Todas las exoneraciones fiscales que el país ha concedido estarán sobre la mesa en la formulación de un nuevo proyecto de ley para reformar el fisco, afirmó Álvaro Ramos, viceministro de ingresos y encargado de liderar el proceso.
La revisión de las exoneraciones, que ascienden a un 5,77% del Producto Interno Bruto (PIB), es una opción si se toma en cuenta que algunos de los beneficios concedidos a actividades económicas para su desarrollo tienen más de tres décadas de vigencia.
“Es tiempo suficiente para evaluar si se necesita mantener estos estímulos. Algunos se pueden simplificar o reducir. Por ejemplo, que las exoneraciones para el sector cooperativo apliquen solo cuando estas califiquen como pequeñas empresas”, explicó Fernando Rodríguez, exasesor del Ministerio de Hacienda.
Si bien existe consenso entre los técnicos en la necesidad de revisión, nadie se aventura a prometer resultados.
“Hay que poner los pies en la tierra con respecto a la voluntad política para hacer cambios. Nos hemos encontrado con asambleas legislativas que van creando una serie de privilegios para grupos de presión. El que tiene más galillo recibe mayores beneficios”, criticó Alberto Dent, exministro de Hacienda.
El cambio en las reglas tributarias tiende a encender reacciones pirotécnicas, como demostró el debate del proyecto de “Ley de solidaridad tributaria”.
Terreno andado
Un ejemplo fue la incomodidad que la transformación del Impuesto General de Ventas (IGV) en un Impuesto al Valor Agregado (IVA) generó en algunos gremios.
El IVA gravaría no solo el comercio de bienes, sino también el de servicios. En el largo proceso de negociación, la presidenta Laura Chinchilla logró pactar condiciones de aplicación progresiva del tributo a algunos servicios turísticos, de transportes y de ingeniería civil, por ejemplo.
Las instituciones de educación privada protagonizaron una de las luchas más fuertes para sacudirse del IVA. Tuvieron éxito y lograron una tarifa diferenciada del 2%.
En ese momento, las mutuales, cooperativas y el Banco Popular movieron sus fichas para preservar la exoneración al pago de intereses sobre depósitos captados en moneda local.
La aspiración de Ramos es aprovechar el camino andado con “Solidaridad tributaria” e incluso imprimir más criterio técnico a algunos de esos acuerdos políticos.
En maduración
El proyecto de la nueva reforma fiscal, bautizada por Edgar Ayales, ministro de Hacienda, como “Consolidación fiscal”, ya empezó a andar.
La principal novedad es que pretende incorporar medidas de control del gasto público junto a cambios al sistema tributario con el objetivo de ganar simpatías en la Asamblea Legislativa y con los grupos de presión.
El plan pretende reducir las erogaciones del Estado en un 1% del PIB y aumentar los ingresos en un 2%.
La nueva reforma elevaría la carga tributaria del país del actual 13,7% a un 15,5% de la producción. El dato crece a 19% si se le suman las cargas sociales.
También contempla la transformación del impuesto de ventas en uno de valor agregado.
El camino para alcanzar estas metas está menos claro, y la revisión de las exoneraciones será necesaria, aunque incómoda.