El Ministerio de Hacienda llamó a conferencia de prensa, este 19 de enero, para informar sobre varios “megacasos de evasión fiscal y acciones a tomar” sobre ellos. Dicho evento finalmente se realizó, pero su desenlace fue muy distinto del esperado por el Poder Ejecutivo.
El caso sobre el que hizo más énfasis la cartera de Hacienda señalaba a una entidad bancaria y a uno de sus socios fundadores de defraudar al Estado por ¢11.000 millones, entre 2008 y 2015. El Ministerio indicó que dicho caso estaba bajo investigación judicial; sin embargo, luego se dio a conocer que dicha denuncia ya contaba con una solicitud de desestimación por parte de la Fiscalía, que no encontró pruebas suficientes para seguir adelante.
El caso derivó en todo tipo de consecuencias. Mientras que el Gobierno defiende la denuncia y busca evitar la desestimación definitiva del caso; el banquero señalado –responsable de un medio de comunicación– ya demandó a las principales autoridades de Hacienda y Tributación, y la Asamblea Legislativa le pedirá cuentas al ministro Nogui Acosta, este 31 de enero, en un proceso de interpelación.
Este es el resumen del “megacaso” de evasión fiscal que anunció Hacienda –y sus consecuencias– hasta el momento.
¿Qué anunció Hacienda?
El Ministerio de Hacienda informó en su conferencia de prensa del 19 de enero que había remitido al Poder Judicial la denuncia de un caso de presunta evasión fiscal. Según dijo, la presunta defraudación habría sido por unos ¢11.000 millones, a cargo de un banco privado y su socio fundador.
“Esta maniobra representó para los costarricenses 1.297 soluciones de vivienda que no se hicieron, más de 23.000 becas de Avancemos que no se hicieron, y por eso el Ministerio de Hacienda trasladó este caso al Ministerio Público”, declaró el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, ese día.
Más tarde, luego de que se dio a conocer el número de expediente del caso, diversos medios de comunicación hicieron eco sobre las personas denunciadas. Se trataba del banco privado BCT y de Leonel Baruch, quien también es exministro de Hacienda (1998-2001) y presidente del medio digital CRHoy.com.
¿Qué omitió Hacienda?
Hacienda señaló que la denuncia se presentó desde 2022, pero omitió señalar que existía una solicitud de desestimación de la misma por parte de la Fiscalía. En otras palabras, la Fiscalía analizó las pruebas inicialmente presentadas y determinó que no existían elementos suficientes para continuar con el caso o llevarlo a juicio.
Criss González, fiscala adjunta de Delitos Económicos y Tributarios, explicó que la desestimación se realizó tras un peritaje de la sección Anticorrupción de Delitos Económicos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ); el cual determinó la imposibilidad de recibir asistencia penal de las autoridades panameñas sobre los hechos denunciados.
Parte de la denuncia anónima implicaba la supuesta participación de una empresa holding domiciliada en Panamá y el supuesto movimiento de unos $65 millones a esta.
¿Cómo reaccionaron los señalados?
El Banco BCT reaccionó desde el 20 de enero afirmando que el Ministerio Público había solicitado desestimar el expediente 22-000070-621-PE contra su socio fundador Leonel Baruch. También rechazó “falsas acusaciones y afirmaciones tendenciosas”, y aseguró siempre haber cumplido siempre con sus obligaciones con el fisco.
Por otra parte, Baruch dijo ese mismo día que informaría oportunamente sobre las acciones legales que tomaría ante “semejante atropello” y, solo cinco días después, dio a conocer el inicio de un proceso judicial contra el ministro Acosta y el director de Tributación, Mario Ramos, por abuso de autoridad, difusión de información falsa y suplantación de páginas electrónicas.
Según redactó el banquero en un comunicado de prensa, consideró los actos de Hacienda como una forma de persecución en su contra, como responsable del medio digital CRHoy.com.
“No es propio de un régimen democrático hacer uso de la institucionalidad del Estado ni de los recursos públicos para actuaciones criminales con fines oscuros, que lejos de buscar el bien común, busca atacar a quienes considera sus enemigos”, indicó.
¿Cómo reaccionó el Gobierno?
La solicitud de desestimación del “megacaso” de evasión la realizó la fiscala González desde el 2 de enero pasado, y fue comunicada al director de Tributación Ramos desde el 9 de enero (10 días antes de la conferencia de prensa).
No obstante, el ministro Nogui Acosta afirmó ante consultas de la prensa que “no tenía por qué saber” sobre ese estado del proceso, pues él se encarga de materias políticas y no técnicas. También indicó que, de haber sabido sobre el estado del expediente, “no hubiera usado ese ejemplo” sobre los “megacasos” de presunta evasión fiscal; y dijo que Hacienda procurará “tener muchísimo más cuidado” en la gestión de casos futuros.
