El Banco Central de Costa Rica (BCCR) estimó que el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (expediente 20.580 en la Asamblea Legislativa), aprobado en primer debate, generaría un aporte del 3,7% del Producto Interno Bruto (PIB) para el 2022.
Este cálculo se ubica por encima del 1,3% del PIB que ha trascendido hasta el momento y esto se debe a que la estimación del BCCR incluye tanto el aporte de la nueva carga impositiva, como el del recorte de gasto y mejora recaudatoria de los tributos.
“El proyecto de ley, tal y como fue aprobado, restablece la estabilidad de las finanzas públicas en el corto plazo (...). El proyecto tal y como está planteado, nos permite entrarle a ingresos, gastos y evasión”, afirmó Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central la tarde del miércoles 18 de octubre.
Cubero citó a la prensa por la tarde para mostrar el criterio de la autoridad monetaria sobre el plan de fortalecimiento a las finanzas públicas.
Este criterio se da a solicitud de la Asamblea Legislativa, el 5 de octubre. El Congreso solicitó a varias instituciones (como el Instituto Nacional de Seguros, el Instituto Costarricense de Electricidad y el Poder Judicial) mostrar su opinión respecto al proyecto de ley.
Las estimaciones del Central muestran que la razón de deuda a PIB llegaría a un punto máximo de 65% al 2023, pero por primera vez dejaría de crecer y al año siguiente iniciaría una tendencia a la baja.
La reducción gradual que implica este proyecto sobre el déficit primario, excluyendo el gasto por intereses, eventualmente haría que se genere un superávit entre ingresos y gastos. Eso haría que la deuda alcance un pico en 2023 pero luego baje, explicó Cubero.
Asimismo, el aporte de la reforma no eliminaría la presión en las tasas de interés. El Gobierno mantendrá una fuerte necesidad de recursos en 2018 y 2019.
El déficit se mantendría al alza y las captaciones del Gobierno presionarían las tasas, pero hay otros vientos a favor. Si el proyecto se aprueba, se restablece la sostenibilidad de las finanzas públicas en el largo plazo y bajaría el costo de financiamiento, porque la percepción de riesgo del país baja, explicó el presidente del BCCR.
El Gobierno Central acumuló a agosto un déficit de 3,75% del Producto Interno Bruto (PIB). Un año antes la cifra fue de 3,2%.
Al cierre de agosto la razón de deuda de Gobierno a PIB se ubicó en 50% (más que el 46,6%, registrado a agosto de 2017).
El BCCR estima que el déficit fiscal (diferencia entre ingresos y gastos del gobierno, incluyendo intereses) sería de 7,2% al término del 2018 y subiría a 7,5% en 2019. Esta proyección no contempla la aprobación de una reforma fiscal.
Mientras, la deuda alcanzaría el 53% del PIB al término del año en curso. Sin una solución, esta proporción llegaría al 100% en un periodo de 10 años, según los cálculos del Central.