El anuncio del cierre de la actividad de intermediación financiera del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) deja su futuro en manos del resto de negocios que administra y de otros en los que pueda incursionar, según lo permitan sus recursos financieros y tecnológicos.
Únicamente el 20% de las utilidades netas de esta entidad provienen de esos rubros, que eran alternativos, pero ahora serán su principal fuente de ingresos.
La lista está conformada por los fideicomisos, la comercializadora de seguros, la recaudación de impuestos de salida aérea y terrestre, y la administración de las tiendas libres de impuestos que tiene el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) en aeropuertos.
También están las tarjetas prepagadas y el almacén de depósito fiscal y agrícola.
A partir de estas líneas, Bancrédito debe aumentar su presencia en el mercado y sumar clientes, para tener indicadores financieros saludables, hasta que se defina –por la vía legislativa– cuál será su rol a largo plazo.
Este será el mayor reto que enfrentará su junta directiva y su gerencia general.
Este mes, el Gobierno presentaría el proyecto de ley que busca transformar el banco en una entidad de fomento y desarrollo, pero esta propuesta competirá con otros proyectos de ley que buscan el cierre definitivo del banco.
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El plan de cómo se desligará Bancrédito de su actividad comercial, cómo se ejecutará la venta de su cartera de crédito y pasivos, y cómo tendrá una operación sostenible, debe ser presentado a más tardar el 16 de junio a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
Este documento no sustituye al plan de sostenibilidad financiera que Sugef aprobó a inicios de abril de este 2017.
Ese plan de fortalecimiento incluyó acciones para mejorar las utilidades del banco, tales como el plan de movilidad laboral, la venta de activos y de bienes adjudicados, y estas medidas se mantienen en ejecución.
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La salida de Bancrédito de la industria de intermediación se tomó posteriormente para darle mayor liquidez a la entidad y atender los posibles riesgos del mercado.
“Era la decisión más responsable que estaba a mano, la otra era poner en riesgo el sistema financiero nacional en términos generales”, dijo Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia, el 29 de mayo anterior.
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Bancrédito abandonaría por completo sus funciones de intermediación (captar del público y otorgar créditos) a finales de año.
Ante la salida de Bancrédito de este negocio, deberá idear una estrategia para ser sostenible.
Respecto a la sostenibilidad en el mediano y largo plazo, las dudas salen a flote.
Carlos Fernández, exgerente del Banco de Costa Rica (BCR), es del criterio de que es difícil que las actividades comerciales a las que se enfocará Bancrédito sean rentables en el largo plazo.
En contraste, Gerardo Porras, gerente de Bancrédito, considera que el banco sí puede salir adelante sin el negocio de intermediación, aunque admite que será un reto hacerlo durante el lapso en el que no haya una ley que dicte el rumbo definitivo del banco.
Aun así, destaca la ventaja de que el banco no debe invertir en tecnología o aprender nuevos procesos, ya que los negocios por potenciar son áreas en las que la entidad trabaja y obtiene réditos.
Por su parte, Sergio Alfaro explicó que hoy la banca no se especializa en áreas de fomento, por ejemplo, de fondos de segundo piso para financiamiento de infraestructura vial o escolar, y este nicho y otros más se pueden explorar.
Aunque el plan se presentará en los próximos días, Porras adelantó algunas de las oportunidades de negocio por las que el banco apostaría.
De entrada, los fideicomisos representan importantes posibilidades para sumar ingresos.
Bancrédito ha participado, por mencionar algunos ejemplos, en fideicomisos para la construcción de megaterminales de bomberos y para la administración de los fondos para la construcción de vivienda sostenible a través del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y de las mutuales, así como en fideicomisos para la custodia de garantías de los bancos.
En adelante, Porras destacó que el país cuenta con obras públicas avanzadas, al menos en su planificación, y esto enciende una alerta de oportunidades.
Como ejemplo están el Aeropuerto Internacional Metropolitano que llegará a Orotina, una obra que costará $2.974 millones, así como la modernización del ferrocarril.
Respecto a la competencia, el jerarca comentó que hay bancos inmersos en el nicho de fideicomisos pero que lo ven como un negocio marginal.
No obstante, el BCR lanzó en abril del año pasado Esfera, marca dedicada exclusivamente a la gestión de fideicomisos.
Otro negocio que procurará dinamizar Bancrédito es la comercialización de seguros, en el que el banco tiene dos tipos de clientes. Por un lado, están los que se aseguran al adquirir algún producto financiero. Este grupo representa el 60% de los ingresos de la agencia de seguros, pero con la venta de la cartera de créditos, también se trasladará a la entidad que la compre.
Por otro lado, el 40% restante sí queda a manos de Bancrédito, pero son personas o empresas que no necesariamente son clientes del banco. Por lo tanto, habría necesidad de vender más seguros a terceros.
Además, al tratarse de una agencia, la comercialización de pólizas se limita a los seguros del INS. Sobre esto, se analizará si es conveniente convertirse en una corredora de seguros, para vender productos de cualquiera de las aseguradoras.
De seguido, el banco apostará por servicios que brinda al Gobierno y que no requieren añadir capital, como la recaudación de impuestos de salida aéreos y terrestres, que hoy representa un ingreso anual de ¢2.000 millones y que acarrea un costo administrativo muy bajo, al estar prácticamente automatizado.
Adicionalmente, el banco potenciará el servicio de tarjetas prepagadas.
Hoy, brinda tarjetas de débito –que no están ligadas a cuentas corrientes o de ahorro– a personas que requieran de indemnizaciones de riesgos del trabajo del INS, en vez de cheques o efectivo.
La opción de que el Gobierno distribuya una serie de recursos de ayuda social mediante este tipo de tarjetas tiene atractivo. Recursos del IMAS, las becas del Fondo Nacional de Becas (Fonabe) y las de Avancemos, son algunos de los ejemplos de dineros que se podrían entregar mediante este mecanismo, explicó Porras.
El Estado debe destinar unos ¢300.000 millones en estas ayudas al año y hacerlo mediante una tarjeta prepagada permitiría un mayor control de los destinatarios, añadió.
Por último, el banco buscaría incursionar en el pago de transporte público, así como el procesamiento de tarjetas de crédito de bancos públicos y privados.