Costa Rica fue tercero en el mundo en abolir la pena de muerte, desde entonces no aceptamos que el Estado asesine legalmente. Como lo dijera el General Guardia: “La sangre no se lava con sangre”.
Terence Valentine, costarricense, ha sido condenado a muerte en la Florida. Valentine alega, en reciente entrevista, que no tuvo buena defensa legal.
Si cometió delitos o no, eso lo determinará la revisión de su proceso, si es que esta procede; pero no podemos permitir que se aplique la pena de muerte a un compatriota sin expresar nuestro rechazo.
Los costarricenses que nos enorgullecemos de vivir en un país que eliminó este cruel y degradante castigo, debemos manifestarnos en contra y apoyar los esfuerzos para que se revise el caso, o en su defecto se otorgue clemencia.
Bien ha hecho la presidenta Chinchilla en expresar su preocupación por Terence y esperamos que el Ministro de Relaciones Exteriores, quien acaba de firmar junto con el embajador francés, un artículo de fondo a favor de la abolición universal de la pena de muerte, se involucre de manera directa, pidiendo al gobierno de los EE. UU. respuestas a solicitudes anteriores.
A pesar de las reticencias del estado norteamericano para aceptar la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debería estudiarse la posibilidad de solicitarla.
Los hermanos mexicanos tienen un grupo de juristas especializados en la atención de estos casos y bien haría la Cancillería en solicitar su ayuda.
Organizaciones como la American Civil Liberties Union han señalado los grandes sesgos en la aplicación de la pena de muerte en ciertos estados de los EE. UU., desviaciones que perjudican a negros y latinos. Valentine reúne ambas condiciones.
Si se cometieron errores en el debido proceso al que Valentine tenía derecho, ayudemos a revisarlo; y si así no fuera, pidamos que no se aplique la pena de muerte.
Costa Rica está por la vida y no por la muerte.