El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, anunció este martes 1 de agosto que el presupuesto ordinario de la República para el 2018 tendrá un crecimiento cero en todos los rubros que no tengan obligación legal para aumentar.
Esta fue una de las medidas dentro de un paquete de acciones que reveló esta noche para atacar la falta de liquidez del Gobierno.
Minutos después del anuncio, algunos economistas, entre ellos, el exministro de Hacienda, Édgar Ayales, calificaron las acciones como insuficientes y cuestionaron que el Gobierno tardará tres años en tomar decisiones. Afirmaron que el mandatario se quedó corto, pues faltaron medidas más fuertes de recorte de gasto público.
En relación a la primera medida mencionada atrás, entonces, los únicos sectores que recibirían más recursos en el plan de gastos del próximo año serían, el Ministerio de Educación Pública (cuyo presupuesto pasará de 7,62% del PIB a 8%, por orden la Sala Constitucional), las municipalidades (a las que se les debe desembolsar ¢20.000 millones más cada año entre 2016 y 2018, por la Ley Especial de Transferencia de Competencias) y el pago de deudas e intereses.
Así, el desembolso de dinero en otros ministerios se verá estrujado.
Como otra de las acciones, Solís ordenó a la Tesorería Nacional priorizar los pagos del Estado según la liquidez que maneje. En su orden, deberá atender primero, el pago de deuda pública, los salarios y las pensiones del Gobierno Central; segundo, las transferencias de mayor urgencia social y, por último, el resto de obligaciones.
Asimismo, indicó que el Gobierno buscará alternativas para atraer a inversionistas extranjeros que quieran comprar títulos de deuda del país y que para ello se derrogará la Ley para Desincentivar el Ingreso de Capitales. También, solicitará una autorización legislativa para colocar deuda en el exterior.
Esta intención ya había sido anunciada por el Ministerio de Hacienda en la entrega de las cifras fiscales del primer semestre, el pasado 20 de julio.
En ese momento, Hacienda explicó que trabajaba en un anteproyecto para buscar fondeo externo, específicamente mediante la apertura de una línea de crédito.
La propuesta se llevaría pronto a la Asamblea Legislativa, pero sería una medida temporal que solo daría un poco de oxígeno a las finanzas públicas, explicó Martha Cubillo, viceministra de egresos del Ministerio de Hacienda.
La funcionaria aclaró que no se trata de una nueva emisión de eurobonos, si no la búsqueda de un aval para que el Gobierno acuda de forma "inteligente" a los mercados financieros y así, aproveche ventanas de inversión.
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Con esta medida, el Gobierno busca atraer fondos para atender gastos de este y el próximo año, ante la ausencia de la reforma fiscal.
No obstante, la presión también ya se ve reflejada en el Presupuesto Nacional 2018.
Como otra de las acciones, Solís también afirmó que no realizarán modificaciones presupuestarias mediante decreto que impliquen solicitudes para comprar o alquilar propiedades con recursos del presupuesto. A esta regla, solo exceptuarán los avalúos para obras de infaestructura.
Martha Cubillo explicó en julio que se deben ir pidiendo los recortes para el próximo año, y posiblemente medidas para el periodo en curso, con tal de que la iliquidez no llegue a las arcas públicas.
Un caso de entidades ya afectadas por el recorte de recursos es el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). El diario La Nación publicó que se congeló el ingreso de beneficiarios al servicio de la Red de Cuido infantil entre febrero y el término de julio, ante el déficit de dinero para financiar las guarderías para niños en condición de pobreza.
Como una medida adicional, el mandatario anunció que convocará los proyectos de ley para modificar el impuesto de ventas en un Impuesto de Valor Agregado (IVA) y la reforma al impuesto de renta en este periodo de sesiones extraordinarias del Congreso, que arrancó este 1 de agosto.
