Economía y Política

Proyectos de ingresos en agenda con FMI agotan sus plazos en comisión sin siquiera discutirse

Las iniciativas de nuevos ingresos, que representan dos tercios del ajuste fiscal convenido con el Fondo, están lejos de reales debates en el Congreso

Los proyectos para allegar nuevos ingresos a la Hacienda pública incluidos en la agenda convenida con el Fondo Monetario Internacional (FMI), como parte del programa de servicio ampliado de financiamiento (SAF) por $1.778 millones en tres años, ya empiezan a agotar sus plazos en comisión sin siquiera discutirse.

Una vez vencido el plazo para el análisis en comisión de los proyectos, ya estos no pueden someterse a mayores análisis en dichos foros. Estos entonces solo deben decidir si dictaminan favorable o negativamente, y votar las mociones que tuvieran presentadas los proyectos sin leerlas, ni razonarlas públicamente.

Las iniciativas han enfrentado retrasos importantes en los foros legislativos desde que fueron presentados, entre finales de 2020 e inicios de 2021.

También enfrentan tensiones por la oposición de algunas corrientes en el Congreso, principalmente ante las iniciativas que incluyen reformas tributarias.

Dos de los proyectos que se encuentran en la Comisión de Asuntos Jurídicos ya vencieron su plazo. Los demás enfrentarán el mismo escenario entre inicios de octubre y de noviembre.

Los que ya vencieron su plazo fueron uno que plantea eliminar la exoneración de renta al salario escolar y elevar algunas tasas en materia de rentas de capital y de remesas; y otro que busca establecer un impuesto a los premios de lotería.

Los proyectos ni siquiera lograron avanzar en mayor medida desde este 22 de septiembre, fecha en que inició la misión del FMI en Costa Rica que evaluará el avance de la agenda pactada con el Gobierno de Costa Rica para estabilizar las finanzas en el mediano plazo.

Sin marcha

Los proyectos de ley en materia de nuevos ingresos son cinco. Además de los dos a los que ya se les venció el plazo, hay otros tres que se preparan para concluir su fase de análisis en comisión.

Estos son uno que busca reformar estructuralmente el impuesto a las casas de lujo y establecerles una tasa flat del 0,5% anual; otro que plantea reformar el sistema del impuesto sobre la renta de personas físicas, de modo que tributen por todas sus ganancias de trabajo en un mismo esquema; y otro que pretende imponer un aporte solidario por cuatro años a las empresas del Estado.

Todas estas iniciativas enfrentan un panorama complejo, a pesar de que se presentaron desde inicio de año y de que, este 9 de septiembre, el Gobierno envió una serie de propuestas de modificación a los textos para darle viabilidad política a las iniciativas.

Por ejemplo, el Gobierno subió el mínimo exento que tendrían los contribuyentes de renta y también aumentó ese factor para los premios de lotería, desistió de cobrar tasas más altas por remesas de reaseguros y rentas de ahorros o excedentes de cooperativas, y dejó por fuera su idea de incluir el costo del terreno en el cálculo del impuesto a viviendas de lujo.

No obstante, estas propuestas aún no se discuten con detenimiento y no parecen haber generado mayor efecto para adelantar el trámite de los textos.

Las propuestas de cambio se presentaron por solicitud de los diputados, tras una reunión entre jefaturas de fracción y la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, que se desarrolló a finales de agosto. En ella, los congresistas le reprocharon al Ejecutivo una baja proactividad para llevar adelante los proyectos y buscar consensos.

Las iniciativas de ley además chocan con el inicio de la campaña electoral, un evento que ya las calificadoras de riesgo han mencionado como un factor podría detener el trámite legisaltivo.

Los proyectos también chocan con posiciones negativas ya anunciadas por parte de varios diputados. Tendencias mayoritarias de fracciones como las de Restauración Nacional (PRN), Unidad Social Cristiana (PUSC) y el bloque independiente Nueva República han asegurado que no darán un visto bueno y que serán inflexibles para tramitar aquellas medidas que impliquen nuevos impuestos.

No obstante, el plan del Gobierno es continuar con las iniciativas.

