El Tribunal Contencioso Administrativo de San José emitió una resolución en la que ordenó suspender el remate de una casa de habitación financiada mediante un préstamo bancario y que por incapacidad del deudor tuvo que suspender los pagos.
El caso fue presentado en la instancia judicial hace dos semanas por la Asociación de Consumidores Libres (ACL), entidad que también ha colaborado con otros deudores para deterner remates por morosidades de deudores, facilitadas por lo que denominan como cláusulas abusivas.
La suspención de este remate ocurrió por la resolución 1403-2013 del Tribunal. El deudor es Fernando Cortés, quien realizó el contrato del préstamo en junio del 2011.
Hace nueve meses, la complicación de enfermedades lo llevó a incapacitarse de forma permanente y, por lo tanto, dejar de recibir ingresos. De esta manera, Cortés dejó que hacer los pagos mensuales y puntuales que venía haciendo.
La entidad financiera aplicó proceso de cobro judicial y remate al tercer mes de morosidad.
Ante la incapacidad, decidió solicitar la indemnización por incapacidad permanente que otorga el mismo seguro que se paga en la operación de crédito. No obstante, la entidad aseguradora no ha procedido con el pago a pesar de que se solicitó hace nueve meses, explicó Adriana Rojas, directora legal de la ACL.
Rojas explicó que el atraso viene porque el Instituto Nacional de Seguros (INS), que es la entidad aseguradora, pidió a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) una constancia de incapacidad para Cortés. Sin embargo, Rojas añadió que la CCSS argumentó que solamente emite esas certificaciones para procesos de jubilaciones.