Por: María Fernanda Cisneros.   14 septiembre
El patrimonio de Caja de Ande fue de ¢792.200 millones a julio del 2018. Esta cifra supera inclusive al Banco Nacional (¢640.578 millones). Fotografía: John Durán
El patrimonio de Caja de Ande fue de ¢792.200 millones a julio del 2018. Esta cifra supera inclusive al Banco Nacional (¢640.578 millones). Fotografía: John Durán

La Caja de Ahorro y Préstamos de la Asociación Nacional de Educadores (Ande) carga con el lastre de la obligación de otorgar préstamos a sus afiliados, norma que debe cumplir aun cuando los socios estén lejos de contar con el mejor perfil crediticio.

Lo anterior, explica las altas estimaciones (reservas de dinero) que realiza la entidad para cubrir los créditos con mayor categoría de riesgo.

El saldo de los préstamos otorgados por el Banco de Costa Rica (BCR), a julio, es unas 2,7 veces más grande que el de la Caja de Ande, pero sus estimaciones son casi iguales.

Sin embargo, la caja de los educadores tiene un punto a su favor: el aporte económico que le inyectan sus afiliados cada mes.

Un total de 88.578 accionistas activos y 33.792 pensionados aportan el 5% sobre el sueldo bruto mensual.

Ese monto se convierte en un aproximado de ¢37.000 millones que ingresan a la institución cada año.

El crecimiento constante de sus afiliados permite que la entidad financiera administre un patrimonio mucho más alto que el de los bancos estatales y privados; además de excedentes cuantiosos.

La diferencia entre activos y pasivos se traduce en un resultado de ¢792.200 millones. Esta cifra supera inclusive al Banco Nacional (¢640.578 millones).

Este robusto patrimonio, que además crece de forma sostenida, le permite contar con recursos suficientes para apartar esas estimaciones, pero a su vez, se convierte en un arma de doble filo. La entidad debe dinamizar su cartera de crédito (su principal negocio) y al mismo tiempo, cuidar su calidad.

Los excedentes son altos, pero este año muestran decrecimiento producto de un ajuste contable, según Manuel Calvo, jefe del Departamento Financiero de Caja de Ande.

Según Fitch Ratings, la institución posee el nivel de capital más alto del sistema financiero, lo suficientemente holgados como para sostener pérdidas inesperadas y soportar cualquier crecimiento de sus activos.

Esta calificadora de riesgo le otorgó una nota de AA+ a esta entidad financiera, por considerar su calidad de activos “buena”, rentabilidad “robusta” y su nivel de liquidez “razonable”.

En adelante, la entidad destinará una porción de sus recursos a ofrecer servicios como la banca digital.

Más riesgo, pero menor morosidad

Todos los funcionarios y empleados, en servicio o con licencia, del Ministerio de Educación Pública (MEP) deben ser socios o accionistas de Caja de Ande. En ese listado están incluidos también jubilados y pensionados según lo dicta la ley constitutiva de la entidad.

Esta institución se creó con el objetivo de otorgar préstamos a los socios.

Por lo anterior, la entidad no puede negar un crédito a un accionista, pero esto no la exime del cumplimiento de la normativa que aplica la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) a cualquier entidad financiera.

Al momento de entregar un préstamo, se analiza la capacidad de pago, el comportamiento histórico y la morosidad, para así determinar las estimaciones correspondientes según el nivel de categoría de riesgo del deudor.

“El que la institución otorgue créditos a accionistas con mayor categoría de riesgo no necesariamente implica un crecimiento en la cartera atrasada”, explicó Calvo.

Las políticas de la institución establecen que no se le otorgará un crédito a aquellos accionistas que tengan morosidad dentro de la misma entidad, por lo que este es un portillo para evitar atender a un cliente con un perfil de riesgo muy alto.

Además, el pago de los préstamos es deducido de los sueldos o pensiones de los deudores (descargo directo de planilla) y depositados a Caja de Ande. Esto permite tener un mayor control de las deudas y que pocas de ellas presenten morosidad.

Solo el 0,75% de la cartera de crédito presenta una morosidad mayor a los 90 días, mientras el 96,7% está al día.

En la banca estatal y privada la porción del saldo de préstamos con atrasos es más alta. Por ejemplo, el 1,66% de la cartera del BAC San José muestra un atraso a más de 90 días y cobro judicial. En el caso del Banco Nacional la cifra pasa al 4,42%.

A pesar de que el indicador es saludable, la cartera en cobro judicial aceleró su paso en los últimos dos años y crece al 51%, más de doble del dinamismo registrado en las cuentas al día.

Otra particularidad del negocio, es la concentración en los préstamos de consumo.

El 73% del saldo de los créditos pertenece a créditos de ese rubro, seguidos de un 26% por préstamos de construcción, compra y reparación de inmuebles.

Aun así, según la misma institución, la cartera está diversificada según su naturaleza.

La baja morosidad y su costo bajo de fondeo le permiten contar con una rentabilidad alta, una de las mejores del sistema financiero, según Fitch.

¿Excedentes y estimaciones a la baja?

Los excedentes de la Caja de Ande decrecieron 7,8% a julio del 2018, luego de mantener un crecimiento por dos años consecutivos.

Esa reducción, según sus estados financieros, la determinó una contracción de los ingresos obtenidos por comisiones y servicios. Mientras, el negocio financiero mostró cifras positivas.

¿A qué obedece ese decrecimiento? Según Calvo, a un ajuste contable realizado hace dos años.

En 2016 y 2017, la entidad financiera realizó una modificación en políticas internas -las cuales no detalló- que mejoraron la categoría de riesgo de los accionistas y provocaron una disminución de las estimaciones.

En julio del 2015 las estimaciones sobre la cartera de créditos con atraso a 90 días en cobro judicial eran de 10,69%, pero la cifra bajó a 7,48% al mismo corte del 2018.

Contablemente, la disminución de las estimaciones se convirtió en un aumento de los ingresos en el 2016 y 2017, que a su vez impulsaron los excedentes. Para este año, el efecto de los ajustes está ausente en las cuentas y por lo tanto el resultado final de la entidad responde en mayor medida al comportamiento usual de la institución.