El sobreendeudamiento persiste como una problemática entre los costarricenses, tanto en el sector formal como en el financiero no supervisado.
El segundo estudio sobre la deuda morosa en el sector financiero no regulado de Costa Rica, realizado durante los primeros semestres del 2020-2021 por el Tecnológico de Costa Rica (TEC) en un convenio con la empresa Equifax, señala que 45 de cada 100 cuentas morosas en el sector no regulado (como las deudas con tiendas comerciales, pago de cable o electricidad, entre otros) son incobrables o se encuentran en cobro judicial.
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Incluso, meses antes de que iniciara la pandemia en Costa Rica, el Gobierno presentó la Estrategia Nacional de Educación Financiera, que se ejecutaría en alianza entre las instituciones públicas y el sector privado, para enfrentar los altos niveles de endeudamiento de la población costarricense.
Ese 11 de octubre del 2019, Casa Presidencial señaló que de junio de 2011 a junio de 2018, el promedio de deudas de una familia costarricense se había duplicado, pasando de unos ¢4,4 millones a ¢8,5 millones. Asimismo, señalaron, de cerca de 126.000 funcionarios públicos del Gobierno Central, más de 35.000 recibían menos de ¢190.000 al mes debido a las deudas que mantenían.
Sistema nacional
Desde la Sugef indicaron, ante consultas hechas por EF, que en materia de la central crediticia se trabaja con la “Alianza para la Inclusión Financiera” (AFI por sus siglas en inglés), una red internacional integrada por los reguladores financieros de cerca de 90 países en vías de desarrollo.
Desde la institución explicaron que la Central de Información Crediticia (CIC), administrada por la Superintendencia, fue creada exclusivamente con fines de supervisión prudencial y tiene un alcance limitado, ya que recibe información únicamente de parte de las entidades financieras supervisadas y no de todos los oferentes de crédito del país (muchos no son sujetos de supervisión).
“Debido a ello, los reportes del CIC no reflejan el nivel de endeudamiento total de las personas. Por lo anterior, el proyecto tendría como objetivo el promover la creación de un “Sistema de Información Crediticia” a nivel nacional que agregue la información de todos los otorgantes de crédito (públicos y privados) del país incluyendo las entidades no supervisados, que sirva de base para controlar el sobreendeudamiento y capitalizar los conceptos como garantía reputacional y buen comportamiento de pago de las personas”, indicaron en un correo electrónico.
Para dicho propósito, la AFI concedería una subvención para la contratación de una consultoría internacional que trabaje en el diseño de las características técnicas del sistema y, en conjunto con consultores locales, en la definición de la mejor figura legal para su implementación autosuficiente para que evitar costos adicionales al Estado, así como en el desarrollo del correspondiente proyecto de ley para su formalización.
“Se espera que la contratación de los consultores se realice durante el segundo trimestre de este año, para tener la propuesta definitiva a finales del 2022″, señalaron desde Sugef.
Ante la problemática, la jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), Rocío Aguilar, insiste en que el país debe generar las bases para contar con una central crediticia de índole global, que permita reducir los costos de crédito, mejorar el acceso de las personas a financiamiento mientras que cuidan de su récord crediticio y reducir los altos niveles de endeudamiento. Aquí, un extracto de la entrevista con Aguilar:
―Los costarricenses mantienen un alto nivel de endeudamiento, ¿cómo vendría a aportar una Central Crediticia al sobreendeudamiento?
Es tener un como sistema la fotografía de la deuda total, porque si yo le estoy analizando un crédito a una persona y solo veo una parte, estoy creyendo que esa persona tiene la capacidad para pagarme, pero estoy contribuyendo a su sobreendeudamiento.
En muchos otros países existen burós de créditos o una central crediticia, que va más allá de tener la información de cuánto debe o no una persona. Hay un elemento muy importante y es el comportamiento de pago. De tal manera que si esa persona llega a una entidad de inmediato puedo tener una primera fotografía y hacer una operación crediticia más eficiente y rápida sin que la entidad tenga que destinar un gran tiempo y recurso para conocer su historial.
Esto permite generar una especie de scoring crediticio que contribuiría para que el sector formal incluso se acerque a clientes que hoy en día no está viendo.
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El país tiene realmente que corregir esa distorsión que tenemos en la fragmentación de créditos y entender que no se trata de poner techos a las tasas, se trata de generar las condiciones para que el sistema y para que las personas puedan tener un acceso más eficiente al crédito.
Por el otro lado, en temas de protección del consumidor, como el cliente realmente tiene una serie de derechos los cuales no pueden ser de ninguna forma vulnerados.
―¿Qué hace falta para esta Central Crediticia?
Nosotros estamos trabajando desde la Superintendencia porque no se trata de hacerle un arreglo al CIC (Centro de Información Crediticia), es más allá de simplemente apuntar operaciones. Vamos a iniciar un proyecto en el 2022, hemos obtenido apoyo de parte de una organización a nivel mundial que ha estado muy vinculada con temas de inclusión financiera, de finanzas sostenibles.
―¿Qué otras acciones se pueden llevar a cabo para disminuir la problemática del sobreendeudamiento?
En general, con central o sin central, hay una (acción) que es indispensable y es la educación financiera. O sea, cómo hacer realmente que entendamos lo que significa un sobreendeudamiento, incluso los impactos en la vida familiar y cómo las personas pueden atravesar problemas tan críticos de saber que han perdido todo. Eso es de educar desde que somos pequeños.
Hay que cuidar un nivel de endeudamiento que me haga a mí siempre tener la capacidad de hacerle frente aún en situaciones adversas. Por ejemplo el impacto que pueden tener los seguros para poder proteger situaciones extraordinarias.
