Costa Rica podría visualizar mayor construcción de obra pública a través de vehículos como los fondos de inversión de desarrollo de proyectos que permitirían colocar recursos tanto de inversionistas particulares como de los institucionales (operadoras de pensiones). Sin embargo, la inseguridad jurídica que percibe el sector privado y el exceso de trámites repele a algunas sociedades administradoras de fondos de inversión de inmiscuirse en el tema.
Varios de los actores involucrados coinciden en que los fondos aún caminan lento en el país y se enfrentan a la burocracia de gran parte de las instituciones involucradas en llevar a cabo obras de infraestructura pública como hospitales o escuelas.
Si se trata de carreteras, el asunto se complica aún más, si se toma en cuenta la legislación que rige para la construcción de vías y los esquemas que se utilizan en el país, como alianzas-público privadas, fideicomisos o concesiones. Los fondos de inversión no son la única vía, pero si un esquema alternativo para el financiamiento de obra pública.
Asimismo, las sociedades administradoras rescatan que este tipo de fondos podría constituirse como un vehículo para la inversión transparente y la generación de empleo.
No obstante, el contexto nacional continúa marcado por la concentración de las obras públicas viales en un pequeño grupo de empresas constructoras y en este momento por investigaciones ante supuestas anomalías en la gestión de los contratos.
Es en ese panorama y con altas deudas con organismos internacionales, que los fondos de inversión podrían desarrollarse para el levantamiento de infraestructura que pueda dirigirse al Estado. Empero, pese a su potencial para la construcción de obra pública, los desafíos para dirigir estos fondos de inversión a ese tipo de proyectos persisten y son pocas las sociedades administradoras que manejan uno de su tipo.
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“Desde su nacimiento a la fecha solamente han entrado en desarrollo dos fondos de inversión de desarrollo de proyectos orientados a la construcción de infraestructura pública (...), aún se requiere realizar un esfuerzo mayor para demostrarle al sector público las bondades y ventajas que puede significar utilizar este tipo de instrumentos para acelerar el desarrollo de proyectos”, señalaron desde la sociedad administradora de fondos del Instituto Nacional de Seguros (INS).
Exceso de trámites
La gerente de carteras de inversión de Grupo Financiero Mercado de Valores, Lidia Araya, aseguró que la evolución de estos fondos ha ido un poco más lento de lo deseado, pese a que los cambios regulatorios de hace algunos años mejoraron la determinación del instrumento. No obstante, se mantienen los desincentivos burocráticos.
De momento Multifondos (perteneciente a Mercado de Valores) no cuenta con fondos de inversión de desarrollo de proyectos; pero Araya comentó que no lo descartan a futuro. Pero para ello se debe mejorar en camino a la sencillez y rapidez en los procesos de contratación de administración pública, dijo la ejecutiva.
Así lo cree también el gerente de puesto de bolsa de Prival Securities, Mauricio Hernández, quien señaló que la necesidad del sector inversionista radica en trámites más expeditos para ejecutar obras públicas en el país. Tampoco cuentan con fondos de inversión de desarrollo de proyectos, aunque aseguró que podrían constituir uno a futuro.
El exceso de trámites es el punto de encuentro ante la consulta de cuál es el mayor desafío para el crecimiento de los fondos de desarrollo de proyectos dirigidos a obras de diversa índole, entre los que podrían haber carreteras, hospitales, escuelas, entre otras infraestructuras públicas.
Esta tramitomanía no es exclusiva para los fondos de inversión de desarrollo de proyectos, pues envuelve a todos los procesos y figuras de contratación de infraestructura pública. No obstante, desincentiva el auge de nuevas alternativas de financiamiento.
Por otro lado, la falta de transparencia en los procesos se ha convertido en una especie de lastre para el desarrollo de infraestructura en el país, lo que complica aún más el panorama para la inversión.
Tanto Danilo Montero, exsuperintendente de valores y director de la Oficina del Consumidor Financiero, como Jaime Ubilla, gerente general de la sociedad administradora de fondos de Improsa, hicieron eco a la necesidad de minimizar la inseguridad jurídica y empujar el desarrollo de este tipo de fondos, que brindarían mayor transparencia a los procesos de construcción y recursos frescos.
