El Gobierno dio a conocer este 10 de agosto los detalles de los cambios que pretende hacer a los impuestos de ventas y de renta, todo con el fin de aumentar los ingresos de Hacienda y reducir la presión sobre el creciente déficit fiscal del país.
En una conferencia de prensa, el jerarca del Ministerio de Hacienda, Helio Fallas, dio a conocer el plan de modificación de los impuestos, el cambio de tarifas propuesto y la ampliación de los contribuyentes en otros casos. En su exposición, Fallas dio a entender la necesidad urgente de hacer estos cambios y otros que ya se encuentran en proyectos presentados en la Asamblea Legislativa.
Cuando el presidente Luis Guillermo Solís asumió el mandato en el 2014, uno de sus principales mensajes en el tema hacendario consistió en que evitaría proponer nuevos impuestos en los primeros dos años.
Ahora, 15 meses después de que empezara esta administración, el Gobierno tiene seis proyectos de ley relacionados con ingresos y gastos públicos, a los cuales se sumarán estos dos, pues cada impuesto será un proyecto diferente.
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Cambios propuestos. La intención actual, y que también fue incluída en el pasado intento de reforma fiscal a cargo de la expresidenta Laura Chinchilla, es transformar el impuesto de ventas en un impuesto al valor agregado e incrementar su porcentaje del 13% al 15% sobre cada transacción.
En cuanto a la carga impositiva de renta, los cambios propuestos incluyen una ampliación de los contribuyentes y aumento en el monto a pagar. Según el viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, tienen como meta eliminar los denominados portillos para la elusión y la evasión.
Paralelamente, otros impuestos que se modificarán serán el traspaso de bienes muebles e inmuebles. En el primero de los casos se pretende cambiar de 2,5% a 5%, mientras que para el traspaso de casas o lotes pasará de 1,5% a 3%.
Lo anterior implica que por la venta de una vivienda, valorada en ¢50 millones, antes se pagaba ¢750.000, de ser aprobado este proyecto tendría que pagar ¢1,5 millones por el movimiento registral.
Respecto a renta, Rodríguez detalló que pretenden gravar a todas las ganancias de capital. Estas incluyen las que se obtienen por los rendimientos generados en certificados de depósito a plazo emitidos por bancos y otras entidades financieras que en este momento deducen un 8% de los intereses ganados. Esa tasa pasaría a 15%.
Además, algunas entidades que hoy emiten certificados exentos pasarían a cobrar el 8%, ese es el cadso de las cooperativas de ahorro y crédito.
Vigente |
Los servicios de educación, sillas de ruedas y equipo ortopédico.
No se gravarían los alquileres menores a un salario base (¢403.400), el consumo de agua menor a 30 metros cúbicos mensuales y el consumo de electricidad menor a 250 Kw/h.
Vigente |
Los certificados emitidos por cooperativas de ahorro y crédito y del Banco Popular pasarán a pagar un 8%.