En la edición de esta semana informamos que la discusión de eurobonos no calienta en el Congreso, pese a la urgencia financiera del Gobierno. Todo parece indicar que hay voluntad de los diputados para decidir sobre este proyecto de ley antes del mes de mayo, pero existe lentitud e incertidumbre en la definición de los términos y condiciones de su aprobación final. Esta discusión hay que verla en un contexto más amplio.
La acumulación de desequilibrios fiscales durante una década. No resulta fácil resolver el problema fiscal incubado desde hace una década. A partir del 2009 el Gobierno Central empezó a generar importantes déficits fiscales ocasionados por el aumento del gasto. Esto implicó una acumulación de deuda con una trayectoria insostenible en el mediano plazo.
El esfuerzo político para aprobar la reforma fue muy complejo. Una cosa es una reforma fiscal “ideal” diseñada desde el escritorio de un técnico que resuelve el problema fiscal en su totalidad y en forma inmediata, y otra es la realidad de enfrentar los costos, la complejidad de la negociación política y las limitaciones institucionales. Prueba de lo anterior es el fracaso de los dos intentos previos de reforma fiscal.
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La actual Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo tienen un mérito importantísimo por la aprobación de la reforma fiscal en un tiempo récord. Hay que resaltar la responsabilidad de las fracciones legislativas del PLN, PUSC y PAC.
Pero dado el fraccionamiento del Congreso, la única opción para aprobar el proyecto fiscal fue la vía de la negociación política de un mínimo común. Esto hizo posible la reforma, pero a su vez, le puso un límite a la pretensión de una solución maximalista. En realidad, la Asamblea Legislativa hizo la transformación que era políticamente posible.
Adicionalmente, la reforma fiscal generó una tensión social importante. No se debe olvidar que la aprobación del proyecto se hizo en un ambiente de una larga huelga de empleados públicos que pretendieron vetar el cambio.
Vencimientos de deuda
El proyecto fiscal aprobado es parcial y de mediano plazo. No resuelve la totalidad del problema fiscal ni lo hace en forma inmediata. Por lo tanto, en los próximos años hay que financiar el nuevo déficit y refinanciar los crecientes vencimientos de la deuda, que especialmente en los últimos años se asumió a plazos más cortos.
El FMI critica la reforma y pide más impuestos. La semana pasada el FMI publicó un informe sobre la economía de Costa Rica, en donde dice que la reforma es insuficiente y sugiere aumentar los impuestos en un 0,75 % del PIB. Esto sería adicional al 1,5 % de aumento de impuestos del proyecto ya aprobado. El FMI sugiere aumentar la tasa del IVA del 13 % al 15 %, incrementar los impuestos a la propiedad, bajar el umbral de exoneración del impuesto de renta a las personas físicas, incrementar los impuestos selectivos al consumo y gravar a las cooperativas.
El informe del Fondo no lo dice explícitamente, pero hay una cierta desconfianza hacia las promesas de reducción de gasto. Existirán presiones para no cumplir la regla fiscal o las medidas de contención de gasto contempladas en la reforma fiscal, lo cual pondría en riesgo la reducción del déficit.
Buscar una decisión coherente. El sistema político costarricense se enfrenta ahora a un dilema importante: aprobar una segunda reforma fiscal como la sugiere el FMI, para reducir el déficit con mayor intensidad y en forma más inmediata, con lo cual se reducirían las necesidades de endeudamiento del Gobierno Central o, por el contrario, no realizar una reforma fiscal adicional, con lo cual habría que dotar al Gobierno con los instrumentos adecuados para financiar el déficit de la mejor forma y al menor costo posible.
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Si la decisión política es la segunda opción, como nos parece que va a ocurrir, la Asamblea Legislativa para ser coherente con su decisión, tendría que autorizar al Ministerio de Hacienda a emitir bonos en el exterior para evitar el estrujamiento en el mercado financiero local y el aumento de las tasas de interés. La coherencia de la decisión implica una autorización para emitir los eurobonos hasta la estabilización del tamaño relativo de la deuda, es decir, hasta el 2023 al menos. Sería un error realizar una autorización solo para el 2019 porque implicaría riesgos de financiamiento que se reflejaría en mayores costos en la emisión.
La autorización de la emisión de bonos en el exterior no debería ser un cheque en blanco para el Poder Ejecutivo. La misma ley debería incluir los requisitos de desempeño fiscal para poder realizar las emisiones. La oposición —mayoritaria en la Asamblea Legislativa— debería asegurarse de que el Poder Ejecutivo haga su tarea en el control de la evasión tributaria y en la contención del crecimiento del gasto corriente.
En conclusión, si la Asamblea Legislativa quiere ser consecuente con la reforma fiscal aprobada el año pasado —parcial y de mediano plazo— debería autorizar el financiamiento externo de mediano plazo con los requisitos necesarios para asegurar la senda fiscal esperada.