“No es la figura de los fondos, si no que estamos llenos de reglamentos, autorizaciones, permisos y eso hace que la herramienta pierda su incentivo”, agregó Montero.
El Reglamento General sobre Sociedades Administradoras y Fondos de Inversión rige los lineamientos para los diferentes fondos existentes en el país; sin embargo, cuando se trata de obras a través de contratación pública, no señala o enumera ningún trámite, pues estos corresponden a la naturaleza de cada tipo de infraestructura y requerimientos de las instituciones públicas involucradas, como municipalidades, ministerios, entre otras.
En efecto, se trata de trámites que no solo afectan a los fondos de inversión, si no a los múltiples participantes e instrumentos que podrían utilizarse para mejorar los procesos de construcción en el país.
Incluso, la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) ha sido enfática en la necesidad de que se emprendan acciones prontas para la eliminación de los trámites innecesarios y duplicados, y que se proceda a la digitalización y facilitación de los que sí resultan procedentes.
Sobre la figura en sí, desde la SAFI del INS, señalaron que existen otros desafíos como que los procesos de autorización están sujetos a interpretación normativa y hay poca claridad respecto a requisitos por parte de entidades participantes. Asimismo, la normativa no permite inversión inicial para la determinación de viabilidades del proyecto.
El gerente general de BN Fondos, Pablo Montes de Oca, explicó que se ocupan ligeros cambios en la legislación vigente para permitir a los fondos de desarrollo ser concesionarios de obra pública y generar mayor infraestructura vial, por ejemplo.
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Mercado para los fondos
Aunque es un instrumento poco utilizado en Costa Rica, el interés en colocar recursos para proyectos tanto privados como públicos está lejos de ser un reto. Araya mencionó que hay inversionistas institucionales como operadoras de pensiones y también de índole patrimonial deseosos de contar con alternativas para diversificar sus portafolios de inversión.
Róger Porras, gerente general de Popular Pensiones, aseguró que las operadoras manejan grandes activos y que parte de ellos podrían ser utilizados para poder desarrollar obra pública en Costa Rica a través de fideicomisos o los fondos de inversión.
“Ahí tendríamos un efecto en cuanto a la recuperación económica y además tenemos que rentabilizar nuestros portafolios para pagar pensiones y ahí podría estarse generando una tasa de rentabilidad que contribuya a esto”, comentó Porras.
A febrero de este año, los activos totales (la suma de los fondos de las seis operadoras) superaban los ¢8 billones, según datos de la Superintendencia de Pensiones (Supen).
Las inversiones que se realizan localmente con dichos recursos se concentran en bonos del Ministerio de Hacienda, por lo que los fondos de desarrollo de proyectos podrían colaborar con el financiamiento de grandes obras, como la planeada “Ciudad Gobierno” que albergaría edificios para varias de las instituciones públicas del país, a la vez que le brinda diversificación a los portafolios de las operadoras, por ejemplo.
“Además estamos hablando de productos que todos vamos a ver y usar, no son inversiones especulativas; y los ciudadanos también podrían participar”, comentó Montes de Oca.
Captación de recursos
Los fondos de inversión de desarrollo de proyectos son instrumentos financieros que administran las sociedades administradoras de fondos de inversión (SAFI).
De acuerdo con información suministrada por el BN Fondos, el objetivo de esta herramienta es captar recursos del público, con el propósito de invertirlos en desarrollar proyectos inmobiliarios, con lo cual las personas que invierten, se convierten en propietarios de los inmuebles en proporción a su inversión y disfrutan de los beneficios que generen los inmuebles sea por alquiler o venta.
Un ejemplo reciente es el nuevo edificio para las superintendencias adscritas al Banco Central, que se construyó a través del primer Fondo de Desarrollo de Proyectos administrado por BN Fondos. Una vez que se obtuvieron los permisos de construcción respectivos, el proyecto realizó una emisión por $21,75 millones y se recibieron ofertas por $28 millones.
“Debido a que participaron inversionistas institucionales como operadoras de pensiones y similares, la participación directa e indirecta alcanzó a más de 340.000 propietarios-inversionistas”, señalaron desde BN Fondos.
En el caso del INS, cuentan dentro de su portafolio con un fondo de inversión orientado al desarrollo de dos centros de salud para ser alquilados y utilizados por la institución.