El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) tomó la decisión de intervenir al Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) debido a sus bajos resultados financieros y al no poder hacer frente a sus obligaciones.
La decisión se tomó esta mañana durante una sesión extraordinaria del Conassif, donde también participaron Helio Fallas, vicepresidente de la República, y Olivier Castro, presidente del Banco Central.
La intervención se cursará por un plazo de seis meses y estará a cargo de Marco Hernández Ávila, como interventor titular, y Johanni Portilla Campos, como adjunto.
La medida se justificó porque Bancrédito entró en irregularidad financiera de grado tres, a noviembre de este año, por el riesgo en áreas de liquidez, rentabilidad y activos, explicó un comunicado de prensa emitido por Conassif la tarde de este viernes.
Además, la situación patrimonial se ha deteriorado desde mayo, con pérdidas netas acumuladas que representan, a noviembre, el 37% del patrimonio.
Por su parte, a las 5 p.m. de este viernes, el Gobierno emitió un comunicado en el cual rechazó las razones por las cuales el Conassif decidió intervenir la entidad y afirmó que lo que ocurra con el banco ahora dependerá de las actuaciones del Conassif y de la Sugef.
Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia, afirmó que la intervención resulta más costosa, prolongada y gravosa que el proceso de salida de intermediación, que había transcurrido de forma ordenada. También, calificó la intervención de ilegal.
Además, según Alfaro, la medida de intervención prolongaría el pago de la deuda que todavía tiene Bancrédito con el Ministerio de Hacienda y desencadenaría en una pérdida de valor de la cartera de crédito.
Aunque desde mayo pasado, el banco inició un proceso para salirse del negocio de intermediación financiera (captar y préstar), vendió una buena parte de su cartera, cerró sucursales y liquido a la mayoría de su personal, aun tenía obligaciones pendientes, entre ellos, certificados de depósito del Ministerio de Hacienda por ¢128.000 millones.
Además, el proyecto de ley que presentó el Gobierno para transformarlo en un banco de fomento, llegó al Congreso, pero ni siquiera se ha empezado a discutir en comisión.
Todo lo anterior, llevo al banco a empezar a arrojar pérdidas mes a mes y a perder el 37% de su patrimonio.
Al intervenir a una entidad financiera, los entes reguladores buscan salvaguardar los intereses de los ahorrantes e inversionistas, así como para mantener la estabilidad financiera, según la Ley Orgánica del Banco Central.
Una intervención no es sinónimo de quiebra. En el caso de Bancrédito, ya no tenía obligaciones con ningun ahorrante o inversionista, excepto con Hacienda.
Al ser intervenido, la junta directiva y el cuerpo gerencial son relevados de sus cargos y se nombra a un interventor que se dedicará a hacer un inventario de los pasivos y activos de la institución, para valorar si la entidad se puede o no salvar.
Cuando el análisis concluye, el interventor presenta un informe al Conassif y de ser necesario, se solicita la quiebra de la entidad a un juzgado.
El Gobierno había decidido que Bancrédito saliera del negocio de intermediación al término de este 2017, pero no logró.
El banco sí pudo vender ¢275.000 millones de su cartera de crédito, dejó de captar dinero, ofrecer créditos, desactivó las tarjetas de crédito y despidió a al menos 400 empleados en los últimos seis meses.
Sin embargo, todavía le hace falta liquidar a 91 personas (para quedarse con 200 empleados previsto desde el inicio del proceso de desintermediación), vender el resto de cartera, pagarle a Hacienda y deshacerse de algunas propiedades.
Además de lo anterior, todavía tenía el reto de continuar con la optimización de los negocios que aún le quedan para así registrar mejores ingresos.
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- ALGUNOS DATOS RELEVANTES:
- El patrimonio de Bancrédito a noviembre fue de ¢42.531 millones, tras una caída de 37%, respecto a noviembre de 2016.
- También a noviembre, el banco registró ¢24.918 millones en pérdidas.
- En 7 de los 11 meses transcurridos del año, Bancrédito registró pérdidas.
“El capital del banco está intacto, pero esto no podrá aguantar mucho más allá de diciembre (sin el proyecto de ley), de lo contrario nos vamos a empezar a “comer el capital”, afirmó el gerente general del banco, Gerardo Porras a EF en noviembre anterior.
