Por: María Fernanda Cisneros.   5 julio

¿Tiene una deuda pendiente con una municipalidad y está interesada en pedir un préstamo pronto? Este factor podría convertirse en un obstáculo durante el análisis crediticio que le realicen.

La morosidad en el pago de tributos municipales puede reducir la posibilidad de que una persona física o jurídica obtenga un préstamo o pueda financiar la compra de un electrodoméstico en un comercio.

Algunos gobiernos locales decidieron acudir a los oficinas (burós) de crédito como estrategia para alertar a comercios y entidades sobre la mora de contribuyentes y así, mejorar la recaudación de tributos.

Esto se une a la publicación de la lista de morosos, que realizan estos entes en sus sitios web y que inclusive, incluye nombre y número de cédula.

En algunos gobiernos locales, la morosidad alcanza más del 40% del total de recursos puestos en cobro. Este es el caso de San José, Desamparados, Bagaces, Tilarán y Osa, por mencionar algunos ejemplos. Inclusive, en Aserrí la cifra llega al 80%.

Aunque sí existen municipalidades con cifras de menos del 15% en morosidad (como Escazú, Belén y Orotina), estas no representan la mayoría, según el último Índice de Gestión Municipal publicado por la Contraloría General de la República (CGR), con datos del 2016.

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Es así como, enfrentadas ante una realidad de poca cultura del pago de impuestos municipales, las municipalidades se ven obligadas a adoptar estrategias de cobro más ágiles.

“Falta cultura tributaria. La gente no contempla el pago de obligaciones a la municipalidad dentro de su presupuesto familiar, sin embargo, por otro lado, se nos demanda mucho, en infraestructura por ejemplo”, explicó Maylin Rivera, encargada de Administración Tributaria de la Municipalidad de Desamparados.

Con el fin de dinamizar el cobro, estos entes optan por facilitar el pago mediante canales de pago digitales, enviar recordatorios del vencimiento del pago y ser más rigurosas, mediante las sanciones por impago o la posibilidad de manchar el récord del contribuyente.

Por ejemplo, Cartago ha logrado reducir su índice de morosidad en los últimos dos años por estas medidas. Aunque no descartan la posibilidad de sumarse a un buró, antes deben revisar la legalidad de hacerlo, afirmó Alejandro Montero, subdirector tributario de la municipalidad cartaginés.

Otra alternativa es pagar por un servicio denominado buró de crédito, camino por el que optan la Municipalidad de Desamparados y la de Alajuela, que cuentan con niveles de morosidad de 44,4% y 29,35%, respectivamente, según el índice de CGR.

Un buró es una plataforma (base de datos privada) que proporciona un reporte crediticio histórico de las deudas que tiene o ha tenido un individuo, al lado de su récord de pago.

Las entidades financieras (reguladas o no), los comercios y más recientemente las municipalidades, acuden a estos servicios para verificar la capacidad de pago de los consumidores y protegerse aún más ante el riesgo de impago.

La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) cuenta con su propio sistema, en el que una persona pueda quedar “manchada” por no pagar sus deudas.

Sin embargo, esto involucra únicamente al sector regulado y deja por fuera a la banca en la sombra, es decir, a todos aquellos comercios, negocios y entidades que se dedican a prestar dinero pero están fuera del perímetro del supervisor.

“Este es un servicio privado que tiene un costo, y existen otros burós en el país que pueden ofrecer servicios similares. La Sugef, como ente de regulación y supervisión, no puede fomentar el uso de servicios que puedan favorecer a uno u otro proveedor”, explicó Bernardo Alfaro, superintendente de Entidades Financieras.

Distintas entidades acuden a firmas privadas, que incluyen entidades no supervisadas por el sistema financiero formal, ya que participa todo aquel que pague por el servicio.

¿En qué se benefician los participantes? Entre los bancos o comercios que hayan contratado los servicios del buró, se generan alertas sobre personas físicas o jurídicas con altos niveles de impago.

Por tanto, si una persona acude a un comercio o banco, a solicitar un préstamo o una línea de crédito para adquirir un producto, puede recibir un no como respuesta si tiene deudas pendientes con otro prestamista, negocio o entidad financiera.

De entrada, al tratarse de un servicio de pago, el rechazo de un crédito podría darse entre entidades que paguen por él. Eso es lo que pretenden los municipios de Desamparados y el de Alajuela: que pagan por este servicio y por tanto alertan al resto de entidades sobre la lista de morosos, principalmente aquellos que posean deudas de más de ¢100.000.

