El Fondo Monetario Internacional (FMI) es uno de los organismos al que decenas de países han tocado la puerta en la búsqueda de oxígeno financiero para enfrentar la crisis de salud por la pandemia de COVID-19 y, en algunos casos como Costa Rica, para paliar los problemas fiscales.
En total, desde el inicio de la pandemia el FMI ha canalizado alrededor de $110.000 millones entre 54 países a través de diversas modalidades de financiamiento, según el informe anual de la organización del 2021.
“El FMI suministra financiamiento a los países miembros afectados por problemas de balanza de pagos concretos, posibles o futuros para ayudarlos a reconstituir sus reservas internacionales y restablecer las condiciones para un crecimiento económico sólido, al tiempo que corrigen los problemas de fondo”, señala el documento publicado el pasado lunes 4 de octubre.
Asimismo, el organismo también suministra financiamiento de emergencia de rápido desembolso con una condicionalidad limitada y ha incrementado en gran medida dicho financiamiento para ayudar a los países miembros a enfrentar el impacto inmediato de la pandemia de COVID-19.
Modalidades de financiamiento
Entre el 1 de mayo del 2020 y el 30 de abril del 2021, el FMI ha otorgado varios tipos de financiamiento como:
1. Financiamiento de emergencia en el marco del Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) y el Servicio de Crédito Rápido (SCR).
2. Aumento de los recursos de acuerdos de crédito vigentes.
3. Nuevos acuerdos de préstamo, incluidos los acuerdos precautorios.
4. Alivio del servicio de la deuda a través del Fondo Fiduciario para Alivio y Contención de Catástrofes (FFACC), que le permite al FMI hacer donaciones para alivio de la deuda a los países más pobres y vulnerables afectados, como Haití, Malawi y Gambia.
5. Alivio de la deuda en el marco de la Iniciativa para los Países Pobres Muy Endeudados.
Asimismo, existen otras asistencias financieras con derechos especiales de giro (DEG), como el servicio ampliado de financiamiento (SAF) que es al que Costa Rica buscó acceder y por el cual presentó diversos proyectos de ley ante la Asamblea Legislativa para el recorte del gasto público y la mejora de la situación fiscal, como parte de los compromisos adquiridos con el FMI.
Este tipo de préstamo tiene como condición que en el momento de la aprobación, el país adopte un programa de hasta cuatro años, con reformas estructurales y un programa anual detallado de las políticas.
Pese a esto, los proyectos para allegar nuevos ingresos a la hacienda pública incluidos en la agenda convenida con el Fondo Monetario Internacional (FMI), como parte del programa de servicio ampliado de financiamiento (SAF) por $1.778 millones en tres años, ya empiezan a agotar sus plazos en comisión sin siquiera discutirse y los compromisos del país comienzan a ponerse cuesta arriba.
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En América, Ecuador también solicitó la aprobación de un servicio ampliado de financiamiento 4.615 millones de DEG. La conversión de los DEG era de $1,43 para el pasado 30 de abril.
Países como Las Bahamas, Jamaica, Ecuador, Guatemala, Nicaragua y San Vicente y Las Granadinas también solicitaron préstamos de servicio de crédito rápido y de emergencia.