La lista de los negocios vigentes del banco está conformada por los fideicomisos, la comercializadora de seguros, la recaudación de impuestos de salida aérea y terrestre, y la administración de las tiendas libres de impuestos que tiene el IMAS en aeropuertos. También están las tarjetas prepagadas y el almacén de depósito fiscal y agrícola.
Bancrédito pactó un convenio con el Banco Nacional para que este se encargue de realizar los pagos pendientes de Bancrédito a algunos clientes, en específico, certificados de depósito a plazo, cuentas de ahorro, e inversiones que iniciaban su vencimiento.
Fueron ¢6.379 millones y $4,4 millones de dinero de clientes enviados al Banco Nacional, mediante la figura "comisión de confianza". Esto significa que el Nacional administra y paga todos los compromisos de Bancrédito, y este último le trasladaría el dinero para que ejecute los pagos.
Desde setiembre pasado, la entidad solicitó a Sugef que le brindara una supervisión especial, mientras avanzaba en el proceso para desligarse de la intermediación, pero la respuesta del supervisor fue que se regularía como al resto de entidades hasta tanto no llegara el proyecto de ley.
El texto propuesto por el Gobierno y enviado al Congreso pretendía convertir a Bancredito en un banco de fomento al desarrollo.
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En entrevista con EF, Mariano Segura, comisionado del Consejo Económico Presidencial, explicó que la hoja de pasivos de Bancrédito se limpió y el único acreedor que queda es el Ministerio de Hacienda, por lo que intervenirlo coartaría el proceso de desintermediación ordenada que se ha hecho y las posibilidades de transformar al banco en uno de fomento.
El Gobierno trabajaría un texto que afinaría la propuesta del proyecto de ley ya presentada, de modo que atienda las inquietudes de algunos grupos y diputados que han mostrado disconformidades.
Entre tanto, la cartera de crédito que aún está en manos de Bancrédito asciende a unos ¢152.000 millones, mientras la deuda con Hacienda es de ¢128.000 millones, correspondiente a inversiones hechas en certificados a plazo.
Los préstamos que no pudo vender el banco se trasladarán a un fideicomiso que le otorgaría de cierta liquidez al banco para inclusive, reducir la cantidad de personal, indicó Segura.
Sin embargo, este fideicomiso todavía no está listo y el tiempo se acorta.
Entre golpes y tumbos
Prácticamente, desde inicio de año, Bancrédito empezó a ver cómo se le agotaba el oxígeno. El mercado financiero le reducía su participación por la fuerte competencia.
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El banco sufrió por la pérdida de la administración del Sistema de Banca para el Desarrollo y también por alguos créditos corporativos que se deterioraron (como los de Yanber y Casa Blanca).
También, los gastos administrativos y de personal no le permitían obtener un buen balance.
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Por eso, el Consejo Económico Presidencial decidió analizar una estrategia de cómo salvar al banco. Tenían claro que el futuro de la parte comercial del banco era escaso, por lo que tenían que darle un giro a la operación.
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Desde marzo pasado, Mariano Segura explicó que en busca de esa transformación, el Gobierno trabajaría en una propuesta que pretendía convertir a Bancrédito en un banco de fomento.
Mientras ese proyecto de ley era elaborado, y dadas las pérdidas que mostraba Bancrédito, se decidió que era momento de que la institución empezara a desligarse del negocio de intermediación (captación de recursos del público y el giro de préstamos) y de que los bancos estatales le echaran el hombro.
Entonces, el Gobierno anunció en mayo la transformación y a partir de ese momento pondría a la venta su cartera de crédito en busca de una estabilidad financiera en el largo plazo y para acelerar su transformación hacia un banco de fomento.
Sin embargo, el texto llegó al Congreso hasta el 20 de julio y ni siquiera ha sido analizado por los diputados.
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La entidad bancaria presentó varios planes estratégicos a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) de cómo saldría de la intermediación y qué medidas tomaría su administración para darle sostenibilidad a la entidad.
Además, se logró un convenio con el Banco Nacional por ¢2.000 millones, para recibir por adelantado la comisión que recibía Bancrédito por el cobro de los impuestos de salida del país, de los siguientes 17 meses.
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Al mismo tiempo, Bancrédito se daba a la tarea de vender su cartera y rentabilizar los negocios marginales que aún le quedaban para generar ganancias.
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* Colaboró con esta información, el periodista Édgar Delgado.
* Esta nota fue ampliada posterior a su publicación.