“Desde el punto de vista práctico, tenemos una investigación, no en particular de este caso, sino de cuál es el seguimiento que les damos a todos”, afirmó el 24 de enero, consultado por la prensa sobre el manejo de la situación. “Lo lamentable aquí es que no demos un seguimiento continuo y se presenten situaciones como las que ocurrieron”.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, por otra parte, le restó importancia al asunto y dijo que la omisión era “irrelevante”.
También aseguró que la desestimación todavía no es definitiva y que puede revertirse si se presenta nueva prueba, lo cual es una posibilidad en este tipo de causas.
El fiscal general, Carlo Díaz, explicó en entrevista con Telenoticiasque la denuncia fue desestimada porque se consideró que “no había mérito” en las pruebas. Sin embargo, señaló que las autoridades de gobierno presentaron nuevos elementos en días recientes, con el fin de que el proceso continúe.
”Ellos aportaron prueba el viernes pasado (20 de diciembre, un día después del anuncio del “megacaso”). Se está analizando si alguna de esa prueba era la misma que ya teníamos o si hay elementos nuevos, para determinar si existe mérito para reabrir la investigación”, anotó.
¿Qué ha dicho el Gobierno sobre el Poder Judicial?
El presidente Chaves puso en tela de juicio la actuación del Poder Judicial y afirmó que no quiere confiar únicamente en la Fiscalía para casos como el del BCT. En ese sentido, indicó haber pedido a la Procuraduría General de la República que “actuara como acusador”.
La Procuraduría es el abogado del Estado y el artículo 16 del Código Penal le faculta para desarrollar acciones penales, pero esto no es usual porque la entidad carece de un órgano de investigación. Además, la PGR tiene independencia de criterio, por lo que no debe recibir órdenes del Ejecutivo.
Ante las declaraciones de Chaves, la procuradora adjunta Magda Inés Rojas declaró a CRHoy.com que la PGR “no debe instrumentalizarse” y que en el caso del BCT y Baruch, “como cualquier otro”, es la propia entidad “la que fija la estrategia del proceso” como defensora del Estado.
¿Y sobre la fiscala González?
El presidente Rodrigo Chaves también criticó a la fiscala González, por la desestimación de la denuncia. A ella le recriminó haberlo hecho un 2 de enero, cuando el Poder Judicial estaba en período de cierre colectivo, y haber sido subalterna de Baruch en el pasado.
Sobre el primer punto, González respondió a través de un comunicado de prensa, que el 2 de enero era un día de labores común para la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos y Tributarios informó y, sobre el segundo, que nunca conoció a Baruch, sino que solo trabajó en la Dirección Jurídica de Hacienda, en 1999, cuando el banquero era jerarca de ese Ministerio.
“Tal y como lo señala el artículo 55 del Código Procesal Penal, no tengo amistad ni enemistad manifiesta con el denunciado, a quien ni siquiera conozco ni tampoco trabajé de manera directa con él”, redactó.
El fiscal general Díaz, por su parte, indicó este 29 de enero que le pidió a la fiscala González apartarse momentáneamente de la investigación, “por prudencia”, en tanto se realiza una investigación administrativa sobre si las acusaciones del mandatario tienen o no fundamento.
¿Por qué los diputados pedirán cuentas a Acosta?
Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, este 26 de enero, una moción para interpelar al ministro Acosta por el anuncio del “megacaso”. Este proceso se realizará el próximo 31 de enero y todas las fracciones del Congreso podrán realizar preguntas y comentarios al jerarca. El ministro podrá dar explicaciones por 30 minutos y luego los diputados podrán realizar sus intervenciones.
Algunos diputados de oposición han manifestado su disconformidad con Hacienda por realizar el anuncio sobre el supuesto “megacaso” de evasión fiscal sin tener certeza sobre el estado de la denuncia.
También están quienes han manifestado su rechazo a las acciones del Gobierno por pretender usar a la PGR como ente acusador, en detrimento de la división de poderes; así como por afectar de forma colateral a otro medio de comunicación.
Esta no es la primera vez que se acusa al Gobierno de actuar contra un medio de comunicación o personas relacionadas con estos. En 2022, el Ministerio de Salud ordenó cerrar el centro de eventos Parque Viva, propiedad de Grupo Nación, alegando supuestos problemas de tránsito y seguridad.
El cierre se realizó por una denuncia anónima y sin estudios previos. Dicho procedimiento, sin embargo, fue condenado y revertido por la Sala Constitucional, que anuló la decisión por considerarla arbitraria y una forma velada de censura contra los periodistas del conglomerado.
¿Y en qué punto está el “megacaso” entonces?
La denuncia sobre la cual aportó pruebas Hacienda a la Fiscalía sigue con solicitud de desestimación por el momento. Pero ahora el Poder Judicial también deberá llevar adelante el proceso de denuncia de Baruch contra los altos mandos de Hacienda.