La prevención y detección del lavado de activos en Costa Rica está a cargo de un amplio engranaje compuesto por varias instituciones, inicia con las entidades financieras y una de sus partes finales son instancias judiciales. Actualmente, debe moverse tan rápido como lo hace una transferencia desde una plataforma digital si las autoridades quieren tener éxito en la labor de evitar esa actividad delictiva en el país.
El principal reto que enfrenta la lucha contra la legitimación de capitales es la rápida transformación del delito que desarrolla cada día a nuevas modalidades y a las transacciones inmediatas que dificultan el mantenimiento y posterior congelamiento de los activos.
Olger Calvo, fiscal adjunto de legitimación de capitales, explicó que se trata de un fenómeno criminal en constante movimiento y transformación, que utiliza diferentes e innovadoras maniobras para burlar los controles.
“Por esto, la normativa, como suele suceder en todas las materias represivas, tiene cierto rezago frente a las nuevas manifestaciones; de ahí la importancia de contar con un sistema robusto y actualizado”, agregó Calvo.
Una mejora en la que insisten desde el Ministerio Público se relaciona con las entidades financieras, para que comuniquen cualquier transacción, operación o cliente sospechoso en tiempos reales y mientras los recursos estén disponibles.
“Esto a efectos de activar el sistema judicial y conseguir decomisos de lo recursos, dado que, normalmente, cuando llega la comunicación a la Fiscalía, ya está fuera del control del sistema financiero y del alcance de las autoridades”, comentó Calvo.
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Sin embargo, desde la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) señalaron que la expectativa de que el dinero se mantendrá en la cuenta a la orden de una incautación es un error, ya que usualmente el dinero es movilizado de manera rápida o inmediata.
Por ello en el Instituto abogan por que la investigación debe apoyarse en elementos de trazabilidad e información pericial forense, que permita dilucidar el origen de los activos pese a que ya no se encuentren en la cuenta, según señaló un funcionario de la UIF en entrevista con EF. El ICD no revela los nombres de los funcionarios por motivos de seguridad.
“Un grave error se comete si se apuesta solamente a investigar el delito de lavado de dinero cuando exista este en las cuantas bancarias, ello sería como taparse los ojos y no querer investigar el otro 80% de situaciones donde el dinero ya pasó en fracciones de segundos aprovechando la tecnología”, advirtieron.
Según explicó el funcionario, antes de la llegada a la cuenta en la que se reportó la actividad inusual, el dinero se traslada por toda una estructura criminal que incluso puede traspasar las fronteras del país y utilizar figuras contractuales para desviar la ilicitud de los activos.
Engranaje del sistema antilavado
Son varios los eslabones del sistema de prevención y detección de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, en los que participan autoridades judiciales, entidades financieras, entre otros actores.
FUENTE: ICD || INFOGRAFÍA / LA NACIÓN.
Por otro lado, el tiempo que transcurre entre un reporte de operaciones sospechosas y la llegada de un caso a los tribunales continúa siendo una de las trabas del engranaje. Ese es el criterio del Banco Popular, según la respuesta enviada por la Oficina de Comunicación de la entidad.
“En ocasiones pareciera que (el tiempo que transcurre) les quita oportunidad a los casos, lo cual podría solucionarse brindando los recursos suficientes a las autoridades competentes, según la realidad del país”, comunicó el banco.
Por su parte Calvo señaló que las investigaciones por legitimación de capitales son de alta complejidad por la naturaleza propia del delito; un caso que tenga línea acusatoria puede tardar entre uno y cuatro años en culminar la fase preparatoria o de investigación, para luego ser trasladada al Juzgado Penal para continuar con las etapas subsiguientes.
Existen otros obstáculos para el desarrollo de procesos penales relacionados con la materia, como la dificultad para la obtención de prueba en el extranjero pues el tiempo de investigación se amplía. Asimismo, el fiscal adjunto aseguró que el personal no es suficiente tanto a nivel de la fiscalía especializada como de las autoridades de investigación. Si bien la situación recibe el apoyo de otras fiscalías, se trata de casos complejos que se suman a un gran volumen de trabajo.
Incluso, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en un informe realizado sobre Costa Rica en el 2015, señaló que existía una carencia de estructuras físicas y de personas en los equipos de investigación en lavado de activos de la policía judicial y el Ministerio Público.
Calvo abogó por la creación de una fiscalía de recuperación de activos, que se dedique de manera exclusiva y para todo el territorio nacional a la investigación de aquellos crecimientos patrimoniales súbitos y sin aparente justificación lícita, para la presentación de procesos bajo la figura de capitales emergentes.
