La Caja de Ahorro y Préstamo de la Asociación Nacional de Educadores (Caja de Ande) es la más reciente entidad autorizada en el mercado de valores costarricenses, sin embargo se guardará la posibilidad de emitir bonos de deuda como un as bajo la manga para cuando sea el momento correcto.
Pese a tener la autorización de la Superintendencia General de Valores (Sugeval) en sus manos para emitir bonos hasta por ¢100.000 millones, Caja de Ande no tiene ninguna prisa por salir a colocarlos, especialmente ante una coyuntura de tasas de interés altas como la que vive el país actualmente.
Aún así, Manuel Calvo, subgerente de la institución, dice sentirse satisfecho con tener una posible emisión de bonos como arma secreta de cara a los cambios que la pandemia y la aplicación de la ley de usura le han traído a su cartera de crédito. El objetivo de los bonos, cuando llegue su momento, sería financiar las facilidades de crédito que ofrece a sus accionistas (trabajadores del Magisterio Nacional).
El Financiero conversó con Calvo, quien siguió de cerca todo el proceso de concepción de los bonos desde hace alrededor de cinco años. A continuación, un extracto de la entrevista.
¿Cuál es el propósito de la emisión de bonos?
—Esto nace hace unos cinco años con el propósito de diversificar las fuentes de fondeo y, por ende, (reducir) los riesgos que tenía la institución. También para poder acceder a unos costos de financiamiento un poco más bajos y tener nuevas opciones de financiamiento en cuanto a plazos e instrumentos.
Los recursos que inicialmente utilizábamos eran el 5% que se le deduce a los accionistas y con eso habíamos sostenido la demanda de crédito. No obstante, llegó un momento en que la demanda de crédito superó mucho el tema del capital ordinario, ese 5%. Es por eso que en el 2008 tuvimos la necesidad de apalancarnos. Ahí empezamos a acercarnos a los bancos públicos y ellos nos dieron recursos para destinarlos a unas líneas de crédito específicas y así darle una oxigenación al programa de crédito.
Pero después, ante una situación alrededor del 2016, nuestro crecimiento de apalancamiento de segundo piso se estaba viendo limitado, entonces se vio la necesidad de diversificar, de no depender del apalancamiento de los bancos públicos y es ahí donde nace la espinita de poder ver qué alternativas teníamos y, analizando la ley constitutiva nuestra, vimos podíamos emitir bonos hipotecarios de amortización lenta. Tuvimos que definirle a la Superintendencia qué era eso. Básicamente ahí empezó el proyecto, materializándose en 2022 con la autorización (por parte de la Sugeval).
Me mencionó que tuvo que definir a la Superintendencia a qué se referían con bonos hipotecarios de amortización lenta, ¿podría explicarnos qué son estos tipos de bonos?
—Básicamente es lo que la ley específica nuestra establece. Vimos que podríamos utilizar esto para fondear préstamos de vivienda y algunos otros objetivos de plan de inversión, pero que tengan un largo plazo, unos 20 o 30 años, que nos permitan esa amortización lenta sobre esos bonos o sobre esa hipoteca que sería el colateral que tendría la emisión de deuda.
¿Qué tan cerca o lejos está Caja de Ande de emitir los bonos?
—El tema de la pandemia y de la ley de usura es algo que ha golpeado a Caja de Ande y al sistema financiero y nosotros ahorita tenemos la meta de incrementar el crecimiento de la cartera con base en ese impacto que tuvimos. La ley de usura nos afectó cerca de un 25% de la cartera. Estamos tratando de incentivar y dinamizar ciertos productos crediticios como vivienda y otros de préstamos personales. Una vez se incremente, es donde los análisis podrían venir para determinar si necesitamos captar recursos a un bajo costo (a través de los bonos).
Ahora bien, estamos analizando si canalizarlo por un tema de bonos temáticos. Podríamos experimentar con los bonos verdes o los sociales. Esto todavía no está definido, pero, una vez teniendo la autorización, podríamos abocarnos a ese tipo de bonos y fortalecer aún más el modelo de negocio que, si bien es una institución financiera, tiene un bien solidario y mucho de esto se aboca a eso; no es un tema de margen de rentabilidad, sino más bien de minimizar los costos y que eso se traslade en beneficio hacia los accionistas de la institución.
Entiendo, entonces, que todavía no han definido en piedra las características generales que tendrían estos bonos en términos de plazos, tasas, número de emisiones, etc.
—Exacto, el programa ahora está con ¢100.000 millones y eso va a depender de cómo vayamos a hacer las emisiones. En un principio se habían conceptualizado emisiones de ¢10.000 millones, pero eso todavía no está escrito, es un análisis que va a venir posteriormente. Sí vemos que estaría ubicado en un mediano y largo plazo, y que perfectamente esto podría servirle a algunos de los inversionistas que en este momento están en el mercado.
Dada la coyuntura en endurecimiento de tasas, ¿es un momento incómodo para salir a emitir?
—Sí, la idea puntual fue hace cinco años, cuando teníamos un panorama completamente diferente de tasas de interés, de inflación, y, como te digo, los recursos que nos estaban ofreciendo los bancos eran limitados por indicadores de parte de los mismos bancos. También está el tema de que andaban en el ambiente los problemas de crédito como los del “cementazo”, los cuales también hacían más difícil obtener recursos, pero por eso es que nace esa intención, bajo una realidad que hoy es distinta.
Sin embargo, para nosotros es importantísimo estar ya como entidad autorizada porque no lo hicimos bajo presión o porque estábamos necesitados o teníamos problemas de liquidez, entonces eso nos permitió hacer los análisis muy concienzudamente, muy razonablemente, así que estamos autorizados pero no tenemos esa presión de salir a emitir inmediatamente. Hoy estamos complacidos, pero ya viene una segunda fase que son los análisis para ver cuándo podemos salir de acuerdo a las necesidades de colocación de nuestra cartera.