El fallecimiento del presidente venezolano, Hugo Chávez, ha hecho evidente, una vez más, el enorme apoyo popular de que gozaba en vida y sigue gozando en la muerte.
Algo similar ocurre con los mandatarios Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador) y Daniel Ortega (Nicaragua), todos reelegidos a pesar de las enormes dudas sobre su gestión, de su desmantelamiento del marco institucional, de las acusaciones de corrupción que pesan sobre ellos y de la innegable desconfianza que generan en el sector productivo nacional e internacional.
Es claro que el apoyo a Chávez venía de las bases populares; de aquellos segmentos de la población que tradicionalmente han quedado excluidos o, en el mejor de los casos, reciben una pequeña fracción de los resultados del proceso de desarrollo económico.
Se les acusa de populistas, pero es cierto que invierten recursos en vivienda, transporte público, acceso a la educación y a la salud y, en general, impactan la calidad de vida de quienes menos oportunidades tienen, aunque sea de una forma insostenible.
La apatía del pueblo costarricense hacia nuestros políticos, clara en las últimas encuestas, y la creciente polarización social en el ambiente, indican que ha llegado el momento de pensar con seriedad respuestas innovadoras, estructurales y sostenibles a los problemas de pobreza y exclusión.
La alternativa del pueblo es recurrir a un líder populista que mediante la destrucción de las finanzas públicas gane espacio y capital político aunque cueste la inversión nacional y extranjera, la disminución de la productividad y el debilitamiento de la institucionalidad nacional, como ha ocurrido en otras naciones.
La pobreza no tiene cabida en una economía exitosa como la nuestra; es cuestión de decidirse a eliminarla de una vez por todas. Recursos hay, sin necesidad de destrozar las finanzas públicas. Pero eso sí, hay que hacer cambios importantes en las instituciones y procesos de decisión antes de que sea tarde.