El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) tuvo que realizar una operación de descuento de facturas para obtener recursos que le debía la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) por la venta de energía.
Se trata de operación de ¢20.000 millones otorgados por la Asociación Solidarista de Empleados del Banco Nacional (Asebanacio) y que la CNFL adeudaba al ICE por la venta de electricidad.
El movimiento fue consignado en los estados financieros auditados de las dos instituciones públicas. Según los documentos divulgados, la operación tuvo una vigencia de dos meses, entre el 24 de diciembre y el 25 de febrero.
El descuento de facturas es una operación ampliamente utilizada y ocurre cuando una empresa le pide a una entidad financiera que le suministre el monto de dicha factura, menos un descuento que incluye el interés.
Posteriormente, la entidad financiera se encarga de cobrar esa factura a la empresa o persona que lo adeuda.
De esa manera, el ICE (propietario de la CNFL) tuvo que endeudarse para obtener los recursos que le debía su firma subsidiaria. Posteriormente, la Compañía solicitó un préstamo al Banco Nacional para pagarle a Asebanacio.
La CNFL dio a conocer sus resultados financieros auditados el pasado 6 de mayo y reveló un fuerte golpe que sufrieron sus finanzas al contabilizar pérdidas por ¢27.500 millones, debido a menores ingresos por la venta de energía eléctrica y mayores gastos.
Por su parte, el ICE no brindó detalles acerca de los motivos por los cuales recurrió a la transacción de descuento de facturas.
Jesús Orozco, gerente de la división corporativa de finanzas de la entidad, contestó que este tipo de negocios es una práctica muy utilizada en la administración de los flujos de caja.
“El ICE tenía conocimiento de que los ingresos, producto de la aprobación tarifaria que respaldaban los gastos por compra de energía, los iba a obtener la CNFL en el 2016”, dijo Orozco en una respuesta por correo electrónico a EF cuando se le consultó si en algún momento la empresa subsidiaria comunicó la imposibilidad de cancelar en un periodo determinado los cargos por energía.
Desfase de pagos
Por su parte, Óscar Hernández, director de administración y finanzas de la CNFL, dijo que la situación que enfrentan es un desfase temporal en el flujo de ingresos y egresos.
Ese desajuste en el flujo financiero, la CNFL lo atribuye a que en el 2015 la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) aprobó un incremento para la energía vendida por el ICE, pero no lo hizo simultáneamente para la CNFL y lo autorizó hasta en enero del 2016.
“Los ingresos están autorizados para respaldar la compra citada, pero estarán ingresando en el 2016”, añadió el funcionario.
No obstante, ahora la CNFL debe hacer frente a una deuda de corto plazo para pagar la cuenta pendiente, primero con Asebanacio y finalmente con el BNCR.
De este préstamo, sí se dieron a conocer las condiciones generales, pues es una línea por ¢20.000 millones a un plazo de seis meses y a una tasa de interés mínima de 7,95% y ajustable periódicamente o Tasa Básica Pasiva más dos puntos porcentuales.
Hernández negó que la CNFL enfrente problemas en insolvencia en su flujo de caja puesto que el aumento de tarifa fue aprobado por la Aresep e insistió en que se trata de un desfase.
Orozco aseguró que el ICE solicitó ofertas para el descuento de facturas a varias entidades financieras, entre las que también estaba el mismo Banco Nacional.
Aseguró que las condiciones de esa transacción se negociaron en función de la oferta existente en el mercado y según la conveniencia del ICE.
EF consultó a Asebanacio acerca de los detalles de este negocio y cómo llegaron a concretarlo con el ICE, pero su director comercial, Jorge Sandí, dijo que carecían de autorización para brindar esos datos.
Según los resultados publicados por la CNFL, el rezago tarifario que se ocasionó ante el incremento concedido al ICE fue de ¢26.523 millones. A su vez, Aresep reconoció el ajuste en la tarifa con un aumento en el servicio de electricidad a partir del 1 de enero del 2016, sin este efecto su pérdida habría sido de ¢3.165 millones.