El Gobierno ha enviado a sesiones extraordinarias el proyecto de ley 18.968, para reinstaurar la emisión de licencias para la pesca de arrastre en nuestro país.
Imposible poner en una columna todo el daño a la biodiversidad y el hábitat marino que esta práctica pesquera causa, pero baste con decir que es considerada la más destructiva forma de pesca desde una perspectiva ambiental y de sostenibilidad productiva.
Desde la perspectiva social, beneficiar a unos pocos empresarios que reciben las licencias —menos de 30 en total— y las pocas familias que dependen de ellas, afectará la subsistencia de miles —hasta 15.000— pescadores artesanales que ven minada su captura diaria por esta destructiva práctica.
El estudio técnico en que se basa el proyecto de ley no es avalado por ninguna organización científica o académica y los datos en que se sustenta no han sido compartidos con las organizaciones, incluida la Universidad de Costa Rica, que los han solicitado a Incopesca. Opacidad total.
La suspensión de la pesca de arrastre no encarece el camarón ni tiene por qué afectar el empleo indirecto del sector —limpieza, empaque, logística— pues el camarón de cultivo ha sustituido la producción perdida del mar sin problema y con impactos ambientales menores.
La ley fue impulsada por una comisión de “asuntos puntarenenses” y no por una comisión ambiental y/o social, enfocando su análisis en el impacto sobre una industria en franco declive por la naturaleza de su actividad, y no en el bien común y la sostenibilidad ambiental.
De hecho, el Ministro de Ambiente se ha expresado abiertamente en contra del citado proyecto de ley.
Que después no se pregunte nadie por qué caemos en índices internacionales de competitividad, sostenibilidad y progreso social.
Que después no se sorprendan del desprestigio del Gobierno y del Poder Legislativo ante la ciudadanía.