Por: María Fernanda Cisneros.   24 agosto
La Bolsa Nacional de Valores cursa una apuesta para incorporar más participantes en el mercado. Por un lado, apoya la incursión de las cooperativas y por otro, ya acordó una estrategia con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) para que esta entidad o las municipalidades busquen fondeo en el mercado para financiar proyectos con impacto social y sostenible. Foto Jeffrey Zamora

Las cooperativas de ahorro y crédito quieren fondearse a través del mercado de valores costarricense, es decir, obtener más recursos a través de inversionistas que están en ese sector.

Al mismo tiempo, buscan prestar dinero a los pequeños y medianos negocios de sus afiliados e inclusive lanzar productos financieros como el arrendamiento financiero y el factoraje.

Hoy ambos caminos están cerrados para estas entidades, pero pretenden abrirse espacio en medio de obstáculos y dudas.

Dos proyectos de ley hacen fila en la corriente legislativa con la intención de lograrlo, e inclusive uno de ellos lleva tres años a la espera de una respuesta.

Mucho tiempo ha pasado desde que se discutió el tema por primera vez, pero la iniciativa todavía despierta posiciones divergentes entre quienes apoyan la idea de que las cooperativas oferten valores en la Bolsa Nacional de Valores (BNV) y quienes consideran que estas entidades no cumplen con los elementos necesarios para dar este paso.

Más allá de las hostilidades, ¿cuál es el fundamento técnico para dejar avanzar o impedir la iniciativa?

Choques y opciones

El objetivo final de las cooperativas es adquirir recursos frescos para prestarlos a sus afiliados y con particular interés a las pymes de sus asociados.

El gremio asegura que “no existe un fundamento técnico para decirnos que no. Creemos que es posible hacerlo de una manera que atienda las preocupaciones de los reguladores”, destacó José Alvarado Campos, gerente general de Coopenae.

A criterio de Campos, además, los afiliados verán beneficios con mejores condiciones de préstamos para sus negocios.

Actualmente, las cooperativas no pueden prestar dinero a pymes en las que sus afiliados tengan participación accionaria. Por esta razón, muchos de ellos acuden a estas entidades en busca de recursos pero a título personal, a través de un crédito de consumo.

Este tipo de financiamiento es más costoso y la posibilidad de prestarles como pymes, permitirá ofrecerles una menor tasa y un mayor plazo.

También, les permitiría reducir la concentración que tienen en créditos de consumo, un lastre con el que este sector carga desde hace mucho tiempo.

Algunas cooperativas han dado paso para diversificar sus carteras, pero muchas otras siguen con dificultades para hacerlo.

Con el objetivo de prestar más recursos, es que también pretenden acudir a la Bolsa en busca de inversionistas.

Hasta hoy, estas entidades se fondean en el exterior o a través de los mismos bancos, lo que eleva el costo final de sus operaciones con sus asociados.

Las reformas que se proponen están lejos de ser negativas, pero “requieren que quiénes ingresen en ellas sean capaces de gestionar los riesgos apropiadamente”, anotó el economista José Luis Arce, quien es director de FCS Capital y expresidente de Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).

Ahí es donde empiezan a desatarse las dudas.

Al sector se le señala por querer incursionar en un camino para el que no está preparado, según los supervisores, y que no está en línea con sus orígenes.

Los jerarcas de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y del Conassif coinciden en que son mayores los riesgos, que los beneficios en caso de que la Asamblea Legislativa apruebe alguno de los proyectos de ley.

Alberto Dent, presidente de Conassif, considera que es peligroso permitirles incursar en la bolsa, debido a que los miembros de la junta directiva no necesariamente cumplen con los ideales de gobernanza y muchos tampoco tiene un auditor externo.

Dent señala que “son entidades diferentes, creadas para prestar los ahorros captados de los mismos socios para sus asociados”.

El gran problema que se destaca en el sector cooperativo es su gobernanza, un elemento que impacta a las más pequeñas, aun cuando inclusive forman parte del sistema financiero formal.

Los supervisores señalan la brecha que tienen las cooperativas a nivel de gobierno corporativo, en comparación a la banca.

En 2017, la Sugef emitió un reglamento de gobierno corporativo y desde entonces, se desató la discordia.

“Nos metieron un juicio contencioso administrativo por el reglamento (…) Pero, consideramos que una junta directiva debe ser lo más heterogénea posible. Cuando me visitan o los convoco para discutir algún tema, por citar un ejemplo, me indican que todos son educadores de primaria y secundaria”, explicó Alfaro a EF, al exaltar que considera que la gobernanza no es la correcta en muchas cooperativas.

También, los supervisores consideran que el sector quebrantará los fines para los que fue creado, si avanza en tres áreas fundamentales: participar en la Bolsa, ofrecer arrendamiento financiero y prestar a pymes cuyos dueños sean afiliados.

Y por último, señalan las diferencias y beneficios que tiene el sector cooperativo.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha señalado el terreno desnivelado de juego en el sistema financiero. “La banca estatal tiene ciertos privilegios, la banca privada otros, pero las cooperativas no pagan parafiscales, hasta ahora van a pagar (renta) sobre títulos. No encajan y no tienen costo de liquidez que tienen otras entidades”, explicó el jerarca de Sugef.

