Que un comercio o banco sea víctima de un asalto siempre es una situación difícil. Sin embargo, el impacto económico puede ser mayor al sustraído por los delincuentes si no se tienen las medidas de seguridad adecuadas.

Las consecuencias se intensifican si en el suceso hay clientes ya que estos pueden hacer reclamos judiciales a pesar de que no se les despoje de alguna de sus pertenecías ni resulten heridos físicamente.

Este tema cobra mayor importancia cuando la cantidad de asaltos a comercios y bancos aumentaron un 42% del 2012 al 2018, según estadísticas aportadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Durante esos siete años, los tres tipos de negocios más afectados lo componen las pulperías, abastecedores, minisúper y carnicerías (1.684 incidentes), seguidos por los restaurantes y sodas (941) y, finalmente, las oficinas o empresas (654).

Los bancos se posicionan en el puesto 21 –con apenas 25 incidentes en siete años– de las 30 categorías que considera el OIJ en sus bases de datos.

Compañías como McDonald’s, Pizza Hut, Banco Nacional, Banco de Costa Rica y BAC Credomatic han sido víctimas de la delincuencia y en los últimos años intensificaron las medidas de seguridad.

Al tomar previsiones disminuyen las posibilidades de ser víctima de un asalto, pero también de que, en caso de que ocurra, el negocio deba asumir una serie de responsabilidades de cara al cliente.

Ewald Acuña, abogado penalista, explicó que desde la perspectiva penal no hay ninguna razón de que exista responsabilidad de los negocios, pues el delito lo cometen personas ajenas al establecimiento.

No obstante, el comercio sí tendría algún tipo de responsabilidad penal si alguno de sus colaboradores participa o está vinculado con la comisión del delito.

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Pero más allá de las instancias penales, el consumidor puede recurrir a la vía civil para lograr una compensación económica si considera que el suceso lo afectó física, emocional o materialmente.

“Es un asunto de prueba, tiene que probar que el comercio fue negligente con la seguridad. Es un camino complicado, no imposible, pero no es un camino sencillo para quien establezca una demanda contra el comercio”, destacó Erick Ulate, abogado y presidente de Consumidores de Costa Rica.

También se puede dar una condena civil bajo el sistema de responsabilidad objetiva, creado para evitar que por dificultades probatorias queden desamparadas las víctimas de las actividades empresariales que por su naturaleza sean generadoras de riesgos para la integridad física o el patrimonio ajeno.

Sobre este último punto existe un precedente con la condena al Banco Nacional de Costa Rica después del intento de asalto en la sucursal de Monteverde, Puntarenas, en el 2005. En este incidente fallecieron seis rehenes y un policía.

En la resolución 01333-2007 de la Sala Tercera de la Corte (fecha) se condenó civilmente a la entidad bancaria, con base en la responsabilidad objetiva. El Tribunal sentenció a la entidad a pagar los daños y perjuicios en favor de las personas afectadas.

La Sala respaldó su criterio, en esa ocasión, con la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor 7472.

Con esa legislación se pretende garantizar la seguridad de los clientes. Por ejemplo, el artículo 32, en el inciso a, establece que un derecho fundamental de los consumidores es la protección contra los riesgos que puedan afectar su salud, su seguridad y el medio ambiente.

También, el artículo 35 de esa misma ley, indica que las empresas deben responder concurrente e independientemente de la existencia de culpa, si el consumidor resulta perjudicado por razón del bien o el servicio, de informaciones inadecuadas o insuficientes sobre ellos o de su utilización y riesgos.

En ese mismo apartado queda claro que solo se libera quien demuestre que ha sido ajeno al daño. No obstante, “los representantes legales de los establecimientos mercantiles o, en su caso, los encargados del negocio son responsables por los actos o los hechos propios o por los de sus dependientes o auxiliares”, cita dicho artículo.

Salvaguardia empresarial

Desde restaurantes de comida rápida hasta bancos aplican diversas fórmulas para evitar ser víctimas de asaltos y toman medidas con los clientes involucrados en un incidente para evitar acciones judiciales en su contra.

En los primeros dos meses del 2019, McDonald’s fue víctima de al menos cuatro asaltos en sus puntos de venta de Sabanilla, Sabana Sur, Parque de la Paz y Guadalupe.

La cadena de restaurantes de comida rápida argumenta que en cada uno de esos incidentes se activaron adecuadamente sus protocolos, cámaras de videovigilancia y sistemas de seguridad.

No obstante, después de lo ocurrido, McDonald’s informó que procedió a bajar el efectivo disponible y prohibieron el ingreso a sus locales de personas con el casco de motocicleta puesto.

“Trabajamos en coordinación con las autoridades estrechando medidas y acciones inmediatas que permitan minimizar futuros incidentes para seguridad de nuestros clientes y colaboradores”, dijo Esteban Sequeira, managing director de Arcos Dorados.

Pizza Hut es otro restaurante que ha sido víctima de la delincuencia. Solo en el 2018 reportaron seis asaltos pese a que tienen alarma, cámaras de seguridad, cajas fuertes con programación digital para apertura, transporte diario de valores y guardias de seguridad en algunos de sus establecimientos.

La mayoría de los incidentes del año pasado sucedieron después del cierre de los locales. En aquellos en los que estuvieron presentes clientes, se intentó tranquilizarlos y se les brindó una cortesía.

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Banco Nacional, BAC Credomatic y Banco de Costa Rica se concentran en evitar que los asaltos se presenten, pero en caso de que se den, la prioridad es la integridad física de sus clientes y colaboradores.

Algunas de las medidas que ejecutan son contratar oficiales de seguridad, patrullaje motorizado, alarmas, controles de acceso y circuito cerrado de televisión.

En caso de que no puedan impedir el asalto, la mayoría de las entidades bancarias, procuran brindar apoyo físico y emocional a las personas que estuvieron presentes.

Aunque las responsabilidades sobre diferentes hechos las deben determinar los tribunales de justicia, los comercios se encuentran en la obligación de recurrir a todas las medidas posibles para hacer de sus establecimientos lugares seguros. De esta manera, evitarán no solo las consecuencias inmediatas de un asalto, sino también aquellas que puedan venir con el paso del tiempo tras finalizar uno o varios procesos judiciales en su contra, por parte de clientes afectados.