Un primer aspecto de índole conceptual es la argumentación acerca del salario como “medida de productividad”.
Si bien es plausible ligar la productividad a una plataforma de incentivos –ámbito deficitario en el Estado–, por claridad, estimo mejor la noción clásica del salario como el costo de un factor que quien lo contrata debe ponderar y manejar con raciocinio.
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A pesar del establecimiento del Servicio Civil justamente como mecanismo de racionalidad para la gestión del empleo público, la práctica cotidiana condujo a la fragmentación y el caos en materia de contratación, dando lugar a un manejo feudal lejano al espíritu de la Carta Magna.
Al responder “cómo ocurrió esto” llegamos a la “fiesta salarial” atribuida por el Editorial a las jerarquías de las instituciones autónomas. Cabe en ellas ciertamente la mayor dosis de responsabilidad. Pero, sin duda, hay allí una suerte de pecado social mediado por las vaivenes de los ciclos fiscales y electorales. De la fiesta vivimos hoy la resaca.
Respecto a las soluciones, comparto parcialmente la primera de las rutas propuestas y tengo reservas en la segunda.
Admito la alternativa de recambio en la estructura salarial para las nuevas contrataciones, pero con la salvedad de que previamente han de quedar dibujadas las reglas del juego pues el diablo está en los detalles.
En cuanto a acelerar la movilidad laboral de los más antiguos, el remedio puede resultar peor que la enfermedad: pérdida de cuadros calificados conjuntamente con elevados costos financieros en virtud del pago de indemnizaciones. Algo así como un déjà vu de la experiencia del primer quinquenio de los noventa.