Medidas "se quedan cortas"
Para el economista Luis Mesalles, el paquete de medidas que anunció el Gobierno se quedó en corto en cuanto a anunciar medidas "gruesas" de contención del gasto público. Mencionó que, por ejemplo, no se convocó una ley de empleo público que impida el crecimiento de los salarios públicos.
Tampoco, agregó, se anunció alguna reforma que le quite al gobierno la obligación de hacer erogaciones por ley.
Según Mesalles, el paquete de acciones se concentra en "más de lo mismo".
Por su parte, el también economista de Cefsa, José Luis Arce, calificó el discurso del Gobierno de falta de liquidez como "extremo y alarmista". En su criterio, el Poder Ejecutivo está preparando el terreno para solicitar un endeudamiento externo, y por eso propone derogar la ley para desincentivar el ingreso de capitales.
Si eso ocurre, afirmó, Hacienda estaría en capacidad de recibir recursos de inversionistas extranjeros no residentes en bonos de deuda locales.
Aun así, calificó las medidas como un intento de "patearla bola" en la solución del problema fiscal.
En esa línea, el exministro de Hacienda, Édgar Ayales, afirmó: "(el mandatario) dijo muy poco, muy tarde. La situación actual no está para un anuncio de unos cuatro o cinco minutos. Ha faltado una discursiva más fuerte sobre el problema".
"Nada de lo que dijo el Presidente tiene impacto en el corto plazo: no dijo nada concreto. El problema es que no hay dinero y no habría esperado que anunciara medidas mucho más dramáticas que justificaran una petición como la que está haciendo al Congreso en este momento", sentenció.
En su criterio, la orden de que el Presupuesto Nacional muestre un crecimiento de un 0% en las áreas en donde no haya obligación legal para aumentar no tendrá un gran efecto, pues la extensa mayoría del gasto de salarios, transferencias a educación, el PANI u otras entidades ya está designada por ley.
Además, Ayales indicó que buscar alternativas de financiamiento entre inversionistas extranjeros y colocar deuda externa va a ser difícil, y –en la práctica– considera que se continuará agotando el financiamiento interno, que ya está "seco".
Más presión
Según las previsiones de la revisión Programa Macroeconómico 2017-2018, del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el déficit fiscal del Gobierno central se ubicaría en 6,1% del PIB en este 2017 y alcanzaría el 6,8% en 2018.
Esta proyección se revisó al alza, ya que en diciembre pasado se había estimado en 5,9% y 6,0% del PIB para ambos periodos, respectivamente.
Los resultados fiscales del primer semestre del año en curso ya refleja la presión que ejerce el costo financiero de la deuda en las finanzas públicas.
A junio de 2017, el déficit fiscal (diferencia entre ingresos y gastos, incluyendo intereses) fue de 2,4% del PIB. Empero, los gastos crecen más que hace un año, mientras que los ingresos redujeron su ritmo.
Además, el pago por los intereses que genera la deuda es el gasto que más se acelera: pasó de crecer 9% en el primer semestre de 2016 a 20,7% en igual periodo de 2017. En este rubro, las obligaciones internas son las que más presionan al Gobierno en términos absolutos y en crecimiento porcentual.
El Ministerio de Hacienda ha expresado, en diversas ocasiones, su preocupación por la falta de recursos para atender los pagos relacionados con la deuda que sostiene el Gobierno.
Por el lado del pago de intereses, el Gobierno atenderá el vencimiento del 10% de sus obligaciones financieras en 2018 (¢1,5 billones y $2.655,5 millones), según los datos a junio del Ministerio de Hacienda. Esto a pesar de los esfuerzo de Tesorería, en materia de canjes, para alargar su vencimiento.
Dado el comportamiento de las tasas de interés, es posible que Hacienda deba renovar esos vencimientos a rendimientos más altos.
* Colaboraron con esta información los periodistas Sergio Morales, Daniel Salazar y Édgar Delgado.
* Esta información fue ampliada posterior a su publicación con reacciones de diversos economistas.