Un ejemplo sobre la poca discusión de los proyectos es el desarrollo de la Comisión de Asuntos Jurídicos. Esta no ha tomado medidas para priorizar el análisis de los dos textos relacionados con el Fondo a los que dejaron vencer su plazo, y más bien ha tenido que cancelar dos de sus últimas cuatro sesiones por problemas con la transmisión del Congreso y por falta de quórum.

En la sesión de este 29 de septiembre, el diputado Pedro Muñoz, del PUSC, aseguró que el Ejecutivo no ha articulado políticamente la agenda y que una mayoría de legisladores no quiere actuar “en automático”.

La presidenta del foro, la liberacionista Franggi Nicolás, afirmó que desde su dirección no existe intención alguna de retrasar la discusión o posponerla, sino que estará en pausa hasta que entre en el orden del día de manera regular. “La dificultad que hemos tenido es que las sesiones se han prolongado mucho en otras discusiones de temas anteriores en agenda”, aseguró a este medio.

En el plano legislativo, se insiste en que hace falta acompañamiento del Gobierno para avanzar con la agenda.

“Estos proyectos de ley requieren acompañamiento más que solo textos sustitutivos. ¿A qué me refiero? Si su apuesta es alcanzar las voluntades en nueve momentos distintos, con esta conformación legislativa, eso hay que trabajarlo”, afirmó la presidenta del Congreso y diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Silvia Hernández, en una reciente entrevista con EF.

Otro proyecto de la agenda con el Fondo que podría generar nuevos ingresos y que sí ha logrado una mayor discusión en la Comisión de Asuntos Económicos es el que pretende reformar la Ley General de Aduanas. No obstante, este no se incluyó dentro de los rendimientos fiscales seguros, a corto plazo, del conjunto de iniciativas convenido.

Empleo público

Además de los proyectos de nuevos ingresos, la agenda con el FMI incluye un ajuste por la vía de contención de gasto.

Según las estimaciones del Ministerio de Hacienda, avaladas por los equipos técnicos del Fondo Monetario, estas permitirían ahorrar en conjunto un 2,25% del PIB en 2023 (dos tercios del ajuste general, que también incluye los nuevos ingresos).

Por un lado, la agenda en materia de gasto contempla el seguimiento estricto de la regla fiscal (la medida que implicaría un mayor efecto en el corto plazo) y, por el otro, el uso de medidas administrativas y la aplicación de la reforma al empleo público.

Esta iniciativa impondría limitaciones a la negociación de convenciones colectivas y reformaría el sistema de remuneraciones estatales, para evitar el pago de pluses salariales que históricamente han generado un crecimiento del gasto en remuneraciones muy superior a los aumentos regulares por costo de la vida.

A diferencia de la iniciativas de nuevos ingresos, el proyecto de Ley Marco de Empleo Público enfrenta un escenario de mayor avance.

El texto incluso ya se había aprobado en primer debate, con el respaldo de 32 legisladores; sin embargo, pasó a consulta de la Sala Constitucional. Esta, a su vez, encontró problemas de fondo que deberían corregirse para evitar que la iniciativa implique intromisiones de poderes o violaciones a autonomías institucionales. Estos puntos ya están bajo estudio de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad.

Este foro legislativo se encargará de subsanar las cuestiones que considere necesarias para atender las observaciones de la Sala y enviar el proyecto para una nueva votación en primero y segundo debate. También podría recomendar su archivo.

Para este proceso de análisis, la Presidencia legislativa le otorgó 15 días hábiles al foro de Consultas (una vez recibida la resolución completa del tribunal constitucional). El plazo empezará a contar cuando el expediente entre al orden del día del grupo parlamentario, que además podrá pedir una prórroga si lo necesita.

“Vamos a procurar avanzar cuanto antes”, afirmó la presidenta de la Comisión, Ana Lucía Delgado, del PLN.

Si la comisión logra subsanar los problemas encontrados por la Sala, la iniciativa podría enviarse a consulta obligatoria de instituciones y luego votarse de manera definitiva.

Ese es el plan de la corriente mayoritaria del Congreso que aprobó inicialmente el texto, en junio, así como la del Gobierno de la República.

Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista de la sección de Economía y Política de El Financiero. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.