En muchas partes del mundo se usan las concesiones de obra pública como lo que son: poner recursos privados al servicio público, otorgando a cambio una compensación financiera justa y proporcional al monto y riesgo involucrado.
En Costa Rica eso ha sido imposible de lograr.
Las pocas concesiones que funcionan bien se han logrado después de complejas batallas legales e ideológicas, con inversiones muy superiores a las de diseño, con concesionarios inicialmente insatisfechos y con el Gobierno bajo sospecha de haber negociado mal y hasta de corrupción.
La opacidad de la gestión de la concesiones las hace, muy naturalmente, sospechosas. Su estructura, negociación y contrato deben estar a la vista de quienes las quieran ver.
No hay razón para que no se manejen con absoluta transparencia si en verdad son un buen negocio para el país.
Las concesiones son una buena práctica, pues aparte de generar inversión y empleo durante la construcción, mantenimiento y operación de las obras de infraestructura, liberan recursos escasos que el Gobierno puede dedicar a otras prioridades.
Y hay que medir bien su impacto. El costo de los peajes –para usar el ejemplo de una carretera– debe compensarse no solo en una buena y más segura superficie de rodaje, sino en menor desgaste del vehículo, menor consumo de combustibles, menor tiempo en tránsito de los pasajeros, menos horas de trabajo y estrés para los conductores, y más... todo lo cual debe formar parte del análisis relevante.
Al final se trata también de asegurarse que cada proyecto signifique una mejora tangible para quienes deberán pagar de manera directa por su uso.
Hagamos uso en nuestro país del instrumento de las concesiones.
Aumentemos la base total de recursos disponibles para mejoras en infraestructura y algunos otros servicios que requieren avanzar con urgencia y sin sacrificar otras áreas de la gestión del Estado.
Pero, por favor, hagámoslo bien. Nada cuesta.