“Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida”, reza una reciente reforma al artículo 50 de nuestra Carta Fundamental, la cual vino a replicar lo que la Sala Constitucional había reafirmado en muchas de sus resoluciones anteriores. Pero para que ese importante precepto constitucional no se quede únicamente en el papel es indispensable que las instituciones públicas encargadas del manejo de ese preciado líquido hagan bien su trabajo.
Al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA) le corresponde, por mandato de ley, dirigir y vigilar todo lo concerniente con la provisión del servicio de agua potable, recolección y evacuación de aguas negras y residuos industriales líquidos y de aguas pluviales en las áreas urbanas. Igualmente, le corresponde construir, ampliar y reformar los sistemas de acueductos y alcantarillados en aquellos casos en que sea necesario y así lo aconseje la mejor satisfacción de las necesidades nacionales, así como controlar la adecuada inversión de todos los recursos que el Estado asigne para obras de acueductos y alcantarillado sanitario.
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Sin embargo, un reportaje de este semanario, publicado en nuestra edición de la semana pasada, da cuenta del calamitoso estado en que se encuentra la gestión del agua en todo el país, pero particularmente en el Gran Área Metropolitana de San José. La falta de una planificación adecuada y de una ejecución oportuna de las obras requeridas para transportar el recurso hídrico, ha desembocado en que no haya suficiente disponibilidad de agua potable en muchas de las zonas del Valle Central en donde se pretende construir importantes desarrollos inmobiliarios. La situación es particularmente crítica en las partes altas de los cantones de Mora, Santa Ana, Escazú y Desamparados, así como algunas áreas de Goicoechea, Moravia y Coronado, y en la casi totalidad del cantón de Tibás.
Los efectos negativos de este caos son múltiples, pero resaltan tres de ellos: por un lado, se reducen las posibilidades de un importante número de costarricenses de dar solución a sus necesidades de vivienda, un aspecto básico para su bienestar individual y el de sus familias; en segundo término, golpea al sector de la construcción, un sector productivo que se ha visto duramente afectado en los últimos años, precisamente cuando apenas se vislumbraba la luz al final del túnel; y, como si fuera poco, retarda aún más la esperada reactivación de la economía en general, severamente deteriorada por la pandemia y con serias repercusiones en la generación de empleo para miles de trabajadores que difícilmente encontrarán fuentes de trabajo en otros sectores.
Es necesario subrayar que no se trata de un problema de escasez de agua. Por el contrario, como bien denuncia don Marco Cordero, Intendente de Agua de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), “de cada 100 litros de agua, 55 no se venden; se pierden en fugas, mala medición y otros factores. No es un asunto de falta de agua, es de gestionar correctamente el recurso (...). Si AyA fuera una empresa privada estaría quebrada hace mucho tiempo”. El Intendente advirtió también que las inversiones no están dando abasto y que ha habido poca capacidad y cortoplacismo en las soluciones propuestas por la institución, sobre todo porque se prevé que la demanda crecerá y que, en consecuencia, la situación en San José se verá agravada en el futuro.
Estas serias deficiencias en la gestión del agua se suman al bochornoso cobro de recibos excesivos emitidos por el AyA a cientos de sus usuarios hace solo unos meses, a la falta de respuesta adecuada ante las quejas generadas, y al encarecimiento de los proyectos por fallas en administración de los contratos, entre muchas otras debilidades y denuncias, todo sin que hasta el momento haya habido ninguna responsabilidad política ni técnica que valga la pena mencionar. Al Poder Ejecutivo parece no importarle en lo absoluto la demostrada incompetencia de los jerarcas del AyA ni el pésimo servicio que prestan a la ciudadanía.
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En su momento, los diputados se ocuparon de reformar la Constitución Política para enfatizar lo que la Sala Constitucional ya había dicho en relación con el acceso al agua como derecho humano. Ahora es momento de que golpeen la mesa y, en nombre de sus representados, exijan a las autoridades la responsabilidad que les corresponde por la ineptitud mostrada en el gerenciamiento de un servicio público tan esencial y, sobre todo, que se acuerden los cambios institucionales requeridos para asegurar que se corrija la inaceptable situación actual y se invierta de manera planificada y eficiente.