La reciente elección de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia debe llevar a reflexión sobre los procesos internos de la institución y sus relaciones con otros poderes del Estado.
Elizabeth Odio ha señalado que impartir justicia es una de las funciones del gobierno de la Polis, las funciones judiciales son políticas.
Lo anterior no quiere decir que sean partidarias o que lo deban ser, tan solo constata que son parte de las relaciones de poder en el Estado.
Esta elección ha puesto en evidencia la presencia de tres tendencias o grupos de poder; ha revelado la politización del gobierno judicial; lo que ocurre en el viejo barrio de la universidad no es solo aplicación de textos legales. Divisiones ideológicas, generacionales, de género y de origen político, recorren el organismo judicial.
Las contradicciones se han acumulado y se han expresado en una intensa lucha que culminó en el Pacto Villanueva-Arroyo.
La coalición triunfante enfrenta el reto de la unidad frente a los desafíos de complicadas relaciones con los otros poderes del Estado. Recordemos el conflicto con la Asamblea Legislativa suscitado por la reelección del magistrado Cruz.
En lo interno, aunque se lograron reunir los votos suficientes para la elección, la oposición mostró fortaleza y la estabilidad de la mayoría es frágil.
Nuevos episodios se avecinan, como son las elecciones de dos magistrados constitucionales, las que pondrán a prueba la relación de la Corte con la Asamblea.
Para quienes traten de leer este complejo panorama, es conveniente recomendar que eviten las visiones unidimensionales. En estos procesos intervienen factores de la vida partidaria (nombramientos); pero los procesos internos de la Corte tienen autonomía relativa (generaciones, diversas filosofías judiciales, género).
Esperemos que la nueva presidenta de la Corte sepa gestionar con sabiduría las diferencias y logre la unidad en la diversidad.