Los movimientos sociales en ascenso revelan una profunda necesidad ciudadana de expresión política más allá del momento electoral.
La gente quiere, sin renunciar a elegir a sus representantes, vigilar el ejercicio del mandato y pronunciarse sobre las decisiones de la administración y de los legisladores en el espacio interelectoral.
Dada la reticencia imperante para cambiar el actual sistema de representación, es importante introducir un mecanismo para que las reivindicaciones y protestas puedan expresarse y discutirse en el seno del Parlamento.
Debe cambiarse la legislación para que, previa la recolección de un cierto número de firmas, los representantes de movimientos de protesta o quienes propongan iniciativas populares, tengan la oportunidad de comparecer ante la Asamblea Legislativa en los apartados de control político o en el debate en plenario de estos proyectos.
Su participación estaría restringida a un derecho de voz, no de voto, y sujetos al mismo reglamento que norma la conducta de los diputados.
La razón de fondo de este mecanismo reside en el imperativo de dar expresión formal al disenso más allá de la manifestación callejera.
Se trata de una nueva vía para hacer llegar lo público a la política.
Los dirigentes de los movimientos seleccionarían a sus portavoces, quienes harían uso de ese nuevo espacio, luego de cumplirse con la recolección de las firmas necesarias.
Los tímidos no deben asustarse ante esta innovación. Nuestro proceso legislativo admite ya la comparecencia ciudadana ante las comisiones legislativas. De lo que se trata es de extender este principio a la actividad del plenario legislativo, inscribiéndolo así en el debate nacional más amplio.
La movilización creciente nos revela que la ciudadanía quiere codecidir y cocrear. Incorporar este deseo ciudadano en el periodo interelectoral es crucial para la sobrevivencia y remozamiento de la democracia representativa.