Más allá de estos criterios, la gran duda que surge es si existe una ventana de oportunidad para atender esas preocupaciones y permitir que las cooperativas ―las que cumplan con los criterios que determine la supervisión― formen parte del robustecimiento por el que tanto clama el mercado de valores desde hace años.

Para la Bolsa, la incursión de estos participantes permite robustecer el mercado, en línea con la intención de también incorporar al gremio de las municipalidades.

Este ente, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) e inclusive analistas independientes, aseguran que es posible permitirle a este segmento dar paso a algunas de las iniciativas, siempre y cuando cumplan con nuevas reglas que determine la supervisión y las que ya están vigentes para cualquier participante del mercado.

La Bolsa está de acuerdo con incorporar a las cooperativas y a la vez reconoce que se debe crear un marco prudencial para hacerlo de la manera correcta, pero “no es decirles únicamente que no”, destacó José Rafael Brenes, gerente de BNV.

Para Brenes, el panorama ideal sería hacer una revisión de las reglas que deben seguir estas entidades, de tal forma que cumplan con los mismos criterios de suficiencia patrimonial y de liquidez que los bancos, e inclusive se les indique qué porcentaje de apalancamiento requieren.

“No debiera existir ningún elemento legal para prohibir la participación de las cooperativas como oferentes públicos de valores en Bolsa, más allá de los requisitos que establece en general la Ley Reguladora del Mercado de Valores y de los normales que tiene establecidos la Bolsa para los emisores”, anotó el economista Roberto Venegas, quien fue gerente de la Bolsa.

Desde esa óptica, le tocaría a la regulación determinar cuál es la forma más prudente para permitir que las cooperativas den el paso, en caso de que la propuesta reciba el visto bueno del Congreso.

Lo que es claro, de momento, es que las posiciones entre los diputados son heterogéneas, afirmó el jerarca de Sugef luego de exponer ante el frente legislativo los riesgos de las reformas.

Dejando las disconformidades de lado, y valorando el caso hipotético de que los diputados den luz verde a la reforma, Bernardo Alfaro, jerarca de Sugef, afirmó que una posibilidad sería establecer que una cooperativa accederá al mercado de valores con previa evaluación y autorización de la Superintendencia.

También, añadió, una opción sería establecer un límite de apalancamiento para reducir el riesgo.

Alfaro considera que el riesgo persistiría, pero en caso de no existir otro camino, siempre existen vías para atender algunos riesgos vía reglamento, al hilar fino.

Los dos proyectos

La discusión alrededor de esta propuesta, plasmada en dos proyectos de ley, tomó mayor importancia en las últimas semanas.

Sin embargo, el primero de esos textos, nacido desde el cooperativismo, hace fila en la corriente legislativa desde el 2017.

Esta iniciativa propuso desde entonces la incursión de las cooperativas en la Bolsa, entre otros, pero se ha ido afinando con el paso del tiempo. Ahora establece que el Conassif debe emitir los reglamentos y normas de carácter prudencial para regular estas emisiones.

El texto, además, cita que para cumplir con las actividades de intermediación financiera, incluida la emisión de instrumentos de inversión en el mercado de valores, las cooperativas “deben contar con una infraestructura operativa de Administración de Riesgos y Gobierno Corporativo de acuerdo a la normativa emitida para tal efecto, por parte de Conassif”.

También, incluye el financiamiento de mipymes en las que el 100% de las acciones pertenezcan a asociados de la cooperativa. En un inicio ese texto estaba abierto aún en casos en los que los afiliados eran socios mayoritarios o participantes del negocio.

Adicionalmente, abre el portillo para que estas organizaciones puedan actuar como entidades autorizadas del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) y del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), como un servicios a personas asociadas y no asociadas.

Otro elemento importante que propone es permitir que las cooperativas realicen operaciones de arrendamiento financiero y operativo, operaciones de factoraje y operaciones de fideicomisos.

El arrendamiento es uno de los elementos que desata discordias. “Son productos mucho más sofisticados, para los que no necesariamente tienen capacidad de análisis de riesgo”, apuntó Bernardo Alfaro, superintendente de Sugef.

El otro texto se adueña del original, pero aplica cambios ejecutados por el Banco Central y presentados en la Asamblea a finales de junio del 2020.

Precisamente una de las partes que modifica es la oferta de productos como el arrendamiento y el factoraje, también la administración de recursos del Banhvi y de SBD. Las elimina.

También, exalta que la oferta pública de valores estará sujeta a las disposiciones que emita Conassif, además de la supervisión y fiscalización de la Superintendencia General de Valores (Sugeval).

Otro elemento que varía es que la propuesta de las cooperativas cita la necesidad de que la contratación directa de recursos nacionales e internacionales, pase por una previa aprobación del Banco Central, pero la autoridad monetaria la elimina.

Entre tanto, el principal elemento por el cual se oponen los supervisores a estas propuestas es la debilidad en la gobernanza del sector cooperativo, pero si alguna entidad cumple con una rigurosa regulación, podría dar marcha a sus planes. Mientras, el resto se quedarían rezagadas hasta alinearse con lo que dispongan Sugef y Conassif.

De momento, la propuesta aún no termina de avanzar en el Congreso, pero dio pasos en las últimas semanas, más de los que dio en los pasados tres años.