Por: María Fernanda Cisneros.   8 febrero

¿Contará el Gobierno con los recursos necesarios para atender las obligaciones previstas para el 2019? Es claro que la reforma fiscal –que entra en vigencia a mediados de año– no dotará de ingresos suficientes al Ministerio de Hacienda para este año, por lo que este deberá buscar otras opciones de fondeo.

El
El "Proyecto de ley de autorización de emisión de títulos valores en el mercado internacional y contratación de líneas de crédito" pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos. (Foto: Archivo GN).

Hace aproximadamente un mes, el Gobierno presentó ante la Asamblea Legislativa el proyecto de ley que le daría un respiro al apretado flujo de caja de las finanzas públicas.

La propuesta de Hacienda es realizar una nueva emisión de los llamados eurobonos, por un monto de hasta $6.000 millones, que se podrían utilizar durante los seis años después de la aprobación (expediente 21.201).

Serían $1.500 millones en cada uno de los dos primeros años y $1.000 millones en los restantes.

Esta propuesta, además, llegó acompañada de una solicitud adicional: la autorización para realizar una contratación de líneas de crédito de corto plazo, hasta por $800 millones por año (casi un eurobono).

Los recursos dotarían de espacio para que cese la presión en las tasas en colones, pero al mismo tiempo que la deuda externa se incremente.

Este sería un “mal” ineludible, en medio de apremiantes contratiempos con el flujo de caja. El Gobierno tiene vencimientos de deuda importantes en el corto plazo (a menos de un mes) y en dólares.

Los $1.500 millones para el 2019 sí son necesarios. Al menos así lo ven participantes del mercado interno y algunos diputados de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos, donde hoy hace fila el proyecto de ley.

Lo que no termina de convencer a los diputados y fuentes consultadas son dos aspectos del texto base del proyecto: los propios $6.000 millones (por considerar que es un monto alto) y las líneas de crédito.

La Comisión tiene hasta fines de abril para dictaminar y los diputados que la conforman desde ya muestran su posición.

El aspecto fundamental que se valora va ligado a cuáles condiciones o garantías, más allá de la regla fiscal, solicitará la Asamblea para que el proyecto de ley no sea una herramienta para gastar sin ninguna restricción.

Es decir, los diputados reconocen que los recursos de los eurobonos y las líneas de crédito son necesarios y los aprueban, siempre y cuando se concreten otras acciones de recorte de gastos.

Para ello, quieren tener una posición técnica sólida e inclusive se reunirán con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener su posición sobre el manejo de caja del Gobierno y obtener recomendaciones, explicó Pablo Heriberto Abarca, disputado del PUSC y presidente de la Comisión.

Respecto a las líneas de crédito, Abarca cree que se deben activar únicamente si es con entes multilaterales, sin embargo, la fracción de liberación no está de acuerdo con las líneas de crédito y así lo dejó saber Roberto Thompson, diputado del PLN y miembro de esta comisión.

En general, se puede hablar de un texto que está en construcción pero que la posición es sólida respecto a que no se aprobarían los $6.000 millones, sino un máximo de $4.000 millones (como la anterior autorización del 2012). Y una posición incierta sobre las líneas de crédito, que en caso de dar luz verde sería únicamente con organismos multilaterales.

Retador 2019

Entonces, de ser aprobado el texto base de este proyecto de ley como está planteado, el Gobierno tendría a su favor un total de $2.300 millones solo para el 2019.

¿Es un monto alto? Las necesidades de financiamiento son altas. Son cerca de $7.500 millones.

Solo en vencimientos de la deuda pública, el Gobierno debe atender $3.960 millones, con una fuerte presión particularmente en mayo.

A modo de referencia, el Gobierno enfrentó un déficit fiscal de poco más de ¢2 billones (unos $3.344 millones al tipo de cambio promedio del Monex del cierre del 2018).

Entonces, en realidad, no es un monto descabellado. Al menos no en un momento en el que el Gobierno hace malabares para pagar sus planillas y las tasas de interés rondan los 9,75% a seis años, explicó Antonio Pérez, gerente comercial de Mercado de Valores.

Al “exportar” el déficit, la presión en el mercado local desaparece y el flujo de caja mejora, por lo que el problema de liquidez termina.

Inclusive, el mismo proyecto de ley muestra cómo caerían las necesidades de fondeo en el mercado local, si Tesorería Nacional contara con los $1.500 millones en bonos internacionales para el 2019.

La fuente de financiamiento con recursos locales pasaría de representar cerca del 12,2% del Producto Interno Bruto (PIB) a 8,70% del PIB en 2019.

Las líneas de crédito también llegarían a ayudar en esa línea. Sin embargo, la intención con ellas no está tan clara y hasta es tildada de “riesgosa” por algunos economistas.

El proyecto de ley indica que estos créditos internacionales de corto plazo se utilizarían mientras se activan o restablecen los mecanismos usuales de colocación mediante títulos valores.

Además, cita que se utilizarán “en casos extraordinarios de escasa liquidez local y dificultades temporales en el flujo de caja”.

Aunque el proyecto dicta requisitos en términos de la tasa de interés a pagar, los intereses moratorios y las comisiones; no cita con precisión qué se puede entender por escasa liquidez del Gobierno.

Esto podría generar incentivos perversos para utilizar el crédito.

“La definición de esos puntos en un reglamento es clave para que estos créditos se utilicen de la manera más óptima”, explicó Emmanuel Agüero, especialista en análisis económico de Aldesa.

Además, la Tesorería ya cuenta con problemas para atender la deuda de corto plazo, razón por la que se podrían generar riesgos de pago.

“Muchos países tienen gran flexibilidad para administrar su endeudamiento, pero me temo que nosotros no estamos aún institucionalmente preparados”, afirmó el economista José Luis Arce.

El principal riesgo de dar luz verde a un financiamiento de esta índole es otorgarlo sin condicionalidad, porque podría ser una tentación para que se postergue la obligación de solucionar la situación fiscal nuevamente.

Además, se ha visto un compromiso por sanear las finanzas públicas por parte de la administración actual, pero se desconoce cuál será la posición del Gobierno siguiente.

Es ahí donde entra el papel de la Asamblea Legislativa y los requisitos que solicite tanto para la aprobación de los eurobonos, como de las líneas de crédito.

Por ahora, la respuesta a la pregunta planteada al inicio de esta nota es incierta. Por ahora, Hacienda no tiene los recursos suficientes, pero los eurobonos y los préstamos con organismos multilaterales sí le permitirían atender sus obligaciones.

La deuda externa crecerá, pero la presión en las tasas de interés cesará y esto, por tanto, se traducirá en una reducción de las tasas que pagan los consumidores por sus préstamos en colones.