Históricamente el mercado primario de Costa Rica se ha caracterizado por tener poca participación por de emisores privados, pero en el 2021 ocurrió una contracción importante y que el terreno ganado en el años anteriores desapareció.
La participación del sector público en el mercado bursátil acapara más del 70% de las operaciones, el porcentaje restante es reñido por emisores privados. Para este año la colocación privada fue de apenas un 24% sobre el monto total transado.
A pesar de un total de 24 emisores participantes, tanto en el 2020 como en el 2021. En comparación con el año anterior el monto transado tuvo una contracción del 25%.
Para el 2020 la participación de emisores privados en el mercado primario, en términos de volumen transado, inclusive presentó una variación interanual positiva del 5% después de un 2018 y 2019 con contracciones del 15% y 4%, respectivamente.
Si se toma en términos de cantidad de emisores, desde el 2018 ha caído la participación de estos, de manera que para el 2020 —pese a que el monto fue más significativo— el mercado solo tuvo 24 generadores de títulos. De estos, el 99% de estos son del sector financiero.
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Tradicionalmente los participantes privados son bancos, financieras y mutuales, es decir empresas del sector financiero, con la eventual aparición de algún otro segmento.
Sobre los últimos seis años solo el 2017 y 2018 tuvieron más de 30 emisores anuales.
Los últimos dos años de pandemia representaron un escenario atípico para la economía nacional y este efecto se vio reflejado en los participantes del mercado primario y sus intervenciones.
Adriana Rodríguez, gerenta general de Acobo Puesto de Bolsa, explicó que la participación de emisores en el mercado ha disminuido considerablemente por la la coyuntura macroeconómica.
“Costa Rica ha tenido periodos de alta inestabilidad en las tasas de interés en el mercado bursátil producto de la incertidumbre alrededor de las finanzas públicas, principalmente durante el 2018 y 2019 y de nuevo durante la pandemia. Eso provoca una distorsión para determinar una tasa atractiva y bien valorada que funcione tanto para el emisor como para el inversionista y que sea materialmente mejor a las condiciones que un emisor puede conseguir a través de una entidad bancaria por medio de un préstamo”, agregó Rodríguez.
Otras razones que cita la economista es el aspecto cultural, debido a que hay desconocimiento de los beneficios tangibles de emitir deuda en el mercado bursátil o inclusive capital accionario.
También como tercer punto menciona que puede afectar la percepción de que existe una barrera regulatoria de entrada, tanto como un largo proceso de inscripción u otros costos altos para emisores primerizos.
En el caso de los emisores bancarios, por sus necesidades de captación de recursos, sus indicadores financieros de naturaleza públicos, altamente regulados y por su participación del mercado bursátil a través de sus puestos de bolsa o representantes, son un componente natural del mercado.
Los bancos se enfrentaron a un escenario de extrema liquidez con la llegada de la COVID-19, el Gobierno Central por su parte tuvo recurrir a las entidades del sistema financiero nacional para financiarse.
Esto quedó en evidencia porque las negociaciones del mercado primario tuvieron una mayor participación en términos de montos transados vinculados a los privados.
Sector privado toma fuerza
Pese a que el mercado de valores en términos generales está principalmente movido por el Gobierno Central, el sector privado ha venido aumentando su participación.
Por ejemplo para el 2017 la cantidad de colocaciones privadas aumentaron en un 42% mientras que las del sector público solo un 12%. No obstante para los siguientes dos años hubo una contracción significativa.
En términos de porcentaje de participación sobre el total transado para el 2017, 2020 y 2021 hubo un aumento del sector privado, pero sigue siendo menor de un 25% pues el restante 75% pertenece al sector público.
En una entrevista para El Financiero, el nuevo director de la Bolsa Nacional de Valores, César Restrepo, aseguró que Costa Rica debe de apostar por una “educación bursátil” extendida a toda la población, que permita acercar al sistema a inversionistas experimentados, al parque empresarial costarricense y a los ahorrantes particulares.
