Imagino que existe en nuestro país una gran mayoría de personas que opinan lo mismo: nadie cuida de los hijos tan bien como lo hacen sus madres y padres.
Las juntas de padres de familia existen como mecanismo de apoyo y control para las escuelas y colegios del país desde que fueron creadas para este propósito en el gobierno de don José María Castro Madriz.
Son, por lo tanto, una de esas ideas e instrumentos que han superado la prueba del tiempo.
De su conveniencia y valor no tengo duda.
Pero lo cierto es que la mayor parte de sus miembros no están preparados para representar bien la demanda –las necesidades que deben llenar las escuelas y colegios en términos de contenidos, destrezas, infraestructura y tecnología– pese a sus buenas intenciones y al control que ejercen sobre los recursos y presupuestos de las escuelas.
Quienes las componen, nombrados por las municipalidades, sin remuneración alguna y frecuentemente por largos años, nos han representado al nivel de sus posibilidades ante el sistema educativo del país y eso debe agradecérseles siempre.
Pero el nivel de exigencia sobre el sector educativo hoy es otro.
Es necesario fortalecer las juntas en términos de su composición y capacidades con la intención de que hagan una mejor representación de la demanda nacional y de cada familia ante el sistema educativo; esto con la idea de que este se fortalezca, modernice y responda mejor a las necesidades y expectativas de los jóvenes y niños y del modelo de desarrollo del país.
El Ministerio de Educación y la Fundación Gente están trabajando a fondo en este tema y ya tienen en marcha un programa conjunto de fortalecimiento y capacitación para las juntas.
Se trata de otro paso firme en la dirección correcta, impulsado por una alianza público-privada que responde a una necesidad prioritaria de alcance y relevancia nacional.