Cuando se analiza –por ejemplo– el desarrollo de una nueva carretera, ya sea en la Presidencia, el MOPT o la Contraloría, se utiliza como criterio dominante el monto de la inversión en relación con la capacidad de tránsito, los parámetros técnicos de la obra y su impacto ambiental.
Sin embargo, no se cuantifica en ese análisis el impacto sobre la productividad agregada país y su competitividad; sobre la calidad de vida de los ciudadanos, ni sobre la dinámica de inversiones que se genera a su alrededor.
Una nueva carretera elimina tiempos muertos en el tránsito de personas y de inventarios de bienes, logra un menor desgaste de vehículos, ahorros significativos en combustibles, lubricantes y repuestos, y a la vez abre nuevas zonas de urbanización, comercio y producción.
Pero generalmente este análisis queda solo implícito, por lo que las obras tienden a subdimensionarse o retrasarse en función de la capacidad de inversión del fisco, como si no hubiera fuentes alternativas de recursos en el conjunto de la sociedad que estarían encantadas de financiar proyectos con tal rentabilidad económica y social.
Iguales problemas de análisis y enfoque se dan alrededor de la inversión y construcción de muchas otras obras por parte del Estado y sus instituciones, lo que lleva a malas decisiones en inversiones en temas tan importantes como generación de energía, sistemas y automatización de procesos, telecomunicaciones, puertos, aduanas y muchos más.
Sería ideal crear la capacidad de hacer el análisis de inversiones de las principales obras del país desde una perspectiva nacional e integral, que realmente tenga como objetivos optimizar la productividad, competitividad, calidad de vida, efecto multiplicador en la economía y sostenibilidad del país, en vez de estar determinadas por los costos y parámetros técnicos de cada obra.
¿Será posible un cambio de perspectiva de esta magnitud?