San Juan. Puerto Rico quedó este lunes 29 de junio al borde de un default luego de que el gobernador Alejandro García Padilla admitiera que la enorme deuda de $73.000 millones es impagable.
El gobernador afirmó al diario The New York Times que "la deuda es impagable". "No hay otra opción. Quisiera tener una opción más fácil. Pero esto no es política, es matemática", dijo García Padilla.
De inmediato, los bonos de Obligaciones Generales de Puerto Rico cayeron 10% en el mercado de Wall Street, en Nueva York.
García Padilla señaló que la isla, asfixiada por falta de liquidez tras ocho años de crecimiento económico negativo, busca diferir pagos mientras renegocia con sus acreedores para evitar el default.
En su condición de estado libre asociado norteamericano, la isla caribeña de 3,5 millones de habitantes no puede declararse en bancarrota, por lo que un impago de deuda podría tomar años en resolverse.
"Nadie en el gobierno (federal) o en Washington contempla un rescate de Puerto Rico", dijo el lunes el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, al señalar no obstante, que la administración de Barack Obama seguirá cooperando con San Juan ante sus "serios retos financieros".
La Casa Blanca ha sugerido la posibilidad de que Puerto Rico obtenga acceso a la ley de quiebras, pero para eso el Congreso tendría que modificar la legislación.
El anuncio del gobernador coincide con la divulgación de un sombrío informe de exfuncionarios del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que concluye que la carga de la deuda es insostenible.
"La economía se encuentra en un círculo vicioso en el que las finanzas públicas insostenibles están alimentando la incertidumbre y el bajo crecimiento, lo que a su vez eleva el déficit fiscal y la deuda", indicó el informe encomendado por el gobernador de Puerto Rico.
El documento propone reformas estructurales contra el gasto, disminuyendo los costos de la nómina pública y los servicios de electricidad y transporte, y una reestructuración de la deuda a través de un intercambio voluntario de bonos existentes por otros con condiciones más favorables.
El informe prevé que para 2016 Puerto Rico encare un déficit de $3.695 millones.
La situación en Puerto Rico coincide con la crisis en Grecia, que podría caer el miércoles en una suspensión de pagos que la acercaría a una salida de la zona euro.
Pero, a diferencia de Grecia, Puerto Rico se mantiene en tranquilidad y la población no se ha volcado a extraer sus depósitos de los bancos, ya que los ahorros personales los garantiza la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) de Estados Unidos.
Diversos sectores políticos y económicos han aplaudido que el gobernador reconozca la realidad de Puerto Rico vigente desde hace varios años, pero lamentaron que desde entonces no se trabajara para renegociar la deuda con los acreedores.
"No es momento de echar culpas ni de plantear que lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo", dijo el senador Ángel Rosa, del oficialista Partido Popular Democrático (PPD).
La Legislatura debe aprobar aún un presupuesto de $9.800 millones para el próximo ejercicio fiscal de la isla que comienza el martes, y que contempla $674 millones en recortes y destina $1.500 millones para pago de deuda.
La constitución de Puerto Rico establece que la deuda debe ser pagada antes de cualquier otra obligación financiera, por lo que una reestructuración dejaría a la isla en un limbo legal.
Pero García Padilla advirtió al The New York Times que Puerto Rico debe actuar para salir del "espiral de la muerte".
En medio de la crisis, diversas casas crediticias como Moody's han enterrado la nota del gobierno a nivel de bonos "chatarra".
Las agencias públicas puertorriqueñas son responsables de gran parte de la deuda: solo la compañía eléctrica debe $9.000 millones.
Los problemas financieros de Puerto Rico han sacudido al gran mercado de deuda municipal estadounidense, con el recuerdo aún fresco de la declaración de bancarrota de la ciudad de Detroit en 2013.