para que vaya aumentando la retención según vaya aumentando el salario.
El único proyecto que no ofrece esta alternativa es el del Poder Judicial. Su directora Ejecutiva, Ana Eugenia Romero, considera que, con los cambios ofrecidos por el PJ en el texto, el sistema no llegará nunca a representar una carga para el Estado.
3. Salario de referencia
Si hay algo en lo que todos están de acuerdo es en que el rango de salarios de referencia para el cálculo de la pensión debe ampliarse, pues actualmente solo toma en cuenta los últimos 24 mejores salarios mensuales recibidos. Es decir, si usted trabajó durante 28 años en el Poder Judicial como auxiliar con un salario de ¢1.000.000 (por ejemplo), y lo ascienden a juez los últimos dos años con un salario de ¢2.000.000, su pensión quedará establecida en esos ¢2.000.000 mensuales.
El cambio que ofrecen los gremios del PJ y los magistrados por medio de sus proyectos es ampliar la base a los últimos 120 salarios (10 años). El PUSC, por su parte, propone que se calcule con base en el promedio de todos los salarios recibidos durante los 30 años mínimos que debe trabajar un funcionario para pensionarse.
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