“Lo más importante y es un legado que quiero dejar, es que sea un mercado incluyente, que haya capacidad y facilidad para el pequeño y mediano empresario y también para el pequeño y mediano inversionista; que se quite ese mito de que la Bolsa es solamente para cierto tipo de inversionista o empresario”, comentó el nuevo director de la Bolsa a inicios de diciembre.
Por su parte Paúl Castro, director de operaciones de la Bolsa Nacional de Valores aseguró que la BNV ha sido un actor fundamental en la consecución de recursos para el Ministerio de Hacienda, de manera histórica.
Pero considera necesario ordenar participación del sector público en el mercado local.
“En eso se ha venido trabajando, hace ya algunos años, se comenzó con un programa de mejoramiento de gestión de la deuda pública. Eso lo que pretende es que en la medida en que el mercado primario del Ministerio de Hacienda tenga reglas y condiciones estándar a nivel internacional pueda facilitar en algún momento que su mercado se extienda no solo a inversionistas costarricenses, sino a inversionistas fuera del país”, destacó Castro.
Lucía Fernández, superintendente de Valores coincidió con la premisa de una mejora en la deuda como mecanismo para aumentar la participación privada en el mercado primario.
En el 2020 la Superintendencia de Valores (Sugeval) trazó una hoja de ruta con medidas alternas que pretenden mejorar la participación en el mercado.
“Las empresas podrían alcanzar mayores grados de eficiencia si pudieran emitir deuda de mediano y largo plazo bajo la modalidad de bonos al vencimiento, pues liberan recursos para capital de trabajo y otros proyectos necesarios para el crecimiento; también hay necesidades fuertes de financiamiento de grandes proyectos país que podrían ser candidatos para acudir al mercado bajo la figura de fideicomisos”
— Adriana Rodríguez, economista
Emisores
Entre los emisores privados de mercado primario el Banco Nacional, Banco Popular y BAC Credomatic son los principales participantes, de hecho siempre están en los primeros diez lugares con mayores montos transados.
Salvo por entidades del sector financiero, el 2021 tuvo la particularidad de que contó con la participación de ILG Logistics, una empresa que tras la adquisición de Tilo Ecommerce reactivó sus apariciones en el mercado primario.
Adicionalmente en un esfuerzo por diversificar participantes y de la mano de la hoja de ruta de la Sugeval, el Banco Centroamericano de Integración y Desarrollo (BCIE) apareció en el mercado después de dos años de inactividad.
El BCIE emitió un bono en Costa Rica por ¢23.800 millones como parte de su estrategia de integración en los mercados de capitales de la región.
La emisión tiene un plazo de tres años, con un rendimiento al vencimiento de 2,40%. Uno de los principales propósitos del BCIE es mantenerse activo en los mercados domésticos regionales y convertirse en un participante recurrente, por lo que el pasado viernes realizó su sexta participación en Costa Rica.
Anteriormente había tenido participación en el mercado primario de Costa Rica en los años 2017 y 2018.
En términos generales los emisores de deuda costarricense prefieren los instrumentos a plazos mayores a tres años. De hecho los mayores montos se transan con esas condiciones.
En los últimos tres años el plazo con menores montos ha sido el que comprende un periodo mayor a 30 días pero menor a 90 días.
Iniciativas sin resultados
Sugeval valora un mecanismo para diversificar los participantes y a su vez mejorar el perfil de deuda del Hacienda y así evitar que continúe acaparando el mercado.
La iniciativa resurgió en la mesa de diálogo nacional de octubre del 2020 y le permitiría al Poder Ejecutivo tener un atajo hacia recursos foráneos sin la aprobación del Congreso, pues estos no serían catalogados como deuda externa.
El plan permitiría diversificar la base de inversionistas y quitaría presiones sobre el mercado interno. Sin embargo, su aplicación lleva 12 meses en el papel sin pasar a alguna acción concreta.