En Costa Rica estamos operando a media máquina. O menos, si tomamos en cuenta también la brecha de oportunidades por razones de género.
Dejar que menos de la mitad de nuestra población pueda aspirar a desarrollar su pleno potencial, al no concluir alguna forma de estudios superiores –universitarios, técnicos o vocacionales– es como recoger solo la mitad del café y dejar el resto en la mata…
Es claro que el ministro Leonardo Garnier y su equipo cercano saben esto y hacen importantes esfuerzos por mejorar la situación, pero como bien dice el editorial de EF de la semana anterior “un país que gasta más del 7% del PIB en educación y que tiene como meta gastar el 8% en años subsiguientes, no se puede conformar con mejorar la escolaridad en pequeños impulsos o en mejorar la calidad de sistema en pequeños y ocasionales logros”.
No es por falta de diagnósticos o por falta de conocimientos sobre el sistema, sino porque la inercia para cambiar es enorme y de muchas fuentes.
Y también es claro que hay mucho por mejorar.
Costa Rica ya no está entre los líderes de América Latina en muchas dimensiones de la educación, como estuvimos siempre y hasta hace pocos años.
Nuestra capacidad de aprovechar el bono demográfico, sobre el cual el país debe dar un salto en su proceso de desarrollo, depende de que le demos las mayores oportunidades de alcanzar su pleno potencial a esta y la próxima generación de costarricenses.
Pero no lo estamos haciendo y corremos el riesgo de quedarnos a mitad de nuestro potencial.
El país requiere una reforma educativa profunda.
Una que no sea fuente de conflictos con los principales grupos de interés del sector, sino que les aproveche para plantear una pequeña revolución que vuelva a convertir a Costa Rica en el país de la educación en la región y, ¿por qué no?, en un ejemplo a seguir en el mundo emergente.
Seguiré con este tema dentro de dos semanas.