La reelección de don Jorge Chavarría como fiscal general ha provocado algunas inconformidades. En una sociedad abierta, las actuaciones de los órganos públicos deben estar expuestas a la crítica.
Sin embargo, cuando esa crítica se formula desde la autoridad de los diputados y con descalificaciones que no argumentan con pruebas, sino con adjetivos, la salud democrática sufre.
Sufre la democracia cuando los diputados no recurren a los canales institucionales, sino al megáfono. Se maltrata la convivencia cuando no se permite el derecho de defensa en la comparecencia legislativa y, en su lugar, se acude al linchamiento callejero.
Se mancilla la división de poderes cuando diputados intervienen en las decisiones propias de otro poder, yendo más allá del necesario equilibrio que debe lograrse por las vías institucionales establecidas (comisiones de investigación).
Ha hecho bien la Corte Suprema de Justicia en rechazar, por una lujosa mayoría, la solicitud de algunos diputados para revocar el nombramiento del fiscal Chavarría; aunque ha llamado la atención la débil reacción de algunos sectores judiciales que en su oportunidad defendieron la independencia judicial.
La crítica a la elección es válida, pero cuando se ejerce en nombre del pueblo, del soberano, se toma un camino peligroso, pues se enmascaran intereses sectoriales. La representación del soberano solo se alcanza en las urnas y se ejerce desde los poderes constituidos y los procedimientos constitucionales.
Cuando se olvida la democracia representativa se abren caminos desconocidos que llevan al autoritarismo ejercido en nombre del pueblo, aunque sin él.
Atacar la independencia de la Corte Suprema de Justicia lastima la integridad democrática. Ojalá no sea este un primer intento para invalidar la legitimidad de los magistrados, en busca de sustituirlos por magistrados políticamente dóciles, como ha ocurrido en países cercanos.