La ampliación del Canal de Panamá comenzará a operar en 2016 tras la crisis surgida por falta de liquidez, aseguró el administrador de la vía, Jorge Quijano, luego del acuerdo alcanzado con el consorcio que realiza los trabajos.
"El plan aquí es que nosotros entraríamos en operación comercial en enero de 2016", aseguró Quijano en conferencia de prensa, al comentar sobre el pacto alcanzado el jueves y que formalmente será firmado el 6 de marzo, una vez que sea debidamente redactado.
La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) acordaron la inyección de recursos para concluir la obra, seriamente amenazada por falta de liquidez de GUPC, luego de dos meses de conflicto y negociaciones.
"Este camino que hemos escogido, que no es perfecto, tiene las ventajas de que podemos reiniciar la obra rápidamente y con la inyección que se le va a estar dando a la obra en sí pudiéramos estar hablando que la obra se termina en el año 2015", aseguró Quijano.
El acuerdo establece que la ACP y GUPC adelantarán $100 millones cada uno para que el ritmo de las obras se normalice.
El convenio también establece que la moratoria del pago por $784 millones ue ACP le había adelantado a GUPC se extenderá hasta 2018, siempre y cuando el consorcio entregue las compuertas de las nuevas esclusas a más tardar en diciembre.
"Este acuerdo garantiza que la obra se termine en el tiempo más perentorio. La ACP mantiene su norte y este nuevo paso nos lleva más cerca a completar la obra", según Quijano.
Además, GUPC debe gestionar con la aseguradora Zurich America International -que con $600 millones de fianza protege la inversión- $400 millones que irían a parar a un fideicomiso gestionado por el consorcio y la ACP.
Unas vez concluidas las obras, el Canal necesita un período de pruebas antes de su inauguración final, que sería ahora en 2016.
Las obras debían concluir en 2014, en coincidencia con el centenario de la vía, pero los trabajos se atrasaron y las autoridades anunciaron el fin del proyecto para junio de 2015, fecha que después fue corrida por la crisis de financiamiento del proyecto a diciembre de ese mismo año.
El conflicto, que llevó incluso a la paralización de las obras entre el 7 y 20 de febrero, estalló el 30 de diciembre cuando el consorcio reclamó a la ACP un sobrecosto estimado de 1.200 millones de euros ($1.600 millones) por la construcción del tercer juego de esclusos.
Con el acuerdo, GUPC se comprometió a esperar al resultado de un arbitraje para asignar la responsabilidad final de los costos adicionales.