Se han puesto a disposición del Gobierno dos indicadores de desempeño que deben cambiar la eficacia y eficiencia de las políticas sociales del Estado.
Me refiero, en primer lugar, al Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), diseñado por la Universidad de Oxford e introducido al país por Horizonte Positivo, organización que ha promovido una interesante alianza con el Gobierno.
En segundo lugar, al Índice de Progreso Social (IPS), diseñado por el Social Progress Imperative, con asistencia metodológica de la Universidad de Harvard y del Instituto Tecnológico de Massachusetts, impulsado en el país por Incae y la Fundación Latinoamérica Posible.
El IPM está diseñado para identificar las necesidades más urgentes de las familias y comunidades que viven en pobreza; con el apoyo de tecnologías digitales, debe ayudar a dirigir de manera más precisa los recursos de los programas sociales del Gobierno hacia las familias pobres del país.
El IPS, con una estructura integral representativa de toda la sociedad y no solo de los más pobres, permite evaluar la eficacia con que el país convierte su crecimiento económico en progreso social e identificar aquellas áreas en que se debe mejorar el desempeño para alcanzar estados más altos de bienestar colectivo.
Estas dos herramientascomplementan las mediciones económicas tradicionales.
No vienen a sustituir la agenda de crecimiento de la productividad y la economía, sino más bien a identificar aquellas inversiones y políticas que ayudarán a que el crecimiento de la economía se traduzca en bienestar colectivo, así como qué programas y transferencias se deben hacer para erradicar la pobreza que pesa sobre nuestra sociedad.
Costa Rica es una de las naciones a la vanguardia del movimiento para cambiar la forma de medir el desempeño de los países hacia una medición integral, con indicadores sociales y ambientales, que complementen las tradicionales variables económicas.
Esta es una buena noticia.