El Banco Central de Costa Rica (BCCR) aprobó la inyección de ¢700.000 millones, como parte de una facilidad especial de crédito, para que bancos, cooperativas y otros intermediarios financieros accedan a recursos con el objetivo de que puedan colocar o renegociar préstamos con personas y empresas en medio de la crisis provocada por el coronavirus.
Esta línea de crédito especial de mediano plazo para las entidades financieras fue enviada a consulta el pasado 3 de agosto y recibió el aval de la Junta Directiva del Central en la sesión de este miércoles 2 de setiembre.
Rodrigo Cubero, presidente del BCCR, destacó que se trata de una nueva fuente de financiamiento para apoyar a los agentes económicos ante una situación adversa generada por el impacto del coronavirus.
“El nuevo instrumento proveerá a los intermediarios financieros de una fuente de financiamiento en moneda nacional a mediano plazo y bajo costo, con el fin de que trasladen esos recursos, en condiciones también favorables, a los hogares y empresas afectados por la pandemia”, añadió el jerarca en un comunicado.
El fin de esta línea especial de crédito para los bancos es que cuenten con recursos para negociar arreglos de pago con los deudores mediante modalidades como prórrogas, readecuaciones o refinanciamientos; pero que también puedan entregar nuevos préstamos de bajo costo y de largo plazo para mejorar las condiciones de flujo de caja de empresas y personas.
Los intermediarios financieros pueden enfrentar presiones sobre su disponibilidad de recursos para crédito debido a los arreglos de pago y reajustes que ya otorgaron a sus clientes desde marzo, cuando inició el impacto de la pandemia, esto se traduce en un desbalance de plazos por la preferencia de los ahorrantes hacia los instrumentos de alta liquidez.
Estas barreras para colocar préstamos, a pesar de los ajustes normativos implementados por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y las reducciones en las tasas de interés de referencia por parte del Central, se convierten en limitaciones para las entidades del sistema bancario nacional.
El mecanismo de crédito especial pretende eliminar los obstáculos que enfrentan los intermediarios financieros para que el dinero llegue a los agentes económicos (consumidores y empresas), lo que a su vez tendrá impacto positivo en el consumo, la producción y el empleo.
Condiciones y reglas
El BCCR dispuso de ¢700.000 millones para otorgar a los bancos, cooperativas y demás intermediarios como parte de esta facilidad de crédito.
De acuerdo con las estimaciones del Central, el monto permitirá cumplir con los objetivos propuestos de dinamización del crédito, sin comprometer la meta de inflación.
Los ¢700.000 millones representan casi 2% del Producto Interno Bruto (PIB) nominal estimado para 2020 y un 3,1% sobre el saldo del crédito al sector privado a junio de este año.
La baja inflación en Costa Rica (actual y proyectada) permitiría que la liquidez adicional que se genera con este mecanismo se pueda absorber sin presionar la meta del Central al alza.
Las entidades interesadas en acceder a esta línea de crédito estarán sujetas a la Tasa de Política Monetaria (TPM) vigente al día de la formalización; actualmente ubicada en 0,75%, nivel que mantiene desde el 18 de junio; más cinco puntos base. Regirá para todo el plazo del préstamo como tasa fija.
Se definieron dos plazos para el financiamiento, uno de dos años y otro de cuatro años, y se otorgarán de acuerdo con el plan de acción que presente cada entidad.
El Central solicitará una garantía. Los intermediarios deberán aportar colaterales (títulos valores disponibles y elegibles) para el Mercado Integrado de Liquidez (MIL), en colones y dólares. Estos bonos deben cubrir el monto total del crédito, según las valoraciones y márgenes establecidos.
Cada banco o entidad financiera deberá determinar cuáles y cuántos deudores se beneficiarán con el dinero proveniente de la línea de crédito del BCCR. Será responsabilidad de los intermediarios mantener un balance adecuado entre apoyar la estabilización y recuperación de las empresas y hogares que pueden demostrar solvencia de mediano plazo y una correcta gestión del préstamo.
“Se requiere en primer lugar que los intermediarios financieros soliciten la facilidad al Banco Central mediante la entrega y aprobación de su plan de uso de recursos, y en segundo lugar que los deudores y sus intermediarios financieros acuerden nuevos créditos o arreglos de pago que se financien con esos recursos. Por lo tanto, se va a requerir una actitud proactiva de los intermediarios y del sector privado”, aseguró Cubero.
A esta medida se suma también la propuesta que se discute en el Congreso para crear un Fondo Nacional de Avales y Garantías con un patrimonio de $300 millones aportados por un empréstito del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
La expectativa de este proyecto es respaldar los créditos por más de $3.000 millones, con lo cual se podría generar un respaldo para cerca del 20% del parque empresarial del país.
Con este Fondo, el dinero para crédito que está disponible en el sistema financiero podrá entregarse en préstamos con condiciones especiales de tasas y plazos, y con el respaldo de una garantía por pérdida esperada que cubre hasta el 20%.
El saldo promedio, a agosto del 2020, que se coloca en un crédito productivo a una pyme es de ¢98 millones. En el país hay unas 90.400 empresas de este tipo, de las cuales 35.000 son micronegocios.