La liberación de presos políticos en Nicaragua, incluida la nicaragüense-costarricense Lucía Pineda, marca un punto clave en la trayectoria hacia una transición democrática en ese país. La lucha cívica interna y las presiones internacionales obligaron a la dictadura a formular una ley de amnistía con el propósito de exonerar de sus crímenes a los sicarios de Ortega y Murillo.

La tramposa ley de amnistía, dictada por la Asamblea Nacional e inspirada en los oscuros designios de la maligna pareja gobernante, no tenía el propósito de liberar a los activistas que resistieron el embate de la represión. Por el contrario, se trató de una autoamnistía que establece que no se investigarán los crímenes de lesa humanidad cometidos por el aparato represor del régimen. Paralelamente, este mantiene el estado de sitio y sigue masacrando las libertades fundamentales.

El aislamiento internacional de los dictadores y su carencia de legitimidad interna revelan una crisis del orteguismo. Un gobernante que asienta su poder únicamente en la punta del fusil, y no en la adhesión de los ciudadanos, tiene bases débiles que tarde o temprano llevarán a su colapso.

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La hipócrita ley del orteguismo abre un espacio donde cobra fuerza la demanda de justicia y verdad de los asesinados y reprimidos por Daniel y Rosario. Este es un elemento movilizador en contra de la dictadura y a favor de la democracia.

A lo anterior se suma el clamor por elecciones libres y anticipadas, supervisadas por la comunidad internacional y asentadas en una amplia coalición de fuerzas sociopolíticas que deberá incluir a la Alianza Cívica, la Unidad Nacional Azul y Blanco, y a las más diversas fuerzas y estamentos sociales. De esta manera, dentro de la diversidad frente a la dictadura, se busca alcanzar la unidad, forjada en procesos democráticos internos con miras a una gran victoria electoral que inaugure una verdadera etapa democrática en la historia nicaragüense.

La tarea posterior a las elecciones será enorme, pues estará pendiente la desarticulación de las estructuras autoritarias de la dictadura, la depuración de la Corte de Justicia y del Tribunal Electoral, la creación de una nueva policía nacional y de un Ministerio Público imparcial, una nueva Contraloría, modificaciones al sistema electoral, la desarticulación de las bandas paramilitares y, fundamentalmente, la devolución de su carácter de ejercito de la nación a los militares, eliminando de la institución su carácter partidista actual.

Las tareas son enormes y difíciles, requerirán del acompañamiento de la comunidad internacional y probablemente del establecimiento de una comisión internacional contra la impunidad y la corrupción, como la que funcionó en Guatemala.

Sin Trump ni Putin

La transición nicaragüense exigirá el acompañamiento de las fuerzas democráticas europeas y latinoamericanas; a todo precio debe evitarse la injerencia de la administración Trump y sus halcones, lo que daría pretextos a los dictadores para atacar el intervencionismo imperialista, en un país sensible a este tema por las ocupaciones del pasado.

Igualmente debe exigirse a Rusia la cesación de sus apetitos en Nicaragua con la intención de incomodar a EE. UU. Mantener el carácter centroamericano y nacional del conflicto actual ha de ser una de las metas.

La ruta es complicada y exigirá que los liderazgos democráticos nicaragüenses actúen con serenidad y paciencia estratégica; el monstruo autoritario de Ortega se ha construido a lo largo de una década, desmontarlo tomará tiempo.

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La liberación de presos políticos causa alegría pero la lucha apenas está comenzando. Construir la gobernabilidad democrática tomará tiempo, sudor y lágrimas. Los liberados forman parte de una nueva clase política, alejada de los partidos tradicionales, endurecida por la lucha y rebosante de la energía juvenil que enfrentó a la dictadura en la calle y sufrió los rigores de la cárcel.

Por otra parte, aún vencidos electoralmente Ortega y Murillo tratarán de gobernar desde abajo, pues todavía cuentan con ciertas bases. Una de las tareas para la oposición democrática consistirá en dialogar con los grupos del aparato orteguista y convencerlos que aquellos que no hayan cometidos crímenes contra la humanidad tendrán espacio en la Nueva Nicaragua; el objetivo fundamental ha de ser aislar a la pareja de todos sus apoyos, tanto en la totalidad de la población como con los cortesanos que los rodean.

Por el momento no cabe olvidar que el monopolio de la violencia legítima permanece en manos de un ejército que no ha dado muestras de desafección con los dictadores. La transición hacia la democracia no será fácil y esto debe quedar claro para quienes elaboran nuestra política exterior. Debemos evitar la tentación fácil de confrontar a Ortega, pero no podemos permanecer impávidos ante las violaciones a los derechos humanos y la oleada migratoria que nos ha lanzado miles de refugiados.

Debemos buscar cooperación internacional, ser firmes en la defensa de los valores democráticos y en la búsqueda de una solución democrática negociada a la crisis nicaragüense.