Las últimas cuatro columnas del 2013 trataron sobre la necesidad de una reforma educativa, no para mejorar un poco el sistema, sino para lograr un acuerdo nacional para relanzar nuestro sistema educativo al nivel que debe estar para producir niños y jóvenes felices, responsables, saludables y a la vez altamente productivos y empleables.
Esto será posible con base en maestros bien remunerados, motivados y satisfechos con su carrera y posición en la sociedad; con metodologías y diseños pedagógicos modernos y relevantes; con directores y juntas administrativas comprometidas con la excelencia del proceso.
Igualmente, con un Ministerio de Educación Pública (MEP) y un Consejo de Educación comprometidos en lograr que la reforma se implemente en todos sus alcances.
La propuesta se ha hecho –bajo la facilitación de la Fundación Latinoamérica Posible– por medio de un proceso participativo en que reconocidos expertos en educación, directores y maestros escolares y colegiales, gobiernos estudiantiles de colegios públicos y privados, directores de carrera en universidades y en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), directores de ONG que trabajan en el sector educativo y representantes de empresas de todas las escalas han contribuido para dejar claramente enunciado qué se debe hacer, cómo puede hacerse y de dónde saldrán los recursos para hacerlo.
En la próximas semanas se le planteará esta propuesta de reforma a los equipos de cada uno de los candidatos con la idea de lograr que –más allá de las diferencias que existan entre ellos– se pueda lograr un gran acuerdo nacional para llevar la educación costarricense a convertirse nuevamente en nuestra principal fuente de equidad, prosperidad, productividad y sostenibilidad.
Un acuerdo nacional para el beneficio directo de nuestros niños y jóvenes.
Si no nos motiva esto, entonces de verdad estaremos perdidos.