Como espectador de la vida pública me ha llamado la atención el accidentado curso que ha seguido la reforma procesal laboral.
Una reforma salida de las recomendaciones de la Corte Suprema de Justicia (Sala II), de la jurisprudencia y de una negociación entre la Uccaep y los sindicatos, termina vetada por el Poder Ejecutivo, y se encuentra estancada en la Asamblea Legislativa, luego de diez años de negociaciones.
El recorrido ha sido penoso y hasta un cisma provocó entre líderes empresariales modernizantes y algunos representantes del sector agrícola que se niegan a ingresar al siglo XXI.
El Poder Ejecutivo ha sido más papista que el Papa y actualmente enlaza el proyecto, ya liberado de los artículos vetados, con otros proyectos, limitando así sus posibilidades de aprobación.
La reforma acelera los procesos laborales y hace más fáciles las cosas para la patronal y los trabajadores.
Este proyecto agiliza los juicios, en beneficio de trabajadores y patronos. El cuento de que abre las puertas para las huelgas ilegales no es cierto; por el contrario llena lagunas legales y establece una regulación razonable del derecho de huelga.
Igualmente introduce procedimientos innovadores en la conciliación como etapa previa y limita el conocimiento de los juicios laborales a los tribunales de trabajo.
La reforma introduce seguridad jurídica pues refleja decisiones de la Sala II que ya han incorporado la mayoría de las modificaciones propuestas.
Nuestra época se caracteriza por la creciente participación ciudadana; pretender restringir derechos laborales, solo lleva a la acumulación de presiones y a la pérdida de vigencia histórica de conservadores que se oponen a los derechos de los trabajadores, disparándose así en sus propios pies y condenándose a la irrelevancia social y política.
Las banderas reformistas no pueden quedar en manos de los rupturistas, deben ser asumidas por una Costa Rica moderna y ávida de justicia.