A propósito del reciente proceso de diálogo sobre la reforma fiscal propuesto por el Ministerio de Hacienda, creo que cualquier nuevo ingreso fiscal debe venir precedido de seis garantías:
Primera. Que se cumplirá y demostrará con datos transparentes que se ha reducido el gasto corriente en aquellas áreas que ya no son importantes para la estrategia nacional de desarrollo, efectivamente eliminando puestos y hasta departamentos obsoletos en los ministerios e instituciones del Estado.
Segunda. Que se eliminará la alcahuetería hacia los profesionales independientes y se logrará cobrarles de manera eficaz los pagos que hoy evaden, incluyendo la imposición de una renta presuntiva alta aunque no se hayan inscrito anteriormente como contribuyentes.
Tercera. Que se dará a conocer al público el contenido detallado de los privilegios injustificados contenidos en convenciones colectivas que aumentan los costos, reducen la competitividad y afectan la equidad en las instituciones del Estado, y, además, se trabajará con firmeza para reducirlos.
Cuarta. Que se le demostrará al país, con transparencia y una rendición de cuentas clara y sencilla, que los nuevos ingresos han mejorado de manera tangible la productividad agregada del país o el bienestar del 20% más pobre de la población.
Quinta. Que será fácil y transparente tributar, sin complejidades ni en el cálculo ni en el pago de los nuevos impuestos.
Sexta. Que se publicará cada año, de manera clara, la carga impositiva total, incluidos impuestos indirectos y descentralizados, que pesa sobre cada sector productivo costarricense, sobre los contribuyentes en cada nivel de ingresos y sobre el producto interno bruto.
De verdad creo que no es mucho pedir.
Es más, es lo mínimo aceptable si se quiere aumentar la carga que ya pesa sobre los empresarios y asalariados del país.