Por: María Luisa Madrigal.   18 octubre, 2018
18/10/2018. Auditorio del OIJ. El presidente de la República, Carlos Alvarado, da un discurso ante los magistrados de la Corte Plena con el fin de convecerlos de la necesidad de aprobar el nuevo Plan Fiscal. Los magistrados se oponen al proyecto porque lesiona sus intereses particulares. En la foto: El presidente Alvarado y la ministra de Hacienda Rocío Aguilar pronuncian su discurso ante magistrados de la Corte Plena. Foto: Albert Marín.
18/10/2018. Auditorio del OIJ. El presidente de la República, Carlos Alvarado, da un discurso ante los magistrados de la Corte Plena con el fin de convecerlos de la necesidad de aprobar el nuevo Plan Fiscal. Los magistrados se oponen al proyecto porque lesiona sus intereses particulares. En la foto: El presidente Alvarado y la ministra de Hacienda Rocío Aguilar pronuncian su discurso ante magistrados de la Corte Plena. Foto: Albert Marín.

“Me presento con la única finalidad de abogar por el fin de las pensiones de lujo en Costa Rica. Con razones jurídicas, técnicas y éticas. En representación de miles de familias que no aceptan la permanencia de pensiones de lujo cuando hay muchas familias que lo están pasando mal”.

Así inició su presentación el presidente Carlos Alvarado, convocado ante los magistrados de la Sala Constitucional, como parte del proceso para resolver una acción de inconstitucionalidad presentada por un grupo de pensionados afectados por la instauración de un tope al monto de las jubilaciones con cargo al Presupuesto Nacional.

La directriz del Ministerio de Trabajo y Seguridad Socia data del 2014 y se basó en una ley de 1998 en la que se fijaba como tope máximo la suma de diez veces el salario más bajo pagado en la Administración Pública. Este salario de ¢236.700 por mes, hace ese tope para las pensiones del Presupuesto Nacional sea de ¢2.367.000 al mes.

En defensa del tope

Alvarado insistió en que es deber del Estado salvaguardar la seguridad social. Además, de que la ley en la que se basa la directriz está vigente desde 1998.

El Presidente criticó el hecho de que se defiendan los montos millonarios de estas pensiones, con el argumento de que este dinero debería ser para proteger a las personas en la edad adulta, no son para enriquecerlas.

El hecho de mantener los montos de estas pensiones es éticamente sostenible y económicamente ruinosa, según el Presidente. A la vez insistió en que la resolución de la Corte debe ser pronta, dado que la situación económica del país es urgente.

El Presidente comparó la situación de los llamados pensionados de lujo con los del régimen de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) donde la pensión más alta apenas supera ¢1 millón y la más baja es de poco más de ¢100.000.

Además, Alvarado llamó la atención de los presentes haciendo énfasis en que mientras existen montos millonarios de pensiones, el dinero dado por el régimen no contributivo apenas superan los ¢70.000 al mes Este régimen ni siquiera ha logrado completar el 100% de las personas beneficiadas, según la ministra de Hacienda Rocío Aguilar.

El costo de vida de una familia promedio es de ¢332.000, según datos del IMAS. El tope propuesto para las pensiones es nueve veces superior a este monto, según Marvin Carvajal director jurídico de Casa Presidencial.

En contra del tope

Alvaro Valerio, Alejandro Abellán, Óscar Pizarro y Jorge Bagnarello, fueron los accionantes que interpusieron el recurso.

“Hay una realidad, yo soy pensionado del régimen de pensiones del Magisterio Nacional. Es una pensión a la que se le hacen todos los recortes y ajustes por ley”, declaró el Valerio en su presentación.

La pensión de poco más de ¢3.361.000, después de recibir todas las deducciones por ley, termina en un monto mensual de ¢2.314.000. La pensión -que ha sufrido de ajustes anuales- no es una pensión de lujo de acuerdo con Valerio.

El argumento de la acción de inconstitucionalidad es que se violan los derechos de la legalidad, igualdad y retroactividad, inviolabilidad de la propiedad privada. Además, Valerio argumentó que con la acción del Gobierno se le están quitando derechos ya adquiridos.

Otro de los argumentos de los accionantes, es que la ley en la que se basó en su momento el Ministerio de Trabajo, es antigua y en desuso por muchos años. Incluso, se aprobó después de que la mayoría de ellos ya gozaban de la pensión.

Uno de los puntos más importantes en el que se basaron los pensionados que interpusieron la denuncia, es el principio de debido proceso. La abogada representante señaló que el trámite tras la aprobación de la directriz fue prácticamente nulo. Los pensionados no fueron consultados ni informados de manera debida, del recorte que iban a sufrir sus pensiones.

También -según los accionantes- se violaron los principios de legalidad, irretroactividad de la ley, razonabilidad y proporcionalidad y el de publicidad y transparencia del procedimiento legislativo, entre otros.

Finalmente, los pensionados señalaron que no era posible que los poco más de 500 personas fueran los culpables de que no se hiciera a tiempo, un fondo de pensiones. Además, de que la solución del problema de las pensiones con cargo en el Presupuesto Nacional no se resolvería ni puede recaer en solo un puñado de personas.