Estamos urgidos de cambios tanto en el diseño institucional como en políticas públicas.
Hemos cambiado, diferenciándonos social y políticamente. Ha surgido un país diverso que se distancia claramente de la homogeneidad del pasado. Sin embargo, esta transición trae problemas.
La arquitectura institucional se quedó atrás y las políticas públicas revelan insuficiencias para hacer frente a los retos de la creciente desigualdad, el atraso educativo, la creación de nuevos y mejores empleos.
El proceso político revela que ninguna fuerza política puede gobernar en solitario, ningún actor puede lograr los cambios requeridos por sí solo, la pluralidad de fuerzas exige entendimientos y no enfrentamientos.
Los partidos mexicanos nos han brindado un ejemplo reciente al suscribir un acuerdo para llevar adelante transformaciones urgentes. Este tipo de pactos ha sido criticado por su generalidad y por la ausencia de mecanismos de seguimiento y cumplimiento.
Empero, las palabras adquieren vigor cuando se pronuncian ante todos y se respaldan con las firmas.
Propongo que en junio, una vez electos los candidatos, se firme un programa mínimo común, que contemple las medidas más urgentes en el terreno de la transformación de la arquitectura institucional (relaciones Ejecutivo-Legislativo, sistema electoral, reglamento de la Asamblea, Sala Constitucional, gobierno y administración de la Corte Suprema de Justicia).
Este acuerdo contemplaría la definición de líneas de fondo en los campos de la inclusión social, lucha contra la pobreza, crecimiento económico, empleo, competitividad y seguridad ciudadana con libertades.
Desde ya podrían convocarse mesas de trabajo que empiecen a elaborar este programa bajo el auspicio de Naciones Unidas, con miras a dar al gobierno que iniciará en el 2014, una sólida plataforma de partida, más allá de intereses electorales inmediatos.
La democracia debe seguir construyéndose.