Los salarios deben compensar el valor económico y social creado por cada puesto de trabajo. El salario es una medida de productividad. A un trabajador que en el mismo período produce mucho más que otro se le puede compensar mejor. Los incentivos salariales existen precisamente para estimular a los trabajadores a generar más valor por unidad de tiempo.
Los salarios no son una forma de distribución de riqueza, son compensación por un trabajo realizado. Los incentivos no existen para distribuir riqueza, sino para estimular a los trabajadores a ser más productivos cada día.
Un salario debe crecer cuando –por esfuerzo individual, por mayor experiencia, por mejor capacitación o por mejoras en las condiciones y tecnología de un puesto– el trabajador aumenta su producción.
Cuando un salario se incrementa de forma diferente de lo apuntado, se están haciendo dos cosas: destruyendo valor económico y compensando a un trabajador por la labor hecha por otro, pues los recursos con que se pagan el aumento del primero deben ser generados en alguna parte.
El aumento de salarios que no obedece a una mejora en productividad reduce la competitividad del país, manda señales equivocadas al conjunto de la fuerza laboral pues unos reciben más de lo que merecen y otros ven su esfuerzo ser transferido a quienes no se lo han ganado.
En nuestro país, tal y como demuestra el estudio hecho por EF con datos de la Contraloría General de República y del Ministerio de Hacienda, se han venido aumentando de manera acelerada y abusiva los salarios de las entidades públicas. De las 20 instituciones estudiadas –cuyo peso relativo es de 80% del total de salarios del sector público– prácticamente todas tienen salarios y beneficios excesivos y que crecen mucho más rápido que la economía y la productividad del país.
En otras palabras, los consumidores y el sector productivo del país, a través de los impuestos que pagamos y las tarifas que abonamos por los servicios públicos, estamos transfiriendo riqueza inmerecida a los empleados públicos, contribuyendo a destruir valor económico y aumentando los costos de operación –reduciendo la competitividad– en el país para los potenciales inversionistas nacionales y extranjeros.
Los datos, que se pueden consultar en las páginas 4 y 5 de esta edición, muestran un crecimiento de los salarios agregados muy por encima del crecimiento de las planillas, lo que significa que además de una expansión del aparato estatal, pagamos mucho más a cada uno de los empleados públicos. Solo en el Banco de Costa Rica y Japdeva los salarios han crecido menos que la planilla total.
El salario pagado por el MEP a sus empleados, por ejemplo, creció un 56% más en el periodo de estudio que su cantidad de puestos totales. Mientras el salario agregado creció dos veces, la cantidad de empleados solo creció en 30%. En esta misma institución es interesante que el aumento del gasto por el pago de prohibición legal es un 44% mayor al aumento del salario base. Las anualidades también crecieron un 34% más que los salarios base. En esta y otras instituciones se aumentaron los salarios sin lograr una mayor productividad a cambio y se entregan incentivos altos y crecientes sin que medie una verdadera evaluación que muestre lo que realmente compensan: nada.
El caso de la CCSS es aún más extremo. En el 2006 el salario promedio de los empleados era de ¢670.000, mientras hoy reciben ¢1.970.000 –casi un 200% más– en términos reales. Y es claro que la productividad y la calidad de los servicios no han mejorado en esa proporción.
La pregunta que cabe hacerse es cómo ocurrió esto.
Y la respuesta es que los jerarcas de las entidades públicas en alianza con las juntas directivas de las entidades autónomas, han hecho una fiesta con los recursos de los costarricenses. A través de crecimiento salarial y aumento y entrega de incentivos inmerecidos, así como transferencias por medio de convenciones colectivas, se ha permitido un abuso a todas luces injustificable y cuya autoría debiera ser claramente adjudicada a los responsables.
El conflicto de interés es también evidente. La prohibición legal fue el rubro que más diferencia le sacó a los salarios base en la mayoría de las instituciones. Es un dato relevante porque la restricción al ejercicio liberal de la profesión es un privilegio adquirido por medio de una ley específica para cada institución y corresponde al 65% del salario base. No cualquiera recibe este beneficio, sino solo los puestos de alta gerencia que asignan los beneficios a los otros empleados públicos, y los auditores, quienes se supone que deben regular y controlar los abusos que se cometan con los recursos públicos.
La solución de este problema es compleja pues implica una decisión clara del Poder Ejecutivo, conformación de alianzas políticas que permitan avanzar en el campo legislativo y, por supuesto, carácter y transparencia en las negociaciones que inevitablemente se deben dar con los sindicatos. Un primer paso, tímido pero concreto, es eliminar esta estructura salarial para las nuevas contrataciones y acelerar en la medida de lo posible la movilidad laboral de los más antiguos. No resuelve el problema, pero al menos empieza a desarticularlo.
Es también urgente actuar en alguna forma, pues no se pueden seguir aumentando los costos laborales del sector público sin que pronto tenga consecuencias irreversibles para nuestra competitividad, atracción de inversiones, crecimiento económico y paz social.
