La reforma al artículo 67 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos era muy urgente y necesaria, debido a que muchos inquilinos han tenido que enfrentar, en los últimos años, ajustes en el costo de los alquileres que no guardan relación con la realidad nacional; es decir, desde hace varios años, la inflación anual ha venido siendo cada vez menor, alcanzando incluso variaciones interanuales negativas, mientras que el costo de los alquileres en muchos casos pudo haberse ajustado hasta un 15% anual.
Esto no significa que en todos los casos el ajuste haya sido del 15%, pero sí que por Ley los propietarios tenían la potestad de hacer efectivo ese incremento.
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Según los datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del 2015, el gasto promedio mensual de los hogares en alquiler de vivienda es de ¢135.333 (¢1.624.006 durante el año).
Según la Ley vigente, los alquileres pueden incrementarse hasta en un 15% anualmente, es decir, si se aplicara este porcentaje a los ¢135.333, el hogar tendría que pasar a pagar ¢155.633 mensuales durante los siguientes doce meses (¢1.867.607 durante el año).
Con la nueva ley, que aplica a partir del 2017 para nuevos contratos, el ajuste deberá ser igual o menor a la inflación acumulada de los últimos doce meses anteriores al vencimiento de cada año de contrato, siempre y cuando no supere el 10%. Dicha inflación sería medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Ahora bien, si el ajuste se realizara con base en la variación anual del IPC (el BCCR estima que será cercana al 3% en el 2016) el costo del alquiler pasaría de ¢135.333 a ¢139.393 (¢1.672.726 durante el año). Lo que significa que este hogar, con la nueva ley, podría ahorrarse ¢16.240 por mes o ¢194.880 durante el año.
Es importante señalar que la reforma a la Ley no deja claro qué sucede cuando en lugar de inflación se presenta una caída en el IPC, por lo que asumimos que si la inflación interanual es negativa (a la fecha del vencimiento del año de contrato), debería de realizarse un ajuste a la baja en el costo del alquiler.
Por otra parte, si analizamos el nuevo IPC (disponible de junio de 2015 a marzo 2016), observamos que durante este periodo la inflación promedio de la economía fue de -1,14%, mientras que la inflación en el rubro de Alquiler de vivienda fue de 2,12% (representa en promedio el 4,9% del gasto de consumo de los hogares). Esto nos permite observar que a pesar de no contar con la reforma a la ley de arrendamientos, el ajuste promedio en los alquileres no ha sido del 15%; no obstante, sí se observa que es mayor que el ajuste de la inflación promedio de la economía.
Otro indicador que observamos con suma preocupación es el de inflación en servicios de educación. Esto debido a que cuando analizamos los datos de estos rubros dentro del IPC obtenemos que en los últimos nueve meses el costo de Educación preescolar aumentó un 6,35%, Educación primaria 5,89%, Educación secundaria 5,41%, Educación Universitaria 3,57%.
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En todos los casos un ajuste muy por encima de la inflación promedio de la economía en ese mismo periodo (-1,14%) y por encima de los ajustes salariales en el país, lo que sin duda afecta negativamente a las familias que contratan estos servicios y especialmente a muchos jóvenes universitarios que además deben endeudarse para poder pagar sus estudios.
Entonces nos preguntamos ¿a qué se debe el ajuste tan alto en el costo de los servicios de educación? Valdría la pena que los centros educativos brinden una explicación al respecto.
*Artículo elaborado por el Observatorio de la Coyuntura Económica y Social UNA