No tengo problema con castigar una persona si un fraude es cometido con intención, si se comete un abuso sistemático y doloso para evadir las obligaciones de las leyes fiscales.
Sí tengo problema en que se utilice el fisco y su sistema de sanciones para desestimular aún más la inversión y el emprendedurismo en el país, para promover esa imagen tan difundida en otras naciones de que los empresarios son explotadores sin alma y sin derecho al beneficio de la duda.
Extraña esta dureza en un país en que el mal uso de los recursos fiscales no es sancionado, en que el sistema le permite a los funcionarios públicos ser negligentes y hasta perder miles de millones de manera inexplicable y aún así recibir incentivos inmerecidos año tras año y sin explicación ni responsabilidad de su parte.
Extraña esta dureza en un país donde los funcionarios públicos presupuestan, acuerdan y hasta legislan en beneficio propio, sin que siquiera se les cuestione en las instancias de control, en el sistema judicial o tan siquiera en un sistema adecuado de evaluación del desempeño.
En este mismo país hay gente que es arrestada hasta cien y más veces por “faltas menores”; que incurre en violencia sistemática contra vecinos y familiares; o que manejan y hasta matan bajo los efectos del alcohol y nunca van a la cárcel.
El mensaje es claro: el empresario es sospechoso de antemano y si defrauda al fisco merece cárcel automática. El empleado público siempre merece ser premiado independientemente de su eficacia, eficiencia o probidad.
¿Cómo no van querer nuestros jóvenes ser empleados públicos en vez de empresarios?
Si el sector público –ejecutivo, legislativo, judicial y sindical– sigue empujando, un día de estos se va a dar cuenta de que se le fue la mano y entonces se quedará sin recursos –no por defraudación– sino porque los empresarios generadores de empleo y de recursos para el sector público habrán buscado mejores ambientes para invertir.