“La persecución patrimonial es la tendencia y el enfoque más alentador para combatir, debilitar y desarticular el crimen organizado y en general cualquier actividad delictiva que genere rentabilidad a quienes participan de una u otra manera”, dijo Calvo.
Otros vacíos
En lo que respecta a la normativa penal para combatir esta delincuencia, Costa Rica cuenta con varios tipos penales que sancionan estas actividades, incorporados en la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de uno no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
Sin embargo, Mario Goméz, asesor legal de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), señaló que es necesaria la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio, para atacar el crimen organizado.
Calvo, por su parte, mencionó que Costa Rica cuenta con la herramienta de capitales emergentes contenida en la Ley Contra la Delincuencia Organizada, que tiene la particularidad de que permite ordenar la pérdida de bienes, a favor del Estado, en casos de sospecha o duda razonada y en el que quien los posea no pueda justificar su origen lícito. Esto, fuera de la vía penal.
“Este tipo de acción es hacia donde se apuesta (...), por cuanto existe consenso en que la persecución penal no ha sido idónea ni suficiente para desarticular el crimen organizado, principalmente porque su patrimonio sigue intacto y la actividad delictiva en operación”, comentó Calvo.
Según datos brindados por el fiscal adjunto, desde junio del 2018 a la fecha se han presentado un aproximado de 100 procesos ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, con un nivel de efectividad en sentencia estimatoria en un 95%.
En otra línea, desde la UIF recalcaron la necesidad de introducirse en el lavado de activos digitales, una de las formas que prolifera a nivel mundial.
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¿Cuál es el proceso?
La detección de lavado de activos en el sistema financiero inicia justamente en las entidades, que son las encargadas reportar situaciones inusuales al ICD a través de reportes de operaciones sospechosas (ROS).
La jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), Rocío Aguilar, recalcó que la función de las entidades financieras es de carácter preventivo, por lo que deben conocer a sus clientes y el origen de sus fondos; en caso de que se presenten operaciones inusuales las entidades deben investigar lo que corresponda y en caso necesario remitir el reporte al ICD.
Posteriormente, el Instituto complementa los reportes con información técnica y otros valores agregados que proporcionen mayor información a las autoridades judiciales, en los casos que por sus características deban ser remitidos al Ministerio Público. En ese tercer eslabón inician las etapas de investigación por parte de las autoridades del Poder Judicial.
A julio del 2021, la UIF recibió 365 ROS, una cifra mayor que los recibidos durante el mismo periodo del 2020 y del 2019. Solo en julio, el monto que suman las operaciones sospechosas reportadas supera los $50 millones. Esto no significa que dicha cifra sea objeto de lavado, pues hasta el momento del reporte solo se trata de situaciones dudosas.
Según datos de la UIF, en el primer semestre del 2021 ya fueron enviados 120 informes al Ministerio Público por más de $90 millones. Asimismo, al 2 de setiembre de 2021, existían 137 investigaciones activas por el delito de lavado en la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales; esta cifra no contempla las existentes en otras fiscalías del país.
La dirección general de relaciones institucionales del Banco Nacional y la oficina de prensa del Banco Popular señalaron que las entidades mantienen procesos estructurados y formales para la identificación de operaciones inusuales y sospechosas, que se basa principalmente en el conocimiento de los clientes tanto a nivel cualitativo como cuantitativo.
“Esto permite monitorear el comportamiento precisamente de los clientes durante la relación comercial y, con ello, realizar la identificación, detección y seguimiento de situaciones inusuales cuando se registran desviaciones del patrón o del perfil declarado inicialmente o actualizado”, explicaron desde el Banco Popular.
En el caso del Nacional, indicaron que además se cuenta con un sistema de monitoreo automatizado por medio de reglas expertas, que generan alertas cuando un cliente realiza movimientos atípicos en sus cuentas.
Tanto Aguilar como Gómez aseguran que las entidades financieras cuentan con la capacidad necesaria para realizar una buena labor en la detección de operaciones inusuales, puesto que llevan años gestionando y perfeccionando sus procesos de control.
El fiscal general a.i. Warner Molina expresó un criterio contrario al anterior ante la Comisión especial investigadora sobre la penetración del narcotráfico en la Zona Sur, cuando mencionó que el sistema de inteligencia financiera es incapaz de detectar y exponer a los grandes lavadores de dinero.
Ante esto, tanto la Sugef, como la ABC y el ICD destacaron que el país recibió una evaluación positiva del Gafilat y que depositar la responsabilidad únicamente en un eslabón del engranaje es improcedente.
La Cámara de Bancos también rechazó lo dicho por Molina y aseguró que las entidades cumplen una permanente labor de colaboración de las estrategias nacionales e internacionales en el control y prevención del lavado de dinero.