La canalización del ahorro por medio del acceso al crédito es un mecanismo que puede ayudar a mejorar el bienestar de las personas y, a su vez, es un componente esencial para aumentar la inversión nacional y el crecimiento económico. Para su buen funcionamiento, un mercado de crédito debe tener la información adecuada para que los participantes logren administrar bien los riesgos de esta actividad.
Desde el punto de vista de un prestamista, como lo es un banco o una financiera, un elemento necesario para el buen desempeño del mercado lo constituye la información sobre la calidad crediticia de sus clientes actuales y potenciales. Desde el lado del deudor, esta calidad crediticia también es importante para conocer su capacidad de pago, pues el sobrendeudamiento también resulta dañino para el bienestar de un individuo y su núcleo familiar. Por lo general, un nivel más alto de endeudamiento refleja un mayor riesgo de impago y, por lo tanto, un costo de financiamiento más alto para compensar este mayor riesgo.
En la mayoría de los países, la información sobre el endeudamiento de las personas generalmente se maneja en centrales crediticias o burós de crédito, que son empresas privadas que consolidan datos relacionados con el ingreso de las personas, sus niveles de endeudamiento y la historia de pago de los deudores, entre otros. Esta información es alimentada por las instituciones que brindan crédito y que luego adquieren los servicios de los burós para realizar sus análisis sobre la capacidad de endeudamiento de sus clientes.
Por su parte, los reguladores financieros también pueden tener sus propias bases de información crediticia para efectos regulatorios. En el caso de Costa Rica, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) posee y administra la Central de Información Crediticia (CIC), la cual contiene toda la información relacionada con el sector crediticio regulado, con el fin de que las entidades financieras puedan calcular sus indicadores de suficiencia patrimonial con base en la calidad crediticia de sus clientes.
A pesar de lo anterior, en la actualidad el CIC no incluye al sector no regulado, pues existe una zona gris donde el crédito comercial con algunas empresas específicas no aparece reflejado, como por ejemplo, las empresas que venden electrodomésticos y las instituciones financieras que no realizan intermediación financiera y brindan créditos como algunos fondos de pensiones, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, y negocios de microcréditos, entre otros. Estas exclusiones implican un problema de selección adversa, pues los deudores que se ven relegados del sector financiero regulado, terminan en el sector no regulado o son víctimas de prestamistas informales en condiciones draconianas.
en la actualidad el CIC no incluye al sector no regulado, pues existe una zona gris donde el crédito comercial con algunas empresas específicas no aparece reflejado, como por ejemplo, las empresas que venden electrodomésticos y las instituciones financieras que no realizan intermediación financiera y brindan créditos como algunos fondos de pensiones, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, y negocios de microcréditos, entre otros. Estas exclusiones implican un problema de selección adversa, pues los deudores que se ven relegados del sector financiero regulado (...)”
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Es por lo anterior que resulta positiva la información publicada en este medio, el pasado 8 de enero, acerca de la iniciativa de la Sugef de iniciar este año con un rediseño del CIC cuyo objetivo es incluir toda la información de los oferentes de crédito del país, tanto públicos como privados, regulados o no. Este proyecto se estaría desarrollando con la Alianza para la Inclusión Financiera que es una red internacional conformada por los reguladores financieros de casi 90 países en vías de desarrollo. En palabras de la superintendente de la Sugef, este esfuerzo permitiría reducir los costos de crédito, mejorar el acceso de las personas al financiamiento mientras que cuidan de su récord crediticio, así como reducir los altos niveles de endeudamiento.
Consideramos que este proyecto es una enorme oportunidad para mejorar el uso y la funcionalidad del CIC actual y dinamizar el mercado de crédito. A su vez, se debe aprovechar la oportunidad para reforzar la protección de datos de los consumidores y evitar que estos circulen sin mayor control incluso entre empresas informales para perfilar clientes, con todo el problema añadido sobre la seguridad ciudadana. En segundo lugar, se debe definir puntualmente quiénes tendrán acceso a la información crediticia, con el fin de evitar el acoso de clientes por parte de prestamistas que buscan colocar créditos, especialmente entre personas muy endeudadas. Por último, se debe reforzar la defensa del derecho de los consumidores en casos de disputas, pues un sistema de información crediticia mal diseñado puede condenar a un buen deudor a sufrir altos costos de endeudamiento o una pérdida de acceso al crédito por años si las disputas no son atendidas de forma adecuada y expedita.