La finalidad de la medida es que más contribuyentes se acerquen a cancelar sus deudas o a solicitar un arreglo de pago.

Sin embargo, algunos factores pueden ser cuestionados sobre su efectividad, según la misma Sugef.

Un vacío de estos servicios es que primero, no pueden garantizar que se muestran todas las deudas de la persona, sino únicamente las que les competen a los participantes del sistema.

Segundo, no puede afirmarse que los comercios o entidades participantes negarán el crédito a los morosos municipales, por cuanto esto quedará a criterio de cada uno, según sus políticas de crédito y reglas de decisión internas.

Tercero, para que la información del buró pueda ser utilizada, la entidad que analiza la viabilidad del préstamo debe contar con una infraestructura que permita el flujo de información hacia las áreas de negocio, “front office” o dependencia que realiza el escrutinio crediticio, explicó Alfaro, jerarca de Sugef.

Por esto, EF se dio a la tarea de consultar a entidades financieras reguladas y no reguladas si estas plataformas son importantes y si consideran el pago de tributos municipales al momento de estudiar un caso.

La respuesta fue un rotundo sí en bancos públicos, privados y entidades no supervisadas que ofrecen préstamos o líneas de crédito como Gollo, Credilat (la entidad financiera de Grupo Monge) y Crediq.

Estos tributos son una obligación legal y por tanto, constituyen un elemento más a ser valorado para medir la capacidad de pago del cliente.

Las entidades valoran el nivel de morosidad que tenga la persona en un municipio e inclusive admiten haber rechazado préstamos por esto.

Inclusive, en entidades como Scotiabank, ningún crédito se puede formalizar si el cliente no está al día en el pago de los impuestos municipales.

El caso de la Municipalidad de Desamparados

Un informe del 5 de junio del 2018, puso en jaque a este municipalidad, luego de que la Contraloría diera a conocer los hallazgos de la auditoría realizada al inicio de este año.

Este ente encontró múltiples inconsistencias en la base de datos tributaria del municipio de Desamparados, debilidades que inciden en la gestión de cobro, así como la carencia de un plan para promover que los contribuyentes cumplan las obligacionales tributarias.

¿Qué encontró la Contraloría, en detalle? Cédulas con dígitos inválidos o duplicados, registros de contribuyentes cuyo número de cédula o nombre no coinciden con la información registrada en el Tribunal Supremo de Elecciones y hasta cobros pendientes de personas ya fallecidas y que no fueron trasladados a sus herederos.

También, la existencia de fincas que cuentan con seis años o más de no actualizar sus datos o que están registradas por montos entre ¢0 y ¢100.000, pero no son razonables respecto a su metraje, entre otros.

Dada la llamada de atención de la CGR, la Municipalidad de Desamparados decidió contratar más servicios del buró de crédito al que está afiliada.

Desde hace unos días, la Municipalidad empezó a divulgar la alerta de que los "deudores con la Muni no serán sujetos de crédito".

El municipio, cuyo saldo de tributos morosos asciende a ¢7.000 millones al 2017, decidió que alertaría al resto de entidades que están en esa oficina de estudio de crédito al que está afiliado, sobre la lista de personas físicas y jurídicas que debieran más de ¢100.000.

El objetivo es que estas personas enfrenten limitantes para recibir créditos y por tanto, acudieran a la municipalidad a cancelar sus pendientes.

Aunque esto no es del todo certero, por las razones antes descritas, sí es cierto que las entidades valoran este componente al momento de analizar un crédito.

La Municipalidad le indica al buró cuál es el público meta y cuáles contribuyentes quiere que sean señalados como morosos.

Según Rivera, de Administración Tributaria de la Municipalidad, "dentro de las condiciones del contrato (con el buró) se dice que se debe incluir a todas las compañías que forman parte de él al momento de plantear las limitaciones o el gravamen de un crédito".

De hecho, la apuesta, por ahora, ha sido efectiva y se complementó con otras medidas como la publicación de listas de morosos en el sitio web, mensajería de texto para recordar pagos pendientes y llamadas a quienes están a un paso de entrar en cobro judicial, explicó Rivera, de Administración Tributaria de la municipalidad.

Sobre la publicación del listado de morosos en el portal, por ahora no permite una consulta ágil pero la Municipalidad indicó que trabaja en hacer más visible